Moncloa asume que la ruptura de Junts traerá consecuencias, pero minimiza su impacto

Con o sin Junts, el Gobierno agotará la legislatura. Al menos esta es la consigna que repiten en privado desde el entorno del presidente y que replican resortes de las dos fuerzas que conforman la coalición. No niegan que la herida de la ruptura sea cosa menor, sobre todo por la endiablada aritmética parlamentaria que ahora obliga al PSOE y Sumar al más difícil todavía. De hecho, entienden que traerá consecuencias en el medio-largo plazo. Asumen que habrá que hacer encaje de bolillos en el calendario legislativo para minimizar el impacto del veto juntaire y evitar la proyección de una imagen de debilidad en un contexto de desfallecimiento de un Partido Popular obligado a abrazarse – una vez más – con Vox. Argumentan que el foco se posará sobre Génova porque la señal de bloqueo no será palpable hasta – como mínimo – febrero de 2026.

Desde que florecieron los primeros rumores de separación, el Partido Socialista ha mantenido la mano tendida a Waterloo. Aún con los papeles del divorcio firmados, insisten en su disposición de abrir el diálogo y el entendimiento con los de Carles Puigdemont, así como con el resto de grupos parlamentarios. Incluso apuntan desde Moncloa que trabajan sin demora para que se cumplan todos y cada uno de los compromisos adquiridos con los neoconvergentes, cuyo estancamiento abocó la destrucción unilateral del canal entre Bélgica y Ferraz. Así respondieron después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, formalizase la ruptura con Sánchez y, al mismo tiempo, anunciara enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno, incluyendo su veto a las que estén ya en tramitación y unos eventuales Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El anuncio dio gasolina a la derecha, que no descarta contactos con su otrora enemigo para hacer descarrilar el Gobierno de coalición. De hecho, los de Puigdemont se dejan querer y en el entorno mediático del Partido Popular ya han entonado salvas para acuñar el nuevo relato con los soberanistas – de quienes no querían oír hablar en 2023 – o al menos así lo justificó Alberto Núñez Feijóo en su investidura  fallida -. Pero eso no es óbice para que en Moncloa se mantenga la calma y también la hoja de ruta establecida. El objetivo del Ejecutivo es garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos para “seguir mejorando la vida de la gente, tanto en Cataluña como en el conjunto de España”.

Consecuencias mínimas

Al margen de la retórica de que el Gobierno cumple con lo pactado y eso garantizará la supervivencia del mismo, el objetivo – con o sin Junts – no ha cambiado. De ahí que insistan, tanto en público como en privado, que la legislatura no terminará antes de su fecha caducidad. Es decir, en 2027. La visión que trasladan ante las cámaras es de absoluta normalidad a la decisión, pero tampoco pecan de ingenuidad y saben que la ruptura dejará una mácula profunda. No obstante, creen que su efecto no se notará hasta pasadas las Navidades.

Para ello, el Gobierno entiende que tendrá que hacer ligeros ajustes en el calendario legislativo. Es decir, postergar todas aquellas iniciativas que ya cuentan con el bloqueo y adelantar las que se salvan de la quema. Es lo que ocurrirá esta semana en el Congreso de los Diputados que, pese a ser el primer Pleno del Ejecutivo con la mayoría en contra, los siete diputados de Junts darán sus últimos ‘síes’ a dos textos que se someten a la votación en la Cámara Baja.

De tal modo, el Gobierno cogería cierto aire y los efectos del divorcio unilateral juntaire no serían tangibles hasta bien entrado 2026. El calendario juega en favor de los intereses de la coalición. El adelanto electoral en Extremadura provoca que los plenos del mes de diciembre se disuelvan prácticamente, evitando así votaciones perdidas que desvíen el foco de las negociaciones del Partido Popular y de Vox. Máxime en un contexto de extrema debilidad del líder de la oposición, que acumula crisis territoriales por doquier e incluso heridas internas como en la sucesión de Carlos Mazón en Valencia. Superados los comicios extremeños, Moncloa salta directamente a febrero – enero es mes inhábil en la Cámara Baja -, donde ya transitaría por un terreno absolutamente desconocido pero con Alberto Núñez Feijóo cocinándose en su propio jugo.