Las piezas que el PSOE necesita encajar “a contrarreloj” en el puzle de la vivienda

El desahucio de Maricarmen ha sido el catalizador para el Gobierno y las fuerzas progresistas se pongan manos a la obra. El plan es llegar al martes con los deberes hechos en una negociación que ya obligó a aplazar anteriores tentativas. El PSOE quiere recuperar el decreto de vivienda, crucial para el rush finale de la legislatura, y llevarlo al Congreso con opciones reales de convalidación. El nivel de dificultad es extremo, pues para conseguirlo necesita un texto que concilie a fuerzas que mantienen diferencias relevantes en materia de alquileres, grandes propietarios, incentivos fiscales e incluso competencias autonómicas.

Así las cosas, el margen es más que estrecho. Moncloa tenía previsto en su hoja de ruta aprobar el decreto antes del verano, pero lo postergó ante la falta de apoyos para garantizar su recorrido parlamentario. El desahucio de Maricarmen y las posteriores movilizaciones sociales en las calles del país han servido de aviso tanto para el Gobierno como para sus socios. El pueblo ha lanzado un mensaje directo a sus representantes, clarificando que la batalla política está en la parcela de la vivienda. De ahí que las conversaciones entre grupos se aceleren y crezca la presión para cerrar un acuerdo “a contrarreloj”, como señalaba este domingo en Getafe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La complejidad no se ciñe únicamente a la captación de votos, sino que reside en concebir un contenido asumible para todos los grupos. Un puzle que contiene piezas imperfectas. Sumar exige reforzar la protección de los inquilinos. Junts, por su parte, acepta actuar contra determinados fondos buitre, pero exige un blindaje al pequeño propietario. Podemos amenaza con descabalgarse del acuerdo si el texto se descafeína para atraer a fuerzas de tinte conservador; y el PNV se mantiene fiel a su prudencia habitual, entre llamadas al consenso y el respeto profundo a las competencias autonómicas.

Las cuentas atadas

Para el PSOE, la primera piedra llegará tras la celebración del Consejo de Ministros. Un real decreto entra en vigor tras su aprobación, pero debe tener el visto bueno del Congreso en el plazo previsto por la Constitución Española. Dicha exigencia explica buena parte de la cautela con la que se mueven los socialistas, especialmente tras las numerosas derrotas parlamentarias que han sufrido en la presente legislatura.

Ya dentro de la coalición, los recelos entre los socios intoxican el proceso de negociación. Las partes están predispuestas a sacar el decreto como haga falta, pero Sumar ha presionado para que el articulado llegue al Consejo de Ministros aun sin los apoyos parlamentarios cerrados. Estrategia que contrasta con la de un PSOE que quiere garantizarse la victoria en el Congreso cuando tenga que convalidar el texto y evitar su enésima condena en la Cámara Baja.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, se refirió a la negociación esta semana como una “nueva oportunidad” para votar el decreto. La dirigente reclamó a los actores políticos “altura de miras” para que por fin cristalizara un texto que ha sufrido numerosos retrasos. En paralelo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha intensificado los contactos con las formaciones de la mayoría de la investidura, incluyendo Junts per Catalunya. El Partido Popular y Vox, por su parte, seguirán enquistados en el ‘no’.

Sumar no quiere rebajas

El socio minoritario ha aprovechado la crisis para endurecer el tono contra los socialistas. Sumar no quiere llegar al martes con un texto similar al de anteriores intentos. Quiere medidas que permitan distinguirlo de otras tentativas. Los magentas demandan que en el decreto se incluyan iniciativas tales como el refuerzo de las prórrogas de los contratos de alquiler, una mayor protección frente a los desahucios de hogares vulnerables y más límites a determinadas actuaciones de grandes propietarios y fondos de inversión. También buscan actuar sobre los alquileres de temporada, turísticos y por habitaciones cuando se utilicen para esquivar la regulación ordinaria.

La formación progresista ha llegado a poner sobre la mesa el debate de las expropiaciones, pero el socio mayoritario despachó rápido el asunto negándose en rotundo. Los socialistas entienden que tal iniciativa no tiene un encaje constitucional claro. Lo cual deja la cuita interna en que ambos necesitan y quieren recuperar el decreto, pero también tienen que limar asperezas para que sendas partes salgan contentas.

