La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y las generales del próximo 23 de julio está provocando un condicionamiento de los pactos poselectorales muy calculado desde Madrid. Génova y Ferraz tratan de esconder sus armas, y si bien el PP disimula acuerdos como el de la Comunidad Valenciana con bloqueos concretos en regiones como Murcia o Extremadura -donde la no entrada de la formación de Abascal en la Mesa de los parlamentos autonómicos ha encendido las alarmas de repetición electoral-, el PSOE justifica sus cesiones a la derecha navarra o vasca para bloquear la entrada en el poder de EH Bildu.

Más difícil lo ha tenido el PP para disimular quién es su socio preferente. La constitución de los ayuntamientos, cuyos plazos están recogidos por ley, provocaron que los populares se vieran abocados a meter a la extrema derecha en gobiernos en cerca de 140 municipios españoles -entre los que destacan ciudades como Valladolid, Toledo, Elche, Guadalajara, Burgos o Ponferrada-. El PSOE, en paralelo, concedía la vara de mando en Pamplona a UPN y obtenía el poder en Vitoria gracias al voto favorable de dos concejales del PP.

Pactos a contrarreloj, mezclando los bloques habituales desde la ruptura del bipartidismo con los acuerdos puntuales y de Estado tan rara avis en nuestra hemeroteca cercana -como el de Barcelona, donde comunes y PP favorecieron la alcaldía de Collboni (PSC) en una especie de cordón sanitario al independentismo de Trias (Junts)-, que son estudiados desde un prisma nacional y electoral: los equipos de campaña sacan la calculadora, tratan de influir en el votante a través del retrato de sus adversarios y criban estrategias en función de los pactos alcanzados.

Es aquí donde el PP, arrastrado por el negacionismo de la violencia de género de Vox, se está encontrando con más problemas para defender sus postulados. Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, insiste en que el compromiso de su partido es inamovible. Barones autonómicos como Fernando López Miras (Murcia) o María Guardiola (Extremadura) también se muestran férreos, pero el precedente de la Comunidad Valenciana establecido por Carlos Mazón ha derivado en la obligación de recalcular estrategias argumentales.

El último enfrentamiento lo hemos vivido este mismo martes en Extremadura. Concretamente, ha sido durante la sesión de constitución de la Asamblea regional, donde, tras la falta de acuerdo entre PP y Vox -los ultras insisten en que no pactarán con los populares si no entran en el Ejecutivo autonómico-, el PSOE se ha alzado con la presidencia. Lo mismo sucedió la semana pasada en Murcia, donde con PP y PSOE repartiéndose los puestos de la Mesa del parlamento autonómico Vox amenazó con llevar sus advertencias hasta el final y obligar a López Miras a volver a jugarse el tipo en las urnas.

Una estrategia de tira y afloja que tiene dos derivadas: por un lado, la lectura nacional, con Génova tratando de adormecer los pactos con los ultras para no verse afectados en plena precampaña electoral. Por otro, la insistencia de gobernar en solitario por barones territoriales que se ven fuertes, y, a tenor de lo que presagia el viento electoral, creen que podrían sacar incluso un mejor resultado en caso de repetición electoral. Amenazas y jaques que dejan las sesiones de investidura al rojo vivo.

Además, el PP consigue de esta forma tratar de vincular al PSOE con los pactos con Vox. El argumento es sencillo: si no queréis que pactemos con la extrema derecha, dadnos vuestros votos y contribuyamos a otro escenario de pactos poselectorales. Desde Ferraz insisten en que esto no es más que una ocurrencia popular de última hora -algo que, además, solo promueven cuando son ellos los que salen beneficiados-.

“Ni regalos ni chantajes”

No obstante, este cordón a los ultras se limita, por el momento, a dos territorios: Murcia y Extremadura. Es desde ahí desde donde Feijóo cimenta y elucubra sobre una de sus promesas electorales, la de gobernar en solitario. Vox no cederá, salvo cambio de estrategia de última hora, y el presidente popular trata de disimular sus alianzas naturales con dos territorios que chocan con la realidad de los ayuntamientos, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En el archipiélago, precisamente, también se ha constituido este martes la Cámara territorial, aunque con un proceder y resultado muy diferente al de Extremadura. En Palma de Mallorca, el PP ha cedido ante Vox y ha acordado convertir en presidente de la Asamblea regional a Gabriel Le Senne, un reconocido negacionista del cambio climático, de la violencia de género y reacio a la inclusión de colectivos como el LGTBIQ+.

Los dos mismos partidos en la ecuación, diferentes territorios y distintos resultados. Los de Abascal no lo entienden, y así se lo han hecho saber al PP: “Vox ya ha dicho antes de la campaña y después que ni chantajes ni regalos", ha insistido Jorge Buxadé.

“Vox tiene que estar -ha insistido-. Si hemos firmado un acuerdo tendré que estar, cada uno en función fuerza política y condiciones en un lugar y otro lugar", ha sentenciado. Un aviso a navegantes que, no obstante, no simboliza una ruptura total. Mano tendida. El balón, en el tejado de Feijóo.