El Partido Popular​ ya ha pagado al Ayuntamiento de Majadahonda más de 133.000 euros en concepto de los perjuicios generados por los condenados en la trama Gürtel en dicho consistorio, según una diligencia de ordenación fechada el pasado 14 de abril, a la que ha tenido acceso ElPlural.com.

Distintas administraciones públicas que vieron saqueadas sus arcas por el grupo criminal liderado por Francisco Correa ya han comenzado a pagar las indemnizaciones impuestas.

Uno de los condenados y que ya ha pagado ha sido el PP. Tal y como se recoge en la  diligencia de ordenación del Servicio Común de Ejecutorías Penales de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, “constan entregados los mandamientos de pagos expedidos a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid por importe de 2.496 euros [abonados por el condenado José Javier Nombela] y a favor del Ayuntamiento de Majadahonda por importe de 133.628 euros [pagados por el Partido Popular]”.

Manuel Fort, portavoz del Grupo Socialista en Majadahonda y quien en su momento no solo denunció la Gürtel sino que declaró ante la Audiencia Nacional, ha celebrado que los populares hayan pagado: “Como no puede ser de otra manera, nos satisface que el Ayuntamiento de Majadahonda reciba 133.629,49 euros procedentes de lo intervenido o embargado a los condenados de la Gürtel”.

No obstante, considera que la “cantidad nos parece insuficiente” pues “como ha quedado  demostrado, los perjuicios ocasionados por la Trama al Ayuntamiento fueron mucho mayores. Más de dos millones en contratos irregulares, entre ellos la Oficina de Atención al Ciudadano que nos costó casi un millón y medio y que nadie recordará su existencia”.

En este sentido, Fort ha recordado la insistencia y diligencia de los socialistas, que “siempre hicimos los deberes sobre este asunto, a veces incluso asumiendo riesgos de carácter  personal y amenazas”.

“Nuestro grupo ha seguido trabajando para que se conozcan los hechos y se exijan las responsabilidades políticas y penales que procedan, proporcionando toda la información que se nos ha ido requiriendo, Incluso este portavoz compareció como Testigo en la Audiencia Nacional.  En su día pedimos la personación como acusación en el caso”, ha subrayado.

Y ha añadido que “hemos pedido en el Pleno los costes que han supuesto para los ciudadanos los pleitos entre miembros del Partido Popular  como consecuencia de este caso y, también, el reintegro del dinero que ahora se recibe”.

Denuncias y sombras

Fort ha recordado varias denuncias interpuestas así como solicitud de explicaciones. Por ejemplo, el 21 de abril de 2003, cinco años antes de que trascendiera el caso Gürtel, los socialistas solicitaron un Pleno Extraordinario para que se aclarasen las relaciones del consistorio de Majadahonda con las empresas Special Events y TCM, de las que era administradora Carmen Rodríguez, mujer de Francisco Correa, jefa de gabinete del entonces alcalde del Partido Popular, Guillermo Ortega. 

“Unos días después, el 9 de mayo de 2003, presentamos una denuncia en la Fiscalía del TSJ de Madrid por estimar que muchas de las contrataciones que se estaban llevando a cabo  vulneraban la legalidad. La fiscalía entendió que debía denunciar los hechos en el juzgado nº 1 de Majadahonda, que decretó el sobreseimiento y archivo de las diligencias en agosto de 2005”, explica.

El 4 de febrero de 2005, Guillermo Ortega fue obligado a dimitir por una adjudicación de suelo. En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista espeta que “estamos convencidos de que Esperanza Aguirre conocía las irregularidades urbanísticas de Majadahonda” ya que El Bigotes "se reunió en Génova” con ella, Francisco Granados e Ignacio González para entregarles un dossier.

“En esa época, todas las denuncias sobre presuntas irregularidades urbanísticas seguían el mismo camino”, ha lamentado Manuel Fort; quien recuerda también la denuncia del 21 de febrero de 2005 para que se  investigara la presunta trama urbanística de Majadahonda y la del 6 de marzo de 2006.

Esta última fue presentada ante el Tribunal de Cuentas para que, “conforme al art. 68 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal, se abriera juicio contable contra D. Narciso de Foxá y otros, a fin de poder mantener la acción pública de exigencia de la responsabilidad contable”.

“Todo en relación con la pérdida patrimonial por venta de derechos urbanísticos. De nuevo nuestra denuncia se archivó. Esta vez porque nadie se atrevió a sostener las posibles costas que implicaría la perdida del procedimiento. Dos humildes concejales no pudieron asumir el riesgo de unas costas de más de 200.000 € en el caso de perder el juicio”, ha censurado.