El factor Junts

Los neoconvergentes vuelven a ser decisivos en la partida, aunque esta vez no hay un rechazo a negociar con los socialistas. De hecho, la formación independentista ha reconocido no sólo que mantiene el canal abierto con el Gobierno, sino que el Partido Socialista estudia el paquete de medidas que el equipo negociador de los juntaires trasladó a Pedro Sánchez tras la vuelta a la actividad parlamentaria.

Su posición se ha ido concretando en las últimas horas. El secretario general de Junts, Jordi Turull, sostiene que están dispuestos a respaldar medidas que sirvan para “parar los pies a los fondos buitre”, siempre y cuando no se perjudique por norma general al pequeño propietario. Una sintonía que se aproxima a la melodía que entona Moncloa, pero que desafina cuando introducen reclamaciones como la seguridad jurídica, incentivos fiscales y fórmulas que eviten cargar sobre particulares el coste de determinadas políticas sociales.

Miriam Nogueras, portavoz parlamentaria de los neoconvergentes, planteaba esta semana la adición de un paquete de bonificaciones fiscales para propietarios afectados por eventuales prórrogas de alquiler. Una propuesta que, según su relato, fue recibida “con buenos ojos” por parte de los socialistas. No obstante, dejan claro que no quieren que la vivienda vuelva a mezclarse en un decreto amplio con materias que consideran ajenas.

Junts también ha advertido de que no quiere que la vivienda vuelva a aparecer mezclada en un decreto amplio con materias que considera ajenas. Su posición, por tanto, no puede reducirse a una negativa a intervenir el mercado: acepta actuar sobre determinados fondos, pero pide diferenciar entre grandes actores y pequeños propietarios.

El PNV mantiene más margen

El nacionalismo vasco ha optado por mantenerse en un perfil bajo. Sus portavoces han reclamado que el Gobierno busque consensos y han exhibido sus reservas ante algunas propuestas de intervención general en lo relativo a la compra de vivienda por parte de empresas y fondos. En negociaciones anteriores, los jeltzales mantenían posturas similares a las blandidas por los neoconvergentes en términos de seguridad jurídica y el respeto a las competencias autonómicas para las carpetas de vivienda y urbanismo.

Por ahora, no han presentado una lista de cerrada de condiciones para el decreto que ahora se negocia. Es decir, no conviene presentar como exigencia la incorporación de la reforma de la Ley del Suelo; una cuestión que sí apareció en negociaciones anteriores y que causó fricciones entre las partes. Prefieren apelar a la apertura de miras del resto de formaciones a establecer un marco de exigencias.

Podemos avisa al PSOE

La indefinición del PNV contrasta con la claridad de los morados. La formación encabezada por Irene Montero ha descrito el futuro decreto como un posible “parche”, reprochando al Gobierno que negocie sus términos con Junts antes de conocer el contenido definitivo. Ione Belarra se pronunció en términos similares, pero advirtió de que el voto favorable de sus diputados dependerá de si el texto final incluye, “como mínimo”, la prohibición de determinados desahucios y retire del paquete la reforma de la Ley del Suelo. Podemos sostiene además que el Gobierno dispone de las herramientas necesarias para intervenir en vivienda sin depender siempre de una votación parlamentaria.  

En el espectro de las izquierdas independentistas existe un recelo prácticamente compartido. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha censurado que Junts pueda acabar fijando los términos de la negociación, por lo que su portavoz, Gabriel Rufián, ha instado al Gobierno a buscar una mayoría más amplia dentro del bloque parlamentario que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Desde la nave nodriza republicana, Oriol Junqueras exigía este domingo la inclusión en el articulado de un tope al alquiler de temporada y habitacional, al margen de la prohibición expresa de desahucios a personas vulnerables.

Un acuerdo preso del detalle

Pese a las diferencias, existen algunos puntos de contacto. Sumar y Junts coinciden en que debe actuarse sobre determinados fondos de inversión, aunque discrepan sobre el alcance de esa intervención. También hay margen para discutir incentivos a pequeños propietarios, una vía que Sumar no ha descartado por completo.

Las divergencias aparecen cuando se baja al detalle: qué contratos pueden prorrogarse, quién asume el coste de esas prórrogas, qué tratamiento reciben los grandes propietarios, qué incentivos fiscales son aceptables y hasta dónde puede llegar el Estado sin alterar las competencias autonómicas.