El Partido Socialista empieza a dar pistas de por dónde va a caminar su defensa durante esta semana, que se plantea como una de las más duras desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Justo cuando se juntan varias citas clave sobre los casos judiciales que han aflorado en las últimas semanas, Ferraz va a apostar por reivindicar las medidas contra la corrupción que adoptaron cuando saltó el escándalo de Santos Cerdán, hace justo un año.
La defensa va a comenzar este mismo lunes, cuando la rutinaria rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal socialista va a correr a cargo de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en lugar de la portavoz Montse Mínguez. Además, fuentes socialistas confirman a ElPlural.com que la comparecencia se va a centrar en desgranar las medidas internas tomadas desde el auto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se vinculaba a Cerdán, predecesor de Torró como número dos de Ferraz, con una trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, en la que están implicados también el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que era su asesor, Koldo García.
El momento es muy delicado en Ferraz, donde este lunes contienen el aliento ante el inicio de su semana horribilis en los tribunales. La rueda de prensa de Torró tendrá lugar a las 13:00 horas, cinco horas antes de que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla para la vistilla que el juez Juan Carlos Peinado convocó para comunicarle formalmente a la mujer del presidente del Gobierno y a los otros dos encausados la decisión de juzgarles ante un jurado popular, amenazando con hacer uso de la “fuerza pública” si no se presentan.
Ferraz se prepara para la tormenta
El martes es el turno de la primera cita clave del caso Leire Díez. El Partido Popular, que plantea una ofensiva total para capitalizar el desgaste del Gobierno, llevará ante el Senado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Según las anotaciones de la “fontanera”, ambas se reunieron hasta en tres ocasiones, lo que la UCO vincula con la trama criminal para dinamitar causas judiciales por la que están imputados Díez o Cerdán, entre otros, y se investiga si financió el propio PSOE.
Sin mucho tiempo para asimilar este golpe, el miércoles y el jueves serán los días en los que, por primera vez, un expresidente del Gobierno declarará como imputado ante un juez. José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que dar explicaciones ante la Audiencia Nacional por liderar, presuntamente, una trama criminal de tráfico de influencias, por la que está investigado en el caso Plus Ultra. El juez Calama también preguntará al socialista por las joyas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su despacho en la calle Ferraz, tasadas en 1,3 millones de euros y por las que Zapatero fue imputado el pasado viernes por contrabando y fraude fiscal.
Estas son las citas que hay previstas, a la espera de alguna sorpresa que haga saltar por los aires los esquemas de Ferraz. Entre las candidatas está la sentencia del caso Mascarillas, que se espera que se publique en los próximos días. El Tribunal Supremo podría echar más leña al fuego del Gobierno, condenando a Ábalos y Koldo por el cobro de comisiones de contratos de material sanitario durante la pandemia. El caso quedó visto para sentencia hace más de un mes, y la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 y medio para su asesor.
Las quince medidas del PSOE contra la corrupción, aún por ejecutar
A la espera de los diversos desenlaces, en Ferraz se agarran a lo que ellos han podido hacer desde que comenzó su via crucis judicial. Hace justo un año que saltó el escándalo de Cerdán, y la reacción del PSOE entonces fue apartar al que era su número tres y anunciar quince medidas contra la corrupción. Sánchez las desgranó en una comparecencia en el Congreso, al que volverá a acudir en una comparecencia extraordinaria el próximo 24 de junio.
Entre ellas, se incluían seis para aumentar “los controles frente a la corrupción”. El presidente anunció la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, para prevenir, supervisar y perseguir a los corruptos. También anunció que el modelo que se usa para controlar el gasto de los fondos europeos Next Generation EU se aplicaría a toda la administración, además de la introducción de herramientas de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar patrones de fraude de forma automática.
Las otras tres incluían exigir a aquellas empresas que quieran obtener contratos públicos que implanten sistemas de compliance anticorrupción, una nueva Ley de Administración Abierta para reforzar la obligación de transparencia activa, y una Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés, con mayor control a los partidos políticos y fundaciones.
El resto de medidas incluían reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para otorgar mayores garantías de protección y apoyo a aquellos que acudan a la Justicia para denunciar la corrupción; y siete medidas más para castigar a las empresas corruptoras, recuperar el dinero robado por los corruptos, y reforzar la cultura de integridad en España con ecncuestas anuales. Pasado un año, ninguna de las quince medidas ha sido ejecutada por completo.
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