El foco político y judicial esta semana se ha concentrado, en buena parte, en las declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García en el Tribunal Supremo. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar y han quedado en libertad por dictamen del juez. No obstante, uno de los puntos que ha destacado es que el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, ha manifestado su “estupor” porque el exministro de Transportes mantenga su cargo de diputado en el Congreso, planteando al paso una reforma para que esto no suceda.

Bajo este telón de fondo, por un lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido la propuesta del juez: “Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del Gobierno y del Gobierno en todas sus votaciones, es el tercer estupor que le causa a todos los españoles”, ha defendido en declaraciones a la prensa este jueves.

Unas palabras que ha replicado el actual titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien, acudiendo a la hemeroteca reciente, ha recordado cómo esta misma situación ya tuvo lugar con un conocido cargo del PP.

A través de X -antigua Twitter-, ha interpelado al líder de la oposición con el exdiputado Alberto Casero: “Lo tuvisteis en su escaño y votando a pesar de que estaba imputado. Fíjate si era delincuente que admitió los hechos y le han condenado por ellos. ¿Esto no te causa estupor?”, ha planteado.

De esta manera, Puente ha rescatado la noticia de que Casero fue condenado un año y nueve meses de prisión por cinco contratos adjudicados sin tramitación ni publicidad en el ámbito público cuando ejerció como alcalde de Trujillo (Cáceres).

 

El juez del Supremo ve con “estupor” que Ábalos continúe como diputado

En el auto judicial del juez Puente que suscribió tras su última cita judicial en el Alto Tribunal, hizo un llamamiento a la “reflexión” ante el hecho de que el exministro Ábalos, pieza clave en la investigación del caso Koldo, continúe manteniendo su escaño en el Congreso de los Diputados pese, según añade, a los “conscientes indicios de delitos graves relacionados con la función pública” que se investigan en la trama.

En estos términos, el magistrado ha planteado que “por ley se articule la manera de impedir que esto suceda”, abordando así competencias del Poder Legislativo, que sobrepasan al Judicial.

Por parte de la Cámara Baja, fuentes parlamentarias han respondido en que el Poder Judicial no tiene dentro de sus responsabilidades “opinar” sobre las leyes: “El Reglamento del Congreso obliga al Supremo a comunicarle los autos y sentencias que se dicten que afecten a Ábalos y no nos ha comunicado nada. Quizá en vez de recomendar que cambiemos las leyes, sería mejor que cumplan las ya existentes. El Congreso está cumpliendo su reglamento vigente”.

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