El Congreso volverá a convertirse la próxima semana en escenario de una ofensiva de la derecha contra Fernando Grande-Marlaska. PP y Vox han decidido utilizar la situación de la Guardia Civil y la lucha contra el narcotráfico como ariete parlamentario contra el ministro del Interior, después de la reciente muerte en acto de servicio de dos agentes en Huelva. La derecha y la ultraderecha reutilizarán la tragedia para generar un nuevo debate sobre los medios, la protección y el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también ha servido a la oposición para reactivar una estrategia ya conocida: colocar a Marlaska en el centro de la diana política.

El Partido Popular llevará al Pleno del Congreso una moción para reprobar al ministro, al que acusa de haber abandonado a los agentes en la lucha contra el narcotráfico. No es la primera vez que la derecha intenta desgastar a Marlaska por esta vía. De hecho, el titular de Interior es ya uno de los ministros más señalados por la oposición durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

La iniciativa del PP llega después de la interpelación que tanto los populares como Vox dirigieron al ministro durante la última sesión de control. En aquel debate, ambas formaciones reclamaron al Gobierno que reconozca expresamente la condición de profesión de riesgo para todos los miembros de la Guardia Civil, al tiempo que volvieron a exigir la dimisión de Marlaska. La diferencia es que, esta vez, el PP ha decidido convertir esa ofensiva en una nueva reprobación formal en la Cámara.

A vueltas con la reprobación

La moción popular acusa a Interior de una dotación “insuficiente” de medios, recursos y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. A partir de ahí, el partido de Alberto Núñez Feijóo despliega un paquete de medidas que mezcla reivindicaciones laborales, refuerzo policial y endurecimiento penal.

Entre sus peticiones, el PP reclama agilizar el reconocimiento de la profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil, incrementar de forma urgente las plantillas de ambos cuerpos, especialmente en las zonas más afectadas por el narcotráfico, y dotar a los agentes de medios materiales suficientes para combatir a las organizaciones criminales en condiciones de seguridad.

Los populares también exigen restablecer la unidad OCON-Sur, reforzar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, Huelva y el resto del litoral andaluz, e impulsar un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil.

El PP suma además una reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad, así como la creación de una fiscalía especial para investigar actos delictivos dirigidos a menoscabar el principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las demandas de Vox

Vox, por su parte, ha optado por una moción aún más dura en el terreno securitario. La formación de Santiago Abascal pide que el Congreso rinda homenaje a los miembros de las Fuerzas de Seguridad por su labor contra el crimen organizado, pero acompaña ese reconocimiento de una batería de medidas centradas en aumentar la capacidad operativa y armada de los agentes.

El partido ultra reclama que el Gobierno dote a la Guardia Civil de equipamiento táctico, armamento y munición para evitar situaciones de inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez “más violentas, potentes y agresivas”. También plantea protocolos operativos con reglas de enfrentamiento que permitan responder con fuerza letal ante amenazas catalogadas como tales, incluyendo las narcolanchas.

La moción de Vox pide además reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los guardias civiles para evitar que sus actuaciones deriven en procedimientos judiciales, expedientes disciplinarios o situaciones de desprotección administrativa. Entre sus propuestas figura declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como zonas de especial singularidad, así como extender esa categoría a otros territorios golpeados por la criminalidad organizada.

La ofensiva no se limitará a las mociones. El próximo Pleno de control incluirá también dos preguntas del PP dirigidas a Marlaska. Los populares quieren que el ministro aclare “cuántos escándalos son necesarios para su dimisión” y que responda si considera que “representa los valores” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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