Cuando España votó mayoritariamente “sí” a la Constitución el 6 de diciembre de 1978, culminaba un proceso político que había empezado un año y medio antes en una sala discreta del Congreso. Allí, siete diputados de ideologías opuestas aceptaron un reto monumental: redactar el texto que debía poner fin a la dictadura, inaugurar una democracia plural y reconciliar a un país marcado por las heridas del pasado.
Aquella comisión, conocida como la Ponencia Constitucional, trabajó entre julio de 1977 y abril de 1978. Fueron meses de encuentros reservados, negociaciones casi diarias y discusiones que ponían a prueba la posibilidad misma del consenso. Sin embargo, el clima político de la Transición -basado en la renuncia mutua, el pragmatismo y la convicción de que no había alternativa a la convivencia- permitió avanzar donde décadas atrás solo había enfrentamiento.
El objetivo no era sencillo. La nueva Constitución debía reconocer libertades individuales, garantizar pluralismo político, definir un modelo territorial desconocido hasta entonces y establecer un sistema institucional equilibrado. Todo ello mientras se evitaban los fantasmas del pasado reciente: el autoritarismo, el centralismo homogéneo y el sectarismo ideológico.
Los siete autores del borrador -tres de la UCD, uno del PSOE, uno del PCE/PSUC, uno de Alianza Popular y uno de CiU- lograron articular un texto que, con sus posteriores debates y modificaciones, sentaría las bases de la España democrática. La prensa de la época los bautizaría como “los padres de la Constitución”, un reconocimiento que ha perdurado hasta hoy.
El equilibrio entre posiciones tan distintas, desde el conservadurismo de Fraga hasta el comunismo de Solé Tura, desde el nacionalismo catalán de Roca hasta el socialismo de Peces-Barba, fue una de las claves del éxito. Cada uno dejó su huella en temas tan delicados como los derechos fundamentales, la forma de Estado, la organización territorial o el sistema parlamentario.
Más de cuatro décadas después, la Constitución de 1978 sigue siendo el marco jurídico y político de la vida pública española. Y aunque el debate sobre su reforma aparece periódicamente, la capacidad de diálogo que permitió su redacción continúa siendo uno de los momentos más admirados de la historia reciente del país.
Gabriel Cisneros (UCD)
Gabriel Cisneros (1940–2007) fue un jurista y político clave en la arquitectura territorial de la Constitución. Formado en Derecho y con una sólida trayectoria como funcionario, aportó una visión técnica rigurosa en cuestiones institucionales y de derechos fundamentales. Fue uno de los principales redactores de los artículos relacionados con el Estado autonómico y más tarde participó en la elaboración de estatutos de autonomía. Su carrera política y su obra jurídica lo consolidaron como una de las figuras más influyentes del constitucionalismo de la Transición.
José Pedro Pérez-Llorca (UCD)
José Pedro Pérez-Llorca (1940–2019), abogado del Estado, profesor y diplomático, destacó por su capacidad para el acuerdo y su profundo conocimiento del derecho constitucional comparado. En la Ponencia tuvo un papel central en la formulación del modelo parlamentario, de las funciones de la Corona y de las relaciones del Estado con el exterior. Tras su etapa política, desarrolló una reconocida carrera en la abogacía y presidió instituciones culturales como el Museo del Prado, convirtiéndose en una referencia intelectual de la democracia española.
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (n. 1940), doctor en Derecho y uno de los juristas más prestigiosos del país, fue uno de los redactores más finos de la Constitución. Su estilo técnico y su conocimiento del derecho histórico español se reflejan en diversos artículos claves del texto. Como miembro del Consejo de Estado y autor de una extensa obra doctrinal, su influencia en la teoría del Estado y en la interpretación constitucional es ampliamente reconocida.
Gregorio Peces-Barba (PSOE)
Gregorio Peces-Barba (1938–2012), filósofo del derecho, profesor universitario y referente ético del socialismo democrático, tuvo un papel decisivo en el diseño del Título I de la Constitución. Su defensa de los derechos humanos marcó su vida académica y política. Después de 1978 fue presidente del Congreso de los Diputados, alto comisionado para las víctimas del terrorismo y fundador de la Universidad Carlos III de Madrid, donde continuó desarrollando su importante labor intelectual.
Jordi Solé Tura (PCE/PSUC)
Jordi Solé Tura (1930–2009), profesor, ensayista e intelectual del comunismo renovador, contribuyó a integrar la pluralidad nacional en el texto constitucional. Su conocimiento del pensamiento político y de los movimientos nacionalistas fue crucial para la redacción de los artículos sobre autonomía y diversidad cultural. Posteriormente fue ministro de Cultura y autor de una vasta producción crítica e histórica que lo situó entre los pensadores políticos más influyentes de la España democrática.
Manuel Fraga Iribarne (AP)
Manuel Fraga Iribarne (1922–2012), catedrático de Derecho Político y exministro durante el franquismo, representó a la derecha democrática emergente. Su participación fue clave para incluir a los sectores conservadores en el consenso constitucional. Aunque su trayectoria arrastraba la herencia del régimen anterior, su papel en la Transición y la consolidación posterior de Alianza Popular, antecedente del actual Partido Popular, lo convirtieron en una figura central del conservadurismo español moderno.
Miquel Roca Junyent (CiU)
Miquel Roca Junyent (n. 1940), abogado y político catalán, fue la voz del nacionalismo moderado y una figura esencial para alcanzar acuerdos en materia territorial. Su habilidad negociadora y su conocimiento jurídico permitieron articular un modelo autonómico que reconociera la pluralidad de España. Tras su etapa parlamentaria, se consolidó como uno de los abogados más influyentes del país, manteniendo una presencia destacada en el debate público sobre el Estado y la Constitución.
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