Pablo Casado ha decidido hacerse con los servicios del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres, que pone un tope en el precio de los alquileres en la región. En concreto, tal y como avanza este lunes 'El Mundo', el PP habría contratado al exdirigente naranja, en la actualidad abogado en el bufete Martínez-Echevarría & Rivera, para la elaboración del texto que los populares pretenden llevar ante el órgano de control constitucional.

Asimismo, el citado medio informa que Rivera estaría interviniendo personalmente en la redacción del escrito que el PP llevará ante el Constitucional, y en el que los de Casado denuncian que la ley excede las competencias de la Generalitat.

Cabe recordar que el Parlament aprobó esta ley a comienzos de septiembre, con 71 votos a favor (JxCat, ERC, los comuns y la CUP) y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, los dos diputados de Demòcrates y los cuatro diputados del PDECat).

La norma pretende limitar el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes que cumplan alguno de los siguientes requisitos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC. De esta manera, la ley obliga a que los contratos de alquiler no puedan superar el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la zona –las viviendas de obra nueva quedarían excluidas de esta normativa-.

Sin embargo, la ley ya nació con el rechazo frontal de los empresarios catalanes y el sector inmobiliario, quienes ya advirtieron a la Generalitat que carecía de competencias para llevar a cabo dicha normativa. “Como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda de alquiler”, denunció en su momento Asval, principal asociación empresarial del área de viviendas de alquiler.

Unas críticas a las que se sumó el PP, anunciando que llevarían la norma ante el Constitucional. Un proceso para el que los populares no han dudado en fichar a Rivera, quien el 11 de noviembre de 2019 dimitió como presidente de Ciudadanos, después del sonoro batacazo electoral que se pegaron los naranjas en los comicios generales del día anterior. Tras varios meses alejado de los focos mediáticos, en marzo de 2020 comenzó a trabajar en el despacho de abogados Martínez Echevarría.