La consultora sanitaria Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa una situación financiera marcada por las contradicciones. Tal y como informa ‘eldiario.es’, en 2024, la compañía registró una caída del 49,9% en sus ingresos, hasta los 944.836 euros, la cifra más baja desde 2019. Sin embargo, en ese mismo ejercicio repartió 1,225 millones de euros en dividendos con cargo a reservas, un movimiento que ha acentuado su descapitalización en medio de las causas judiciales que pesan sobre su administrador.
Los datos figuran en las cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil, que reflejan el desplome de las ventas de la empresa en un año marcado por la exposición pública de González Amador. Desde que se destaparon sus problemas fiscales, la actividad de Maxwell Cremona se ha visto resentida. La compañía había facturado 1,88 millones de euros en 2023, pero cerró 2024 con menos de la mitad. El contraste es aún mayor si se compara con 2020, el año en el que González Amador logró un “pelotazo” en plena pandemia al intermediar en operaciones de compraventa de mascarillas que dispararon la facturación de la firma hasta los 2,3 millones de euros.
Ese ejercicio, sin embargo, dejó al descubierto las grietas de la empresa. Pese a los ingresos récord, solo declaró un beneficio de 8.425 euros, lo que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria. Aquella inspección fiscal derivó en una denuncia ante la Fiscalía al constatarse que se habían utilizado facturas falsas y sociedades pantalla para rebajar de manera artificial la carga impositiva.
El expediente de Hacienda reveló que en 2020 y 2021, mientras defraudaba al fisco más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades, Maxwell Cremona carecía de empleados en nómina. En su lugar, recurría de manera habitual a una red de colaboradores externos: hasta diez auditores autónomos que emitieron facturas por un total de 235.500 euros en apenas dos años. Uno de ellos, César Nieto, llegó a crear con González Amador sociedades en Florida y en el sector turístico español durante la investigación fiscal.
Ese esquema cambió en 2024, cuando el nombre de la empresa pasó a ocupar titulares tras la denuncia de la Fiscalía. Maxwell Cremona incorporó por primera vez trabajadores en plantilla: cinco empleados que supusieron un gasto de personal de más de 261.000 euros. El movimiento coincidió con la peor cifra de facturación en un lustro, lo que acentuó la paradoja de su situación financiera.
La contradicción se hizo aún más evidente con la decisión de repartir un dividendo de 1,225 millones de euros. Ese reparto se produjo en paralelo a una drástica caída del activo de la empresa, que pasó de 2,22 millones en 2023 a apenas 563.412 euros en 2024. La partida de clientes por ventas a corto plazo se redujo igualmente: de casi 2 millones a menos de 200.000 euros en apenas doce meses.
Ese dinero distribuido por González Amador supera ampliamente los 950.000 euros que una sociedad vinculada a uno de sus abogados, Javier Gómez Fidalgo, pagó por el ático de lujo en el que residen Ayuso y su pareja desde julio de 2023. A esa vivienda se suma otro piso en la planta inferior del mismo edificio, adquirido también por el empresario tras defraudar a Hacienda. González Amador ha sostenido que paga un alquiler de 5.000 euros mensuales por el ático superior.
Ayuso recalibra su discurso: de blindar a González Amador a marcar distancias
La situación de Maxwell Cremona se ha convertido en un quebradero de cabeza político para la presidenta madrileña. Aunque la causa afecta de manera directa a su pareja, las repercusiones alcanzan de lleno a su entorno político y a la propia imagen de Isabel Díaz Ayuso. Cada novedad en el sumario, cada dato económico que sale a la luz sobre el “pelotazo” de las mascarillas, el fraude fiscal o el reparto de dividendos, alimenta el desgaste en la figura de la presidenta, obligada a convivir con un caso que ella ha intentado desvincular de su gestión pero que le persigue en cada intervención pública.
El escándalo ha marcado un antes y un después en su estrategia de comunicación. En un primer momento, Ayuso optó por el silencio, evitando cualquier referencia a la investigación de Hacienda y limitándose a considerar el asunto como “un ataque personal” a través de su pareja. Posteriormente, cuando la Fiscalía dio el paso de presentar la denuncia, su discurso viró hacia la denuncia política, acusando a la izquierda y a algunos medios de comunicación de utilizar la vida privada como arma arrojadiza contra ella. Fue en esa etapa cuando su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, definió a González Amador como un “ejecutivo de empresa brillante”, en un intento de blindar su reputación profesional frente al descrédito mediático.
Con el avance de las investigaciones judiciales, la estrategia de Ayuso ha vuelto a cambiar. Ya no niega la existencia de procedimientos, pero insiste en que se trata de una “causa fabricada” que busca erosionar su liderazgo político. La presidenta intenta separar su figura de la de González Amador, presentando los hechos como responsabilidad exclusiva de su pareja y recordando que ella no tiene vínculo alguno con las empresas bajo sospecha. Aun así, la oposición en la Asamblea de Madrid y en el Congreso insiste en que se trata de un asunto que trasciende lo privado, al estar directamente relacionado con la gestión de contratos sanitarios en plena pandemia y con el grupo hospitalario que más peso tiene en la sanidad privada madrileña.
Fiscalía y Abogacía del Estado piden cárcel para González Amador
Desde el lado judicial, el caso contra Alberto González Amador se compone de dos vertientes penales que avanzan en paralelo. En la principal, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años, nueve meses y un día de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, complementados por acusaciones de falsedad documental. La petición incluye también una multa cercana a los 448 000 euros, cuantía equivalente a la deuda tributaria reclamada por 2020 y 2021, así como pérdida de beneficios fiscales y la inhabilitación para el sufragio pasivo.
La Abogacía del Estado detalla que los hechos se refieren a dos ejercicios fiscales con un fraude que, según sus cálculos, asciende a más de 350.000 euros mediante la utilización de facturas falsas de sociedades interpuestas, métodos deliberados para reducir artificiosamente la carga fiscal. La estrategia incluyó sociedades en paraísos fiscales y facturas por servicios inexistentes desde localizaciones como Costa de Marfil, México o Sevilla. Por su parte, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid eleva la petición hasta los cinco años de cárcel, reforzando la presión judicial sobre el empresarioA esta causa se suma una segunda investigación por la compra en 2020 de Círculo de Belleza SL por medio millón de euros, operación que la Fiscalía considera un posible soborno al directivo de Quirón Prevención, principal cliente de Maxwell Cremona. La entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, calificó la transacción de “ilógica” y ordenó a la UCO de la Guardia Civil profundizar en el caso antes de su jubilación, en unas diligencias que hoy siguen abiertas bajo la dirección del exdecano Antonio Viejo.