El Senado está siendo este miércoles sede de un pleno ampliamente extraordinario. Un pleno mantenido a dos velocidades: la del hemiciclo de la Cámara Alta, con tiempos tasados e intervenciones deducibles con la lectura rápida de los argumentarios de la totalidad de los partidos representados; y la de los despachos contiguos, donde mientras los portavoces encargados de fijar posición en la tribuna alimentan al gran público los fontaneros se esfuerzan en seducir a socios y rivales para conseguir una victoria de última hora con la que seguir alimentando prosopopéyicas leyendas de resiliencia y remontada.
“Se negocia hasta última hora”, confirman fuentes de la máxima relevancia del PSOE a ElPlural.com. Nadie se rinde, los ánimos no decaen y el tiempo empieza a agotarse. Las votaciones tendrán lugar una vez finalicen todos los puntos incluidos en el orden del día del pleno de este miércoles: los tres decretos (ómnibus, desempleo y paquete anticrisis), techo de gasto y enmiendas a la ley de amnistía. Será entonces cuando, a todas luces, sin el secretismo con el que ha arrancado la jornada, sean los ‘síes’ y los ‘noes’ los que dictaminen si el Ejecutivo sufre su primera gran derrota parlamentaria de la legislatura, con un gran golpe interno para quienes han hecho de la estabilidad su gran valor, o si, por el contrario, el manual de resistencia de Pedro Sánchez sigue engrasándose con nuevos capítulos y gestas de algo parecido a una historia interminable y desesperante para quienes buscan su caída.
Esta vez la empresa es más complicada que por lo general. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo, permanentemente anclada a los designios de una mayoría macedonia que incluye a izquierdas, derechas y diferentes identidades plurinacionales, puede acabar suponiendo una derrota que, si bien no definitiva, convertiría en permeable a la coalición de Gobierno apenas dos meses después de su designación. Y todo por el voto en contra de Junts per Catalunya y de Podemos.
Los primeros han apostado por el ‘no’ decidido en las últimas fechas al considerar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluida en el decreto ómnibus del que depende la recepción del cuarto desembolso de fondos europeos, podría poner en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Esta fue la primera queja, pero, aprovechando la atención mediática, las exigencias se han multiplicado: desde un cambio en la tramitación de los decretos, despiezándolos por medidas previa negociación con su formación, hasta la inclusión de una sanción a aquellas empresas que huyeron de Cataluña durante la peor etapa de la lucha entre administraciones.
Peticiones a las que se le suman las de los liderados por Ione Belarra, que, en su particular partida por volver al foco público y a ser el partido dominante a la izquierda del PSOE, se han esforzado por conseguir dos cuestiones muy concretas que, por el momento, siguen sin resolverse. Concretamente, los morados solicitan que se elimine una de las disposiciones de la reforma del subsidio de desempleo que consideran que supone un recorte en la cuantía de cobro para algunos colectivos. Además, los cinco diputados han pedido la inclusión de medidas concretas en materia de vivienda dentro del paquete anticrisis como el tope al incremento de los alquileres de un 2%.
Preguntadas, ambas partes, por el estado de las negociaciones, la respuesta no deja lugar a dudas: por el momento, las cuentas no salen, pero no hay nada cerrado. Silencio total en Junts, que ha preferido no hacer uso de algunas de sus intervenciones en el pleno -exclusivamente ha comparecido Miriam Nogueras en el debate del paquete anticrisis-, alimentando de esta forma toda serie de teorías sobre los encuentros a puerta cerrada. “Sin novedades aún”, indican fuentes de la máxima solvencia de Podemos, que, al contrario que Junts, ha decidido convertir cada una de sus intervenciones en una batalla abierta contra la coalición del Gobierno.
Nogueras: "Pacten con Junts y tendrán los votos de Junts"
Ha habido que esperar hasta el debate de los últimos de los decretos incluidos en el orden del día, el paquete anticrisis, para escuchar a alguien de Junts fijar postura y explicar el 'no' sistemático de los neoconvergentes a apoyar las medidas debatidas de forma extraordinaria en el Senado. Ha sido su líder y portavoz, Miriam Nogueras, la encargada de explicar al Gobierno los motivos por los que su formación, por el momento, se encuentran en el 'no'.
"Estamos todos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien. Hemos tenido que llegar al límite para que algunos entiendan que cuando decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada no mentíamos", ha arrancado. "Es una irresponsabilidad no haber negociado antes. Nos están presionando ahora, pero esta presión debería haber existido antes de entrar al Consejo de Ministros. Era entonces cuando debían haber pensado en los ciudadanos.Hagan un real decreto sin trampas y tendrán nuestros votos. Pacten con Junts y tendrán los votos de Junts", sentenciaba.
