La Diputación de Jaén acogía en el inicio de la semana la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una cita en la que Francisco Reyes, presidente de la Diputación jienense, subrayó que las administraciones provinciales adquieren un papel fundamental "en un país como el nuestro, especialmente para los pequeños y medianos municipios, ya que las economías de escala que vamos aplicando permiten ayudar y colaborar con las localidades de menor población”. Un encuentro en el que los representantes participantes abordaron asuntos como la extinción de incendios, la Ley de Bienestar Animal y el reto demográfico, siendo este último asunto al que más tiempo dedicaron.

Previamente a este encuentro institucional, el secretario de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano, mantenía una reunión con los políticos socialistas que fueron parte de esta cita de la FEMP. Aquí era donde Serrano se mostraba rotundo con María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también alcaldesa del PP en Jerez de la Frontera. El socialista parecía mostrarse no demasiado contento con García-Pelayo, a quien exigía en este día que no " haga un uso partidista de la institución para confrontar con el Gobierno de España”, al mismo tiempo que le reclamaba que reconozca y ponga en valor que los ayuntamientos y las comunidades autónomas “nunca habían tenido tanta financiación del Gobierno de España”. 

Pelayo tiene atrapada a la FEMP en su confrontación con el Gobierno. Lo que tiene que hacer es reivindicar el papel que juegan ayuntamientos y diputaciones, acoger un debate sobre la gestión de los servicios públicos y hacer propuestas, desde el consenso de los presidentes de Diputación y alcaldes y alcaldesas, a todas a las administraciones, a Gobierno y comunidades autónomas”, sentenciaba sobre este asunto.

García-Pelayo habla de un castigo de Sánchez mientras los municipios reciben un 32% más de financiación

Estas son unas críticas que se suman a las que ya emitió el portavoz del Grupo Socialista en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Javier Ayala, en el mes de junio, cuando aseguró que “García-Pelayo no merece presidir la FEMP; en apenas 20 meses ha hecho saltar por los aires los códigos históricos de esta institución: el diálogo, el respeto, el acuerdo y el consenso”. Así, lamentaba que “la actitud manipuladora de la presidenta no cesa; sigue al dictado de la calle Génova cada vez que puede, ya sea con la financiación local, la tasa de residuos, el nombramiento de habilitados nacionales, la política de vivienda o incluso exigiendo elecciones generales. Todo vale para atacar al Gobierno, usando la Federación como ariete político”.

Las denuncias de Serrano y Ayala se producen ante diferentes declaraciones de García-Pelayo en las que, entre otras, llegaba a asegurar que "Pedro Sánchez castiga a los municipios porque el PP ganó las elecciones".  Un ejemplo de choques continuados que el PSOE crítica y en los que la presidenta de la FEMP ha hablado en distintas ocasiones de "asfixia financiera" a los municipios. 

Atendiendo a los datos, desde que el Partido Popular abandonara la presidencia del Gobierno de España y el PSOE tomara el relevo, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más de financiación que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone un 47,4% más. Además, en el 2025 las Entidades Locales recibieron una cifra récord con una financiación de 28.734 millones de euros. En el tiempo que los socialistas llevan al frente del país, los ayuntamientos han recibido un 32% más de inyección económica. Es decir, casi 40.000 millones más.

En relación a estas palabras de María José García-Pelayo, Juan Francisco Serrano argüía que “nunca antes había llegado una cantidad tan grande de fondos europeos” a comunidades autónomas y ayuntamientos, recursos que deberían servir para “fortalecer servicios públicos y consolidar y ampliar derechos”. Sin embargo, tal y como exponía, lo que está haciendo el PP es “deteriorar los servicios públicos con el objetivo de privatizarlos” y que “quien pueda, que se pague esos derechos”.

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