Llega uno de los momentos más determinantes de la campaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre. España se para este miércoles en la primera huelga general en 14 años, que llega en un momento crítico de reivindicación social. Los movimientos sociales se echarán a las calles de todo el país para exigir a las administraciones medidas para acabar con la crisis de la vivienda, que pasan por prohibir la especulación, proteger a los más vulnerables frente a la voracidad del mercado y garantizar el acceso, pero también por mejorar los salarios para cerrar la brecha entre el precio de la vida y el poder adquisitivo de los trabajadores.
La izquierda tratará de utilizar la huelga como ariete contra las políticas que augura una posible alianza del Partido Popular y Vox tras el 29N. Una especie de protesta contra el Gobierno futuro, como la calificó el número dos de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado. Los populares rechazan los paros, de la mano de la ultraderecha, mientras que el Partido Socialista las alienta esperando que no haya muchos gritos y pancartas que les señalen también a ellos como responsables del problema
Sin embargo, los movimientos sociales no olvidarán los ocho años de Pedro Sánchez, en los que la situación de la vivienda no ha hecho más que empeorar ante la incapacidad para revertirlo que provoca la debilidad parlamentaria del PSOE y Sumar. Todo ello estará en las calles este miércoles, cuando se prevén movilizaciones masivas contra el que es, desde hace ya años, el principal problema de la sociedad española.
Maricarmen, de un desahucio a una acampada estatal
La chispa saltó el 23 de septiembre, con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, del piso del madrileño barrio de Retiro en el que llevaba viviendo más de siete décadas. La movilización de vecinos y del Sindicato de Inquilinas no logró frenar el lanzamiento y la mujer salió en camilla hacia el hospital Gregorio Marañón.
Su caso encendió de nuevo la llama de la movilización social por la vivienda. Tres días después, la manifestación convocada en Madrid -con 300.000 personas, según la organización- acabó convertida en una acampada indefinida en la Puerta del Sol. Las tiendas, las asambleas y las consignas "Ni una Maricarmen más" y "Rentistas culpables, Gobierno responsable" transformaron la plaza en un foco de presión contra todas las administraciones, no solo contra la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso.
La movilización se reprodujo en otras ciudades y el Ejecutivo aprobó los dos decretos de vivienda el 29 de septiembre. PP, Vox y Junts, junto a otras formaciones de derechas, impidieron la convalidación de unos textos que no habían terminado de convencer a las calles, y llevaron a Sánchez a anunciar elecciones anticipadas ese mismo lunes.
El 7 de octubre falleció Maricarmen, todavía hospitalizada y sin haber regresado a su piso, pese a haberse alcanzado un acuerdo para su retorno. Su muerte dio otra dimensión a las marchas y aceleró el llamamiento a la huelga general.
La acampada siguió en Sol hasta la madrugada del 3 de noviembre, cuando la Policía Nacional y la Municipal desalojaron -con denuncias de violencia- a 334 personas y practicaron dos detenciones. Esta intervención cuestionó también al Ejecutivo central, responsable de la Delegación del Gobierno de la que, poco antes, había dimitido su titular, Francisco Martín.
Sindicatos, barrios y movimientos sociales
El Sindicato de Inquilinas fue el impulsor inicial de la protesta, pero la huelga se ha convertido en una alianza mucho más amplia. CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores) aportan la capacidad de convocatoria laboral, junto a la CGT (Confederación General del Trabajo), CNT (Confederación Nacional del Trabajo), Comisiones de Base, Intersindical, Solidaridad Obrera y la Unión de Actores y Actrices. También participan organizaciones territoriales como ELA (Solidaridad de los Trabajadores Vascos), LAB (Comisiones de Trabajadores Abertzales) y CIG (Confederación Intersindical Galega).
La convocatoria, registrada el 19 de octubre, reivindica salarios suficientes, alquileres asequibles y mejores servicios públicos. Sus promotores anuncian 156 movilizaciones en 129 localidades.
En Sol destacaron asimismo la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) y las plataformas de vivienda de Vallecas, Carabanchel, Tetuán, Hortaleza y otros barrios y municipios madrileños. A su alrededor confluyeron colectivos feministas, ecologistas, LGTBI, educativos, sanitarios y de solidaridad con Palestina. Con el paso de las semanas, parte de esas organizaciones trasladaron el esfuerzo desde las tiendas de campaña hacia los comités de huelga y las asambleas en barrios y centros de trabajo.
La disputa política a las puertas del 29N
La batalla por atribuirse el sentido de la protesta ha llegado a los discursos electorales en la precampaña. La número dos de los socialistas, María Jesús Montero, afirmó que "la huelga general se convoca contra la oposición", mientras Tellado la tildó de "huelga electoral" dirigida "contra el próximo gobierno de España". Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, animó a secundarla como una "marea de esperanza". Pero los mensajes partidistas chocan con las pancartas que responsabilizan tanto a los propietarios especulativos como a los distintos gobiernos.
El PP y Vox votaron contra los decretos de octubre, y Feijóo pidió desconvocar el paro tras el accidente ferroviario de Urda, pese a que no reprochó a Vox que no interrumpiera sus actos electorales. Al mismo tiempo, el Gobierno saliente debe responder por sus políticas de vivienda y por el desalojo de Sol; y no puede presentarse únicamente como acompañante de una protesta que también lo cuestiona. El jueves, la Diputación Permanente volverá a votar las dos nuevas normas de vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros, a horas del inicio oficial de la campaña electoral.
Un 2026 marcado por las huelgas
El 11N culmina un año histórico en lo que a huelgas se refiere. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo recogidas en octubre, entre enero y agosto se perdieron 1,37 millones de jornadas por huelgas, frente a 382.700 en los mismos meses de 2025. Participaron unos 579.000 trabajadores, frente a 167.300 un año antes. La sanidad y la educación destacan, junto a disputas salariales en la industria y los transportes.
El pasado mes de mayo vio la primera huelga estatal de las educadoras de infantil de 0 a 3 años, con paros y protestas por toda España. En junio y julio fue el turno del sector del metal en Galicia; y en septiembre paró el sector educativo en Cataluña. Desde el 14 de octubre, los docentes se mantienen en huelga indefinida en Madrid, y entre ese mes y el actual se han producido paros de los médicos en Madrid. El 4 y 5 de noviembre las seis universidades públicas madrileñas se sumaron a la protesta educativa contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con violencia policial contra los estudiantes. Ahora, coincidiendo con la huelga general, los maquinistas de Renfe ampliaron sus paros tras la tragedia de Urda, alentados por la falta de medidas de seguridad.
Este 11N verá la octava vez que España se para por completo durante 24 horas. Muchas de esas ocasiones también fueron contra Gobiernos progresistas. El 14 de diciembre de 1988, UGT y CCOO se plantaron frente al Ejecutivo socialista de Felipe González; el 29 de septiembre de 2010 lo hicieron contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2012 hubo dos grandes paros contra las políticas de Mariano Rajoy, el último el 14 de noviembre. Catorce años después, la calle pretende volver a marcar la agenda política, gobierne quien gobierne.
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