Juan Carlos Peinado ha dejado de ejercer como magistrado, pero no necesariamente de trabajar en el ámbito jurídico. Apenas consumada su jubilación forzosa, el hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid estaría analizando distintas alternativas para prolongar su trayectoria profesional fuera de la carrera judicial. Entre ellas figura la creación de un despacho de abogados desde el que prestar asesoramiento jurídico.
La posibilidad, avanzada por fuentes consultadas por El Confidencial, no constituye todavía una decisión formalmente adoptada. Personas de su entorno admiten que la opción está sobre la mesa, aunque descartan que exista, al menos por ahora, un desembarco inmediato en el ejercicio privado. Otras fuentes, sin embargo, sitúan el proyecto en un estado de mayor madurez y apuntan incluso a la identificación de profesionales con los que podría compartir esta nueva etapa.
El escenario tampoco estaría limitado a una actividad ocasional. Según las informaciones publicadas, Peinado habría explorado la posibilidad de atender de forma estable a potenciales clientes y habría conversado con personas de su confianza sobre las ventajas e inconvenientes de regresar a la abogacía. Por el momento, no consta su incorporación al Colegio de la Abogacía de Madrid, un paso necesario para ejercer profesionalmente como abogado.
De la toga al despacho: un camino que ya conoce
El eventual regreso al ejercicio privado supondría un cambio sustancial de posición, pero no una ruptura absoluta con su trayectoria anterior. Peinado ya ejerció como abogado antes de incorporarse a la judicatura y también desempeñó funciones como secretario de distintos ayuntamientos.
Su entrada en la carrera judicial se produjo en 1994, cuando tenía 40 años, mediante el denominado tercer turno, una vía destinada entonces a juristas con experiencia profesional. Desde aquella incorporación desarrolló una carrera de más de tres décadas en la Administración de Justicia, hasta alcanzar la edad máxima establecida legalmente para permanecer en servicio activo.
Su jubilación forzosa, con efectos del 27 de septiembre, fue formalizada por el Consejo General del Poder Judicial y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con ella concluye formalmente una etapa profesional que, especialmente durante sus últimos años, adquirió una dimensión pública muy superior a la habitual en la trayectoria de un juez de instrucción.
Una instrucción que transformó su perfil público
El nombre de Peinado pasó a ocupar un espacio central en el debate político y judicial a partir de abril de 2024, cuando, desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, abrió diligencias relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La investigación fue posteriormente revisada en distintas ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, que introdujo límites al objeto de las pesquisas y corrigió algunas de las decisiones adoptadas durante la instrucción, aunque también respaldó elementos sustanciales del procedimiento. El recorrido de la causa estuvo acompañado de recursos, resoluciones contrapuestas y una intensa controversia entre las partes personadas.
La notoriedad alcanzada por el magistrado terminó desbordando el ámbito estrictamente judicial. Para sus partidarios, sus actuaciones representaron la independencia de un juez frente a las presiones del poder político; para sus detractores, algunas de sus decisiones reflejaron una investigación excesivamente amplia o cuestionable. Esas interpretaciones enfrentadas acompañaron prácticamente toda la instrucción y convirtieron a Peinado en una figura reconocible mucho más allá de los tribunales.
El pulso con Moncloa
Uno de los episodios de mayor repercusión se produjo en julio de 2024, cuando Peinado citó como testigo a Sánchez y acudió personalmente al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración. El presidente del Gobierno se acogió entonces a la dispensa legal que permite a determinados testigos no declarar contra su cónyuge.
Aquella decisión abrió un nuevo frente jurídico. La Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación contra el magistrado al considerar que, dada su condición de presidente del Gobierno, Sánchez debía haber podido prestar declaración por escrito. La iniciativa se convirtió en uno de los principales exponentes de la tensión institucional que rodeó la investigación.
El procedimiento también alcanzó al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de que Peinado lo citara como testigo y posteriormente remitiera al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que planteaba la posible investigación del ministro por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó esa solicitud.
Bolaños, por su parte, ha cuestionado en distintas ocasiones actuaciones relacionadas con aquella investigación, entre ellas el modo en que se desarrolló su declaración, la posterior remisión al Supremo y las filtraciones vinculadas al procedimiento. Las quejas presentadas ante el órgano de gobierno de los jueces fueron archivadas, y el recurso posterior del ministro contra esa decisión también ha sido rechazado, según la información publicada.
El último movimiento antes de abandonar el juzgado
Peinado terminó su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 41 con una decisión especialmente relevante dentro de la causa que había determinado buena parte de su exposición pública: la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez.
La resolución sitúa a Gómez ante un juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Se trata del último gran acto procesal de Peinado como instructor antes de que su jubilación pusiera punto final a su permanencia en la judicatura.
La causa, no obstante, ha atravesado durante estos dos años y medio un itinerario complejo. La Audiencia Provincial de Madrid ha intervenido en sucesivas ocasiones para delimitar y revisar las decisiones del instructor. El resultado final ha mantenido viva la parte esencial de la investigación que desembocará en el juicio.
La salida de Peinado del juzgado cierra así una etapa particularmente intensa de su carrera. La investigación sobre Begoña Gómez terminó proyectando sobre el magistrado una notoriedad excepcional para quien durante años había desarrollado su actividad lejos de los grandes focos políticos y mediáticos.
Un nuevo escenario profesional
Ahora, con la toga ya apartada, la incógnita se desplaza desde los tribunales hacia el futuro profesional del juez jubilado. La eventual apertura de un despacho representaría el tránsito desde la función jurisdiccional al ejercicio privado del Derecho, aunque dentro de un terreno que Peinado ya conoció antes de acceder a la judicatura.
La decisión, según las fuentes citadas, todavía no está cerrada. Mientras unas sitúan el proyecto en una fase preliminar, otras sostienen que existen conversaciones y preparativos más avanzados. La ausencia, por ahora, de alta en el Colegio de la Abogacía de Madrid impide hablar de un desembarco efectivo en el ejercicio profesional.
Lo que sí ha concluido es su etapa como juez. Después de 32 años vinculados a la carrera judicial, Peinado abandona el escenario desde el que alcanzó una notoriedad extraordinaria y contempla ahora la posibilidad de continuar su actividad jurídica desde la otra orilla: no ya como quien instruye, sino como quien asesora y defiende intereses ante la Justicia.
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