Rafael Catalá, exministro de Justicia con Mariano Rajoy y exdiputado del Partido Popular, ha hecho oficial su incursión al mundo de las apuestas. El extitular del ramo se ha incorporado al gabinete jurídico de Codere, una de las operadoras que integran casinos, apuestas online y máquinas recreativas.

Catalá – que fue secretario del consejo de la operadora de juegos entre 2005 y 2011 – fue reclamado por Codere a mediados del año pasado para ejercer como asesor institucional. A su vez, el exministro de Rajoy se despidió en mayo de 2019 de su puesto como diputado del PP por Cuenca.

Tal y como recoge Voz Populi, el abogado ha estado guiando a la empresa sobre temas normativos durante este último año y ha colaborado en el plan de responsabilidad social corporativa, aunque está coordinando el área jurídica de la operadora desde el pasado mes de mayo.

La pérdida de tres responsables

Codere ha perdido durante los dos últimos años a tres responsables que se encargaban de los asuntos jurídicos. La marcha de los profesionales ha surgido al compás del control de capital por parte de la sociedad Silverpoint, quien ha cogido el timón del grupo tras sacar de sus cargos de presidente y vicepresidente a los fundadores de Codere, los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, en enero de 2018.

David Jiménez, anterior jefe del sector jurídico, abandonó en marzo de 2018 después de llevar más de cinco años en el puesto. Le sustituyó Sagrario Fernández, quien abandonó su mesa en septiembre de 2019 para apostar por supermercado Dia. Seguidamente, la operadora contrató a Sebastián Cuenca, que estuvo seis meses y abandonó la empresa el pasado mes de marzo, pocos meses después de que saliese a la luz determinadas inestabilidades contables.

La familia Martínez Sampedro consideran que los fondos de la empresa estadounidense – que controlan el 40% del capital de la empresa –, actúan de forma concertada, por lo que debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) – esto es, una transacción por las que una entidad hace una oferta para comprar todas o una parte de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa a un precio determinado – sobre el 100%, al superar el límite del 30% descrito por la normativa.

Por ello, los fundadores de Codere han empezado los métodos de actuación arbitrales y judiciales tanto en España como en Estados Unidos y han exigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valor que indague en el caso.

Gastos millonarios para contratar abogados

Codere y los fondos estadounidenses han desembolsado gastos millonarios para contratar despachos de abogados en los últimos dos años, como es el caso de Boies Schiller Flexner, Jones Day, Latham Watkins, Linklaters o FTI Consulting. 

Solo en el año 2018, Codere se gastó 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido “fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente", publica Voz Populi según el informe financiero anual de ese año.

En septiembre, Codere concedió protección jurídica a Vicente Di Loreto – director general –, Ángel Corzo – director financiero – , y Lucia Sumalo, vicesecretaria del consejo, tan solo dos semanas antes de publicar que se había interceptado un agujero de hasta 20 millones de euros en las cuentas del primer semestre del año.

La Junta de accionista de Codere, que se celebró el pasado junio, aprobó aumentar de dos a 20 millones de euros la retribución máxima del principal órgano del gobierno de la sociedad. Los 18 millones de más tienen como fin dar cobertura jurídica de responsabilidad a los consejeros.

Los vínculos de Catalá con la rebaja de impuestos de Almeida

El Ayuntamiento de Madrid sorprendió a buena parte de la opinión pública en mes de abril al resctar a las casas de apuestas en plena pandemia de coronavirus. Lo hizo a través de una propuesta de modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas. Una de las empresas más beneficiadas será Codere, una de las tantas puertas giratorias del exministro de Justicia Rafael Catalá Polo. Pues bien, se da la caprichosa casualidad de que el actual jefe de Comunicación de José Luis Martínez-Almeida es Daniel Hidalgo Paniagua, otrora jefe de prensa del propio Catalá.

La modificación incluye beneficios tales como una rebaja fiscal del 25% tanto en los impuestos de bienes inmuebles (IBI) como en el de actividades económicas (IAE) si mantienen hasta final de año el mismo número de contratos que tenían a principio de año.

Concretamente, se especifica que forman parte de la “Agrupación 96” relativa a “servicios recreativos y culturales”: salas de baile y discoteca, casinos de juego, juegos de bingo, juegos de billar, ping pong, bolos y otros; salones recreativos y de juego.