El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil —la antigua “zona catastrófica— en todas las comunidades autónomas salvo el País Vasco. Con esta decisión se activa el mecanismo de ayudas destinado a los territorios que han sufrido los incendios forestales registrados desde el mes de junio.
“El Consejo de Ministros acaba de declarar zonas afectadas por esa emergencia de protección civil todas aquellas que han sufrido alguno de los 113 grandes incendios forestales registrados este verano”, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros. El responsable de Interior, que ha aparecido junto a su homóloga de Educación, Pilar Alegría, ha recordado que la emergencia “aún no ha terminado”, pero ha considerado necesario impulsar ya la maquinaria de apoyo a los damnificados.
"Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados", ha explicado el titular de la cartera de Interior.
Grande-Marlaska ha actualizado además el estado de la situación: actualmente se mantienen 15 incendios activos en nivel 2, con especial preocupación en Porto (Zamora), Garaño (León) y A Pobra do Brollón (Lugo). “Es una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”, ha subrayado el ministro, que ha detallado que desde finales de junio Protección Civil ha recibido 118 avisos relacionados con emergencias, de los cuales 113 corresponden a fuegos forestales.
Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados "cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad", pero ha incidido en alusión a los incendios que la "emergencia aún no se ha dado por cerrada". "Estas instituciones van a tener en todo momento a su lado a su Gobierno y van a tener todas las ayudas necesarias para conseguir la mayor recuperación posible de las zonas afectadas por la catástrofe", ha garantizado el ministro.
En este sentido, Marlaska también ha adelantado que el Gobierno estudiará a fondo la propuesta del PP de crear un registro de pirómanos: “Cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada y se integrará. Esto es lo que el presidente del Gobierno dijo cuando habló de la necesidad ineludible de un pacto de Estado”.
“Es el momento de tomar medidas concretas de mejora y de evolución. Ahí es donde el PP si es mínimamente responsable, si deja de utilizar las tragedias que estamos encarando como elemento electoral sin ningún contenido... Pues supongo que se sentará. Me parece una contradicción que ayer el presidente del PP presente una batería de 50 medidas cuando perfectamente se puede trabajar en el pacto de Estado", ha añadido.
La declaración de zona catastrófica pone en marcha un paquete de compensaciones económicas recogidas en la Ley de Protección Civil. Entre ellas, hasta 18.000 euros en casos de fallecimiento o incapacidad total derivada de los incendios, y hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. La norma contempla también ayudas por daños parciales en las viviendas, los muebles y las pertenencias, así como compensaciones específicas para explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura afectadas.
El Gobierno ha recordado que, junto a estas indemnizaciones, las empresas y negocios de las zonas declaradas podrán beneficiarse de ERTES especiales, exenciones fiscales y bonificaciones en determinados impuestos, con el objetivo de facilitar la recuperación económica.
Luz verde también al reparto de menores migrantes
Junto a esta medida, el Ejecutivo ha dado luz verde a un Real Decreto sobre la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados. El texto establece el número de plazas disponibles en cada comunidad autónoma y persigue el reparto de los menores hacinados en Canarias y Ceuta hacia otras regiones con recursos menos saturados. Según datos oficiales, ambas comunidades han visto triplicada su capacidad de acogida, lo que ha llevado al Gobierno a introducir por primera vez un mecanismo de distribución obligatoria ante la negativa de varias autonomías, principalmente gobernadas por el PP.
El decreto contempla que un territorio pueda solicitar la contingencia migratoria extraordinaria cuando multiplique por tres su capacidad ordinaria de acogida, algo que afecta previsiblemente a Canarias, Ceuta y Melilla. Se trata del último paso de un proceso bloqueado durante más de un año por la falta de acuerdo político, y que ahora busca garantizar los derechos de miles de menores.
"Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha defendido Alegría.
El Gobierno insiste en que su voluntar es aprobar los PGE de 2026
Por otra parte, la comparecencia también ha servido para que Moncloa vuelva a mostrar su voluntad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. "En esto, algo de experiencia tenemos, pero, desde luego, nuestra voluntad es poder aprobar ese nuevo ejercicio presupuestario del año 2026", ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
La ministra ha añadido que "no puede adelantar ningún escenario" sobre la negociación presupuestario. "Vamos a ir pantalla a pantalla, partido a partido, pero desde luego el objetivo y la voluntad sigue siendo la misma", ha recalcado.
Alegría ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya señaló a finales de julio que formaba parte de sus objetivos el presentar una nuevas cuentas públicas para 2026. "Estamos con la misma voluntad y las mismas ganas", ha insistido la ministra, que ha agregado que la forma de trabajar del Ejecutivo y también su "obligación" es la de negociar en el Parlamento.
"Fruto de la propia composición que tenemos en el Congreso de los Diputados, fruto de cuál es la posición que lógicamente tiene este Gobierno de minoría parlamentaria, la negociación, el diálogo y el acuerdo han sido unas premisas que llevamos trabajando no solamente en esta legislatura, sino también durante la legislatura pasada", ha apuntado.