El Partido Popular ha registrado dos iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para poner coto a la ludopatía, alertando por el crecimiento de los jugadores en línea y pidiendo al Gobierno central que ponga en marcha medidas para "mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al juego, especialmente en lo relativo al juego online". Los 'populares' destacan que la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno ha registrado casi medio millón de nuevos jugadores en línea con respecto a 2023, una cifra que ha hecho ascender al total hasta casi los dos millones de jugadores, y que del total de los consumidores de juego online, el 85,7% tienen una edad comprendida entre los 18 y los 45 años. Una preocupación que, aunque legítima y necesaria, sorprende que provenga del PP, si se tienen en cuenta los vínculos pasados del partido con el juego a través de la figura del exministro de Justicia y Fomento Rafael Catalá, que entró y salió de la administración de Codere entre medias de sus responsabilidades políticas y que estuvo señalado en el 'caso Montoro'.
En sus iniciativas, el PP aboga por mejorar el sistema de autoprohibición voluntaria de acceso a los juegos de azar, una herramienta que el partido ve "esencial" en la prevención y el tratamiento de las personas que reconocen estar en una situación de riesgo o de adicción al juego y que consiste en que cualquier ciudadano consciente de su situación de ludopatía puede solicitar ser inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para que se le impida la entrada en operadores de juego online autorizados en todo el territorio nacional. Los 'populares' piden también al Ejecutivo que "estudie los mecanismos complementarios de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa en los procedimientos de baja del registro, especialmente en los casos reincidentes, para garantizar que la salida del sistema de autoprohibición sea responsable y se eviten recaídas". A la vista de estas proposiciones, conviene recordar la trayectoria del exministro Rafael Catalá y sus nexos con Codere y con el 'caso Montoro'.
Las sombras de Catalá y Codere
La carrera político-empresarial de Rafael Catalá ha estado a caballo entre las responsabilidades políticas que el Partido Popular le ha ido asignando y las entradas y salidas de la dirección de la casa de apuestas Codere. Fue secretario de Estado de Justicia bajo el ala de José María Aznar entre 2002 y 2004, antes de su primera etapa en la casa de juegos, desarrollada entre 2005 y 2011 como secretario del consejero de administración de la empresa. Posteriormente, pasó a ser secretario general de la empresa de juego y, en 2011, la ministra Ana Pastor le nombró secretario de Estado de Infraestructuras, cargo que desempeñó hasta 2014. Precisamente en ese año fue propuesto por Mariano Rajoy como ministro de Justicia y notario mayor del Reino, hasta su cese en 2018. Brevemente, tras la elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados en 2016, Catalá asumió también, de forma interina, el Ministerio de Fomento. En 2020 regresó a la casa de apuestas reincorporándose como miembro del gabinete jurídico. Unas idas y venidas que vinculaban directamente a un alto cargo del Partido Popular con el mundo del juego y que ahora ponen en tela de juicio la credibilidad de las iniciativas presentadas por los 'populares' para combatir la ludopatía.
Por otra parte, se suele decir que en todas partes cuecen habas, y la ciudad de Madrid es uno de los lugares donde tal dicho cobra mayor sentido. La administración municipal, al cargo de José Luis Martínez-Almeida, aprobó en 2021 una rebaja fiscal de un 25% tanto en los impuestos de bienes inmuebles (IBI) como en el de actividades económicas (IAE) a los pequeños comercios y negocios de ocio y hostelería que hubieran tenido que cerrar su producción por la pandemia del coronavirus, una medida que benefició directamente a Codere por ser la casa de apuestas que más locales tiene en la capital. Por aquel entonces, Catalá ya estaba de vuelta en las filas de la casa de apuestas.
Su retorno a Codere no estuvo exento de polémica, ya que muchas personas criticaron esta la reiterada puerta giratoria del extitular de la cartera de Justicia. "Yo soy un profesional independiente, soy abogado y asesor de grandes empresas. Entre ellas, una empresa que paga impuestos, que está en bolsa y quien lleva a cabo una actividad hiper regulada como es el juego", se defendió en su momento Catalá. "El juego en España se somete a la regulación del Ministerio de Hacienda, Hablar negativamente de una empresa que crea riqueza y está regulada no tiene sentido. Además del juego privado está el público, como las loterías del Estado y el que ejerce la ONCE. Yo no le veo nada negativo al juego, pero, en todo caso, mis labores de asesoría tienen que ver con recuperar la imagen institucional del juego", justificó también.
El 'caso Montoro'
En cuanto al 'caso Montoro', en el que se investigan presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental alrededor del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, una investigación judicial relaciona a Catalá con este caso de corrupción por haber pagado 679.000 euros mientras se tramitaban y aplicaban normativas clave para el sector del juego online favoreciendo a Codere.
Una investigación judicial llevada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, fechada en 2021, reveló que mientras Catalá era directivo de Codere, pagó más de 140.000 euros anuales de la casa de juegos a Equipo Económico, el despacho creado por Montoro que se encuentra en el epicentro de las pesquisas judiciales. En total, la empresa que dirigía Catalá pagó 679.000 euros al tiempo que la legislación y la regulación tributaria aprobadas sobre el juego en línea favorecieron a esta empresa.
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