"Mentir no es un delito" y otras perlas del PP para justificar o restarle importancia a la corrupción

Los casos de corrupción han proliferado a lo largo de la historia del Partido Popular con considerable frecuencia, y con ellos, las excusas y declaraciones rocambolescas para intentar justificarlos, huir de ellos o restarles importancia. La más reciente se ha dado con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y su mentira en el Tribunal Supremo. MAR afirmó en sus redes sociales que González Amador no había podido responder a la propuesta del falso ofrecimiento de acuerdo porque "la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio". En sede judicial, el jefe de gabinete señaló que no tenía información específica para hacer esa afirmación, sino que se trataba simplemente de una suposición. Un bulo. Ante ello, fuentes de Génova han dado la sorprendente explicación de que "mentir no es ilegal" a pesar de que pueda suponer falso testimonio. No obstante, esta es solo la última de una serie de complicadas excusas salidas desde Génova ante situaciones delicadas y de corrupción.

Los 'populares' se han plegado alrededor de la figura de una de las personas de máxima confianza de la lideresa regional, indicando que "mentir no es ilegal", aunque una mentira en sede judicial sí que puede suponer falso testimonio en un caso como el que concierne a estas líneas; el de la supuesta filtración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre los delitos investigados en torno a la pareja de la responsable de Sol.

Llegados a este punto, hay que recordar las contradicciones existentes entre la versión de Rodríguez y el compañero sentimental de la política, Alberto González Amador. Esto llevaba a una conclusión sencilla: uno de los dos miente. En mayo ya se apreció claramente que las explicaciones dadas por el empresario respecto del mail en el que confesó sus delitos fiscales y ofreció un pacto a la Hacienda Pública para abonar la cantidad defraudada (350.000 euros) no coincidía con la declaración del jefe de gabinete, ni siquiera con la suya propia. Pero en las filas del PP, "mentir no es ilegal".

Aguirre y la Ciudad de la Justicia que quería "todo el mundo"

Se pueden recordar otros casos en los que dirigentes del PP han mentido o dado declaraciones muy extrañas para explicar decisiones políticas que han terminado costando dinero. Por ejemplo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre aseguró en su momento que "todo el mundo apoyaba" la idea de levantar un Campus de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, un proyecto que inicialmente costó 355 millones de euros para hacer 14 edificios de los cuales solo uno fue construido, que llevó a prisión a varios altos cargos de su Gobierno y que, ahora, con Isabel Díaz Ayuso, ha visto su coste incrementado hasta los 1.000 millones de euros de dinero público.

"Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Supremo, todos", expresaba en su momento la exdirigente del PP al declarar como testigo en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.

En el mismo sentido, Aguirre dijo que no cesó en 2008 como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior a Alfredo Prada, principal acusado en dicho juicio, por su gestión, que "fue muy buena", sino por motivos políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba. La "muy buena" gestión de Prada hizo que la Fiscalía reclamara ocho años de cárcel para él por delitos continuados de prevaricación y malversación, además de 6 años para el resto de acusados.

Montoro y Equipo Económico

Por otro lado, el 'caso Montoro' ya tiene fecha para el interrogatorio de sus principales figuras bajo lupa judicial. El juez instructor ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda del Gobierno del Partido Popular, Cristóbal Montoro, entre una treintena de personas más investigadas en la causa. Sin que haya existido alrededor de este caso alguna justificación fuera de lugar por parte del PP, conviene recordarlo por las maniobras ocultistas emprendidas por el ex de Hacienda.

El caso que implica al exministro de Hacienda en el cobro de comisiones a través de Equipo Económico, despacho que el propio antiguo peso pesado del Partido Popular (PP) fundó, por facilitar información confidencial y realizar modificaciones legislativas que beneficiaban a grandes empresas gasistas, de juego y de otras áreas económicas se detonó por la localización casual de un correo electrónico. Y es precisamente una cuenta de e-mail la que está hundiendo al que fuera uno de los pesos pesados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Todo apunta a que Montoro se ubicaba en la cúspide de la organización y, pese al chapucero disimulo, el correo aromero@minhafp.es le delata. Ni su nombre ni su primer apellido aparecen en esta dirección, con la clara pretensión de ocultar quien se encuentra detrás, pero sus propios colaboradores trasladaban a los interesados la existencia de este buzón y quién se encontraba detrás. A esta cuenta asociada al Ministerio de Hacienda llegó en 2015, antes que al juez, el escrito con el que la Fiscalía Anticorrupción pidió que no se imputase al PP por su caja B en la Gürtel.

"Para tu información. El jefe tiene una cuenta de mail, a la que mandamos los temas del ministerio: aromero@minhafp.es". Este mensaje enviado por uno de sus colaboradores a un tercero, revelado por elDiario.es, es el que expone directamente al exministro. Por aquel entonces, el jefe llevaba casi cuatro años consecutivos al frente de Hacienda, más de los completados durante la segunda legislