El comisario Villarejo acudirá a la comisión de investigación del Congreso para ilustrar de alguna de sus andanzas en el caso Kitchen. El PSOE ha dado su brazo a torcer, muy a su pesar, porque Villarejo podría tirar de rocambolescas historias, que nunca se sabe. Porque su comparecencia podría derivar en aspectos imprevistos derivándolos a cualquier obtusa maquinación. La presión de Unidas Podemos y ERC y la mediación del PNV acabaron convenciendo a los socialistas. 

El PP estaba empeñado en evitar la declaración de los principales protagonistas de esa historia de cloacas policiales, altos cargos populares, espionaje a Bárcenas e intentos presuntos de la cúpula del Ministerio de Interior para obtener de manera irregular los documentos que retenía el antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas, y así borrar las pistas de la actuación de la Caja B del partido presidido entonces por Mariano Rajoy Brey.  

A los de Pablo Casado no les interesaba en absoluto que comparecieran los políticos de la época, pero en el listado que se ha aprobado figuran Rajoy Brey, el ministro de interior Jorge Fernández Díaz, sus secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y José Antonio Nieto, o el que fue director general de la policía, Ignacio Cosidó. Le cruje mucho a la derechona que haya de comparecer también Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, y su marido Ignacio López del Hierro, junto con mandos policiales señalados como factores clave en aquellas andanzas ilegales. 

Echando balones fuera, el PP aducía que el partido ya no gobierna, que la responsabilidad es agua pasada y que los afectados no se encuentran en primera línea. Como si aquí no hubiera ocurrido nada y todo fuera culpa de unos tipos ajenos a Génova 13, sede del PP, y no de los máximos encargados de gobernar el país aquellos años. Estos dirigentes cayeron en 2018, no por vergüenza propia, sino por una moción de censura votada en el Congreso de los Diputados. El desencadenante de esa votación punitiva fue una sentencia judicial que condenaba al partido por su relación con la trama Gürtel, íntimamente ligada a los referidos papeles de Bárcenas, como bien ha ratificado el Tribunal Supremo.   

La derecha intentó contraatacar, reclamando la asistencia de Villarejo y la declaración de toda la izquierda presente y pasada en la sede de Interior y aledaños, con un amplio abanico de nombres incluido el del vicepresidente Pablo Iglesias y de personas relacionadas con casos referidos a Unidas Podemos.

No lo consiguieron. Buscaban ampliar el espectro para diluir el peligro, haciendo ruido para enmascarar por qué se utilizaron fondos reservados, o sea dinero público, para neutralizar la amenaza que Bárcenas suponía para el Partido Popular. Son maniobras dictadas por la desesperación porque, no nos engañemos, al PP le va a resultar difícil justificar tanto desastre.