El juzgado de instrucción número 45 de Madrid imputaba esta semana a los dos informáticos despedidos del Senado en 2025 por infiltrarse de manera ilegal en los equipos de parlamentarios de la Cámara Alta. Ambos deberán comparecer el próximo 24 de junio ante la jueza después de que ésta abra la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático a instancias de la Fiscalía, que presentó una denuncia el pasado 22 de enero por un presunto delito de descubrimiento de secretos. Alrededor de este escándalo, conocido desde mayo de 2025, existen muchas preguntas sin respuesta, como el veto del PP a que el Senado se persone en la causa como parte perjudicada. Preguntados por este medio de comunicación para aportar una mayor pormenorización, los 'populares' no han aportado respuesta.
Este caso se conoce desde mayo de 2025, cuando la Cámara Alta despidió a dos de sus empleados por acceder sin permiso a ordenadores personales de parlamentarios y otros trabajadores. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, intentó desmontar las acusaciones de espionaje y trató de vincular la actuación de los informáticos, que eran un matrimonio, a un intento de asegurarse un ascenso interno. Así se expresaban en su momento los 'populares', apoyando su versión en los informes de los servicios internos de la Cámara, con la letrada mayor, Sara Sieira, al frente. En este sentido, la Cámara Alta aseguró que los trabajadores no accedieron sin permiso al ordenador de ningún parlamentario y que solo obtuvieron "información específica sobre los procesos de promoción interna" en equipos de la Secretaría General, pero la resolución definitiva del expediente sancionador dicta lo contrario: sí pone de manifiesto accesos indebidos de ambos a los portafirmas de otros empleados, de senadores y de la propia letrada mayor.
Otro punto de fricción con la declaración del Partido Popular se encontraba en que la investigación interna tampoco pudo justificar, de manera alguna, que los dos trabajadores accedieran a equipos que poco o nada tenían que ver con el proceso de promoción interna abierto para el que querían obtener, presuntamente, ventaja. El director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, dijo, de hecho, que los accesos irregulares se habían detectado desde marzo de 2024, y que el proceso se convocó en septiembre, lo cual dejaba seis meses de diferencia en los que ese argumento pierde el sentido.
Por su parte, los técnicos informáticos, que formaban parte de la plantilla del Senado como personal laboral, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante Supremo para anular su despido, ya que valoraban que no cometieron ninguna infracción. El pleito sigue sin resolverse, según fuentes judiciales.
El PP veta la personación del Senado en el caso
Por su parte, El PP ha vetado este jueves, valiéndose de su mayoría absoluta en la propia Cámara Alta, que el Senado se persone, en calidad de institución, como parte perjudicada en la causa judicial. La derecha ha recurrido a su control de este sector de las Cortes Generales para rechazar, en su mesa, una petición del PSOE para que la institución solicite su personación en la instrucción.
La titular del juzgado, Luisa María Prieto Ramírez, ha puesto en marcha este procedimiento y ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos hace ahora un año, tal y como adelantó este jueves elDiario.es. Cabe destacar que el Senado tiene conocimiento de la denuncia de la Fiscalía, por lo menos, desde el pasado mes de febrero: ya entonces, los socialistas solicitaron que la Cámara, como institución, reclamara personarse en la causa. La letrada mayor respondió que el Senado ya no tiene "ningún papel ni interés en el proceso".
Al hilo, Sieira planteó al PSOE que dirigiera un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debatiera la decisión de personarse o no en el procedimiento judicial. Ese debate se tuvo el jueves, y los 'populares', valiéndose de su mayoría absoluta, han rechazado la iniciativa pese a que la institución y su seguridad y la de sus miembros se vio claramente vulnerada por la actuación de los despedidos. La versión oficial de la dirección de la Cámara, no obstante, es que ningún senador fue perjudicado, pero sí los ordenadores, equipos y documentos de organismos tan relevantes como la Secretaría General.
"¿Qué tienen que ocultar?"
Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado en el que denuncian el veto de los 'populares' a su iniciativa, afeando la actitud del grupo mayoritario de la Cámara Alta y planteándoles varias preguntas.
"La mayoría absoluta del PP en la Mesa del Senado ha bloqueado este mediodía la propuesta socialista de personarse en la causa de la investigación de los dos informáticos despedidos en mayo de 2025 por, presuntamente, acceder sin permiso a los datos personales de senadores y asesores", reza el escrito. "Desde el PSOE, preguntamos al Partido Popular: ¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué no quiere formar parte de una investigación que afecta directamente a la seguridad de la Cámara?", le plantean los socialistas a los de Alberto Núñez Feijóo.
"Los senadores tienen derecho a conocer las diligencias de investigación con transparencia y el PP no debe bloquearlo con su mayoría absoluta. Además, en todo el proceso desde la denuncia a la Fiscalía, ocurrida el pasado 22 de enero, el PSOE ha pedido información a la Mesa y siempre se le ha negado por el PP", concluyen los socialistas.