Además, la portavoz independentista ponía una serie de medidas y reclamaciones de Junts sobre la mesa. Medidas que, no obstante, ella misma reconocía que "probablemente" ya sea demasiado tarde incluir: desde la presencia de la patronal catalana en la negociación de la reforma del subsidio de desempleo hasta el cambio de la ley de sociedades para multar a aquellas empresas que decidieron cambiar su sede social en la peor etapa de la relación entre Cataluña y el Estado.
"Estamos aquí para cambiar la relación de Cataluña y España, no para perpetuarla. Nuestros votos están al servicio de la sociedad catalana y no al servicio del Gobierno ni del reino de España", remataba Nogueras.
Tirón de orejas ecuánime
A la espera del resultado final, incluso aquellos partidos que han ratificado su voto a favor de los tres decretos, abrazando de esta forma la suma plurinacional que se ha convertido en condición sine qua non de las victorias del Gobierno, han querido lanzar un mensaje al Ejecutivo: estas no son las formas de proceder, se acabó el tiempo de pedir un respiro a última hora, hay que negociar antes y consensuar de forma previa a que las leyes emanen del Consejo de Ministros.
“La urgencia de esta medida no puede suponer que el Gobierno obvie la negociación parlamentaria. Es cierto que la legislatura pasada estuvo devenida por cuestiones como la pandemia o la guerra, obligando al ejecutivo a trabajar a contrarreloj, pero esto no puede convertirse en norma. La coalición de Gobierno no ha sido capaz de consensuar el totum revolutum de medidas que se votan este miércoles en el Congreso”, ha explicado Martina Velarde, de Podemos, uno de los dos partidos más fiscalizados en la mañana de este miércoles junto a Junts per Catalunya, quien ha decidido no comparecer en el debate de los decretos haciendo de la duda sobre el sentido de su voto el gran atractivo de la jornada.
Una ausencia que ha protagonizado rápidamente la sesión: “Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir. Debe ser que está pactando en un oscuro despacho con el Gobierno”, vaticinaba, a primera hora, Pedro Luis Huguet Tous, portavoz del PP encargado de explicar el ‘no’ de su formación al decreto en materia de justicia, mecenazgo y función pública presentado por Bolaños. “La justicia española no se puede permitir una nueva chapuza. Lo mejor que nos puede pasar es que no se convalide este decreto”, sentenciaba el dirigente popular.
No sería la primera vez que PP y Podemos -además de Vox- protagonizarían las más incómodas respuestas al Gobierno. Sucedería, de hecho, con cada uno de los decretos. No se salvaría Yolanda Díaz en la reforma del subsidio de desempleo, por más teórica que fuera su intervención plagada de referencias a Dickens, el abrazo europeo tras las guerras mundiales, artículos constitucionales o las bondades del informe Beveridge: “Estamos deseando votar a favor de este decreto, pero no podemos hacerlo sin el compromiso por escrito de que este recorte será subsanado”, sentenciaba Noemí Santana por parte de Podemos, haciendo referencia al recorte que ellos consideran que tendrán algunas de las prestaciones tras la reforma de este subsidio.
“Todos sabemos que este decreto ley no se hace cargo de las necesidades totales de los ciudadanos de este país. Ustedes traen aquí recortes en el escudo social. Por si a alguno se le olvida, la situación de la vivienda es insostenible y los alquileres siguen subiendo”, ha rematado Lilith Verstrynge en el debate sobre el tercero de los decretos, el de las medidas anticrisis para paliar la inflación devenida de la guerra de Ucrania.
¿Qué está en juego?
La lista de cuestiones que corren peligro es amplia. En juego están medidas sociales, cambios consensuados con Bruselas, prestaciones sociales y fondos europeos. Una derrota pondría en jaque al Ejecutivo, que ha hecho de algunas de las medidas que serán sometidas a votación a última hora de este miércoles algunos de sus anuncios más prometedores y marca de la casa del inicio de la legislatura.
Preocupa sobremanera el decreto anticrisis. La lista de ayudas y decisiones de carácter social que están contempladas en este decreto va desde la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% hasta la gratuidad de los servicios de Cercanías de Renfe para usuarios frecuentes o la bonificación de billetes urbanos e interurbanos para la totalidad de la ciudadanía. También se incluyen en este decreto la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, la rebaja del IVA a los alimentos básicos o la bajada de impuestos de la electricidad y el gas.
Los otros dos reales decretos-ley tampoco son menos importantes: uno de ellos contempla la reforma del subsidio de desempleo que permitirá a los perceptores ingresar hasta 90 euros más al mes que lo que se cobra hasta el momento; el siguiente, siendo el que más críticas ha recibido y el motivo del cerrojazo de Junts a aprobar ninguno de los tres, es un decreto ómnibus apalabrado con Bruselas del que depende un desembolso de 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos.
