400 millones de euros para el fortalecimiento del sector primario, 444 para la adaptación digital y 148 para la investigación del sector agroalimentario. La “inyección más alta de fondos públicos” para la causa, tal y como ha indicado este martes el ministro de Alimentación, Pesca y Agricultura, Luis Planas, que ha sido acompañada por la presentación del informe de rendición de cuentas del seguimiento del plan del Gobierno de 130 medidas contra la despoblación. Una batería de medidas e inversiones destinadas principalmente al entorno rural que el Consejo de Ministros ha presentado a menos de una semana de las elecciones en Castilla y León.

"Buscamos una multiplicación de la cooperación entre lo público y lo privado. No solo la significación económica, sino también social y territorial, tenemos que defenderlo. Por supuesto, también la importancia ambiental desde el punto de vista de la economía circular", ha expuesto Planas, añadiendo que el previsible apalancamiento de inversiones privadas, además de la inyección de capital público, puede derivar en un impacto valorado en 3.000 millones de euros que proporcione 16.000 puestos de trabajo.

Una materialización del PERTE agroalimentario que persigue dotar al campo de financiación y cumplir con los propósitos fijados por la Unión Europea en materia medioambiental, digital, social y económica.  "Es la inyección más alta de fondos públicos que se haya dado al sector agroalimentario. Debe servir como elemento de potenciación”, ha sentenciado el ministro. “Este es un país con proyecto y con fondos. Estamos en un momento de transición y cambio, y nosotros hemos preparado una ruta con la que paliar los problemas estructurales de nuestro país”, ha añadido, por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Sin embargo, y al margen de los pormenores del PERTE agroalimentario, así como del informe para paliar los efectos de la despoblación - el 82% de las 130 medidas ya han comenzado-, ha llamado la atención el día escogido por Moncloa para lanzar esta batería de medidas e inversiones en el entorno rural. Con el 13-F fijado en rojo en el calendario electoral, en plena campaña y a 24 horas del último debate que se celebrará antes de la cita con las urnas, fuentes tanto del PP como de Cs no dudan en poner en cuestión que esto se haya tratado de una mera casualidad, criticando que Moncloa está interfiriendo en la voluntad de los votantes.

En sintonía con la campaña

En sintonía con el anuncio de Moncloa, favorecedor para las regiones de menor peso población y con problemas estructurales fruto de la despoblación y migración hacia la ciudad, el PSOE en Castilla y León está realizando una campaña basada en los problemas a los que se enfrentan diariamente los castellanos y leoneses, sin hacer especial mención al legado de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición a nivel estatal –más allá de los fondos europeos-. Una estrategia por la que no es de extrañar que molestasen tanto las declaraciones de Alberto Garzón a la prensa internacional, poniendo en duda la calidad de la carne que exportaban las granjas de ganadería intensiva y abriendo una brecha argumental que la derecha no dudó en aprovechar desde el minuto uno de la contienda de las ideas.

Sin embargo, el efecto Garzón se ha ido difuminando con el tiempo y la estrategia opuesta de Alfonso Fernández Mañueco, centrada en criticar a Sánchez en pura sintonía con lo que tan bien funcionó a Ayuso en Madrid, ha devuelto a Tudanca las aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Por el momento, más allá del CIS, muy criticado por la derecha y puesto en duda por la mayoría de los analistas fruto del desacierto en anteriores comicios, no hay ninguna empresa demoscópica que vaticine que el socialista puede hacerse con el poder, pero algunas ya empiezan a apuntar hacia un escenario reñido donde la aritmética podría quedar a merced de partidos como Soria ¡YA!, Por Ávila, UPL o Ciudadanos.

De hecho, y fruto de la desaceleración de los ánimos que se viven en Génova por la candidatura de Mañueco, el PP ha cambiado la estrategia y buscará reconducir la situación en esta última semana con una campaña más local, basada en lo cercano y sin un tono tan atrabiliario como el utilizado hasta el momento. Al menos esta es la idea, aunque Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid e invitada estrella este lunes al acto celebrado en Valladolid, lo ha dificultado resumiendo la cita en un eslogan muy similar al que ella utilizó en mayo: “Hay que elegir entre autoritarismo o libertad”. Además, la popular ha despejado algunas dudas sobre qué sucederá si Mañueco necesita a Vox, algo que por el momento ha incomodado en varias ocasiones al candidato: “Si se ha de pactar, prefiero a Ortega Lara que a los que lo hacen con sus secuestradores”.

Por su parte, Ciudadanos, con Francisco Igea ya recuperado del covid-19, confía en volver a ganar el debate que se celebrará este miércoles y conseguir así imponer el mensaje que han abanderado durante estas últimas dos semanas, criticando a izquierda y derecha y posicionándose como un partido transparente, que ha demostrado estos dos años que puede gestionar y que no se pliega ante decisiones partidistas, como la de adelantar las elecciones y romper una coalición que trabajaba cómodamente y sin más estridencias notables que las habituales cuando se comparte el poder.