La exvicepresidenta primera del Gobierno, exministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, comparecerá este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), apenas unos días antes de que se inicie formalmente la campaña para las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. El PSOE elevó a la Junta Electoral Central (JEC) una petición para evitar esta comparecencia, denunciando una "utilización e instrumentalización" de la Cámara Alta por parte del Partido Popular, valiéndose de su mayoría absoluta.
La mayoría de los de Alberto Núñez Feijóó en el Senado impulsó la comparecencia de Montero en esta comisión de investigación de nueva creación. Los neoliberales alegan que la exvicepresidenta tiene que "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI". Esta comisión solamente ha acogido, hasta ahora, tres comparecencias: la de la actual presidenta y vicepresidente del organismo, la del expresidente de la sociedad y, ahora, la de Montero, en un momento delicado por el contexto electoral en el que se encuentra enmarcada la andaluza. Será, a su vez, la segunda vez que Montero comparezca en una comisión en la Cámara Alta, tras haberlo hecho en la 'comisión Koldo' cuando aún era vicepresidenta y ministra de Hacienda.
"Claro ejemplo de uso partidista"
Por su parte, fuentes socialistas consultadas por este medio denuncian que la llamada a Montero para su comparecencia en esta comisión supone "un caso claro de uso partidista del PP de una parte de las Cortes Generales para realizar una injerencia en unas elecciones autonómicas". "Ya lo hicieron anteriormente en las de Extremadura, Aragón y CyL, y ahora toca Andalucía. Las causas de la comparecencia solo son una excusa", argumentan los citados.
"El PP lleva toda la legislatura utilizando el Senado para sus propios fines partidistas y sin respetar la institución. Eso ha ido a más a medida que avanzaba la legislatura y ya van siete comisiones de investigación en dos años, todas ellas con el único objetivo de dañar al PSOE y no de investigar nada", agregan, señalando las numerosas ocasiones en las que el Partido Popular se ha valido de su mayoría absoluta y de los contextos electorales para citar a los ministros socialistas.
A su vez, cabe destacar que uno de los principales debates sobre la comparecencia se ha producido sobre el momento elegido por el PP para citar a María Jesús Montero en el Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas, a las que concurre como candidata por el PSOE-A y en las que parte como segunda opción preferida tras el favorito y actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Los 'populares' sostienen que presentaron el plan de trabajo de la comisión hace más de dos meses anunciando que Montero sería de las primeras en comparecer, y que no tiene que ver con el momento de precampaña. Como se ha expresado en líneas anteriores, los socialistas elevaron una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión de la comparecencia de María Jesús Montero por coincidir con la carrera electoral de los comicios andaluces, pero la JEC la archivó, alegando que no está en sus competencias suspender la convocatoria de esta comisión, como tampoco es de su competencia valorar la "oportunidad" de su celebración.
Hasta diez choques institucionales en dos años
La vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional ha sido explotada de pleno por el PP durante la legislatura. Hasta el momento, se trataba de un mecanismo inédito en la Cámara Alta, pero esta legislatura, los 'populares' han llegado a usarla una decena de veces contra el Congreso o el Gobierno. Y podrán ser once esta semana: en el Pleno del próximo miércoles, el PP elevará un nuevo conflicto contra el Gobierno por su veto en el Congreso a unas enmiendas a la Ley de Multirreincidencia que se habían aprobado en la Cámara Alta.
Los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a los choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por una larga lista de razones. La Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a un Pleno. Señalar que el procedimiento del conflicto de atribuciones se inicia a propuesta de un grupo parlamentario, en esta (y en todas) ocasión el PP, y con su mayoría absoluta en el Senado lo aprueba en el Pleno. A partir de aquí, la institución lo adopta como suyo y lo remite al Congreso y/o al Gobierno. Desde el instante en el que eso ocurre, el Congreso y/o el Gobierno tienen un mes para contestar, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En el caso de que se rechace, el Senado tiene la posibilidad de iniciar el camino para elevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC). Y así ha sido constantemente durante la legislatura.
El primer conflicto entre órganos constitucionales de la democracia lo impulsó el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era "una reforma Constitucional encubierta". Este choque institucional, inédito desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, siguió su recorrido hasta que el Congreso descartó retirar la Ley de Amnistía, por lo que la pelota estaba en el tejado del PP en el Senado. Finalmente, los 'populares' aprobaron un mes después un escrito en el Senado en el que dejaba sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, descartando así elevarlo finalmente al Constitucional.
Aquel caso abrió el camino para más de una decena de conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por diferentes motivos. Uno de estos conflictos tiene que ver con la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP entendía que el Senado vetó la norma y el Congreso le hizo caso omiso. A su vez, el PP también elevó un choque ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a una enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, una situación que se volvió a repetir con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.
En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó un choque institucional en el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida de "manera fraudulenta" en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria. De igual manera ocurrió cuando escenificaron otro choque contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta. Asimismo, a finales del año pasado, el Senado decidió elevar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno impulsado por el PP por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, a pesar de haber remado a la contra de cualquier propuesta para sacar adelante los mismos. Por último, el Senado inició las acciones a finales de marzo para elevar ante el Constitucional el choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario durante el mes de enero.
