Continúa el juicio por la Operación Kitchen que, previsiblemente, se extenderá en la Audiencia Nacional hasta el próximo 30 de junio. En la última sesión, la jueza dio toda una lección de feminismo cuando uno de los abogados le preguntó a la mujer de Bárcenas si recibió instrucciones de su marido.
Después de constantar que despareció documentación del taller al que Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero, llevó una veintena de cajas desde la sede del PP, en la calle Génova, la mujer de Bárcenas declaró que estaban en un altillo del taller que tenía alquilado. El abogado le preguntaba entonces si recibió instrucciones de su marido.
"A mí de qué me va a dar instrucciones", respondía, a lo que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, respondía con un tajante "a lo mejor una señora no necesita que le den instrucciones". "No entiendo qué instrucciones me va a dar mi marido, tendría la sorpresa, hacemos todo tipo de elucubraciones, ahora es muy fácil decir (...) pero en ese momento estaba todo ajeno, que nos falta pues nos falta", agregaba Rosalía Iglesias.
“A lo mejor la señora no necesita que le den instrucciones “ Teresa Palacios , presidenta del tribunal ante la pregunta del abogado de Villarejo a Rosalía Iglesias sobre las instrucciones que le dio Bárcenas. El empoderamiento 😊 pic.twitter.com/B8UBfDkagi
— Irma Frigenti (@GarciaFrigenti) April 20, 2026
El juicio sobre Kitchen destapa nuevos seguimientos y operaciones contra la mujer de Bárcenas
La declaración de varios mandos policiales en el juicio por la Operación Kitchen ha vuelto a poner el foco en uno de los episodios más controvertidos de la trama: los seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. Lejos de tratarse de actuaciones puntuales, los testimonios conocidos en sede judicial dibujan un dispositivo organizado desde las más altas instancias operativas de la Policía con un objetivo claro: encontrar material sensible vinculado a Bárcenas en un momento en el que el partido se encontraba acorralado por el avance del caso Gürtel.
El comisario Mariano Hervás, entonces jefe de la brigada de Técnicas Operativas de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), ha confirmado que estos seguimientos se pusieron en marcha por orden directa de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el máximo órgano operativo del cuerpo en aquel momento. Según su relato, al reincorporarse de vacaciones en julio de 2013 se encontró con un operativo en marcha en Madrid que le fue presentado como "un servicio rutinario" consistente en "seguir" tanto a Bárcenas como a su mujer. Una explicación que, con el paso del tiempo y a la luz de las investigaciones, resulta difícil de sostener.
Hervás ha detallado que el despliegue no estuvo exento de problemas desde el inicio. La fuerte presencia mediática alrededor de Rosalía Iglesias complicaba enormemente las labores de vigilancia, hasta el punto de que llegó a haber varios equipos siguiéndola sin conocimiento mutuo, generando situaciones de duplicidad que evidencian la falta de coordinación del dispositivo. A los agentes, además, se les trasladó una justificación que ahora queda en entredicho: la necesidad de localizar supuestos fondos ocultos de Bárcenas, que contaría con "muchos millones", "testaferros" y "posibles locales" donde esconder el dinero.
Sin embargo, el operativo terminó abruptamente tras un fallo que dejó al descubierto la vigilancia. Uno de los agentes fue detectado por la propia Rosalía Iglesias después de "cruzar por un sitio inadecuado", lo que provocó que esta entrara en una farmacia y se alertara a la Policía. A partir de ese momento, y tras lo que se ha descrito como "una bronca muy grande" por la mala praxis, se decidió suspender los seguimientos. El episodio, lejos de ser anecdótico, refleja el carácter irregular de unas actuaciones que hoy se analizan bajo la lupa judicial.
A ello se suma otro elemento clave: la implicación del entorno más cercano a Bárcenas. Según se ha reconocido en el juicio, el chófer del extesorero, Sergio Ríos, "colaboraba con el dispositivo", lo que refuerza la tesis de que la operación no era una simple vigilancia policial, sino una maniobra organizada para acceder a información comprometida. Todo ello apunta a una estructura que operó al margen de los cauces legales y que ahora, años después, sigue revelando nuevas aristas sobre el uso de recursos públicos con fines presuntamente partidistas.
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