La falta de confianza con el Govern de la Generalitat derivó este miércoles en la suspensión de una inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Un anuncio de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha provocado una oleada de reproches mutuos entre administraciones, socios de Gobierno y oposición.

Un problema de entendimiento para el Ejecutivo, una cuestión de chantaje para el Govern. Raquel Sánchez, sorprendida por las respuestas que llegaban desde Cataluña no dudó en pedir a Aena que hiciera públicos los detalles del pacto que, considera, estaba en peligro a tenor de las declaraciones realizadas en las últimas fechas por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y de su portavoz, Laura Borràs. La respuesta no tardó en llegar: "Hoy ha quedado patente lo que se sospechaba desde el primer minuto: que el Gobierno español y Aena han hecho una operación de chantaje y que nunca han tenido la voluntad de invertir en Cataluña ni de hacer del Aeropuerto de El Prat un hub internacional", ha manifestado Aragonès, poniendo las relaciones bilaterales en stand by y amagando con la cancelación de la mesa de negociación entre administraciones pactada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la pérdida de confianza entre gobiernos hay que añadir la de los empresarios catalanes. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal de Foment del Treball, ha criticado fuertemente la actitud del Govern y ha recordado las implicaciones laborales que tenía tras de sí la inversión. Cerca de 350.000 empleos perdidos, al menos durante los próximos cinco años, a los que la patronal catalana también se refiere para pedir a la coalición de PSOE y Podemos que abandone sus diferencias. Mientras los ministros socialistas consideran que la ruptura de las negociaciones ha sido una bala perdida en términos de crecimiento económico, la máxima exponente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, celebra la decisión por las implicaciones medioambientales: “El proyecto de Aena no es compatible con la situación de emergencia climática”, ha manifestado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en una visita calculada a la Ricarda, la zona que se vería afectada por la ampliación.

La reivindicación ecológica no es exclusiva de la formación morada. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado lo sucedido como un triunfo de las asociaciones vecinales contrarias a la ampliación y ha pedido que, tras este gatillazo de las negociaciones, el plan “se archive” definitivamente. La CUP, por su parte, ha explicado que no apoyarán ninguna iniciativa que no tenga en cuenta las consecuencias ambientales y ha pedido al Govern que explique el motivo por el que se muestra “a favor de un proyecto que es un auténtico despropósito".

Opiniones muy contrarias a las de los partidos de la derecha española, que han pedido a la ministra de Transportes que comparezca en el Congreso de los Diputados para informar del motivo real de la paralización de la inversión. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, cree que la decisión responde a que los independentistas ya no están interesados en el proyecto. La líder de Ciudadanos, por su parte, considera que al Govern de Cataluña no le interesan “las infraestructuras ni el empleo”.  Finalmente, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha reprochado que el Gobierno de Sánchez no es “capaz” de garantizar una inversión en una comunidad como Cataluña, que "necesita seguir creciendo económicamente".

¿Negociaciones paralizadas?

"La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria, que es de aquí a cinco años". Esta es la fecha y así de tajante se ha mostrado este jueves el presidente de Aena, Maurici Lucena. Un paréntesis temporal que, sin embargo, no frena que este proyecto se pueda llevar a cabo en el futuro “si las circunstancias en Catalunya han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión“: “Una de las partes que llegó a este acuerdo se ha salido. No quiero hacer polémica, pero solo hay que repasar la hemeroteca de los últimos cinco días sobre las opiniones que el propio Govern ha ido emitiendo a la opinión pública sobre el pacto que había alcanzado, diciendo que este pacto no generaba consenso en el seno del Govern, algo raro", ha condenado.

Aragonès, como parte contraria, se ha mostrado dispuesto a volver a abrir las negociaciones con el Gobierno español siempre que se haga, según sus palabras, con consenso y voluntad de acuerdo, y no con “maniobras de presión” que provoquen la cesión de su administración. Frente a él, la ministra de Transportes ha aventurado que la única forma de que las negociaciones acaben fructificando en beneficio mutuo pasarán por un cambio de actitud “sin ambigüedades”, cerrado en torno al pacto alcanzado el pasado 2 de agosto y bajo "un único posicionamiento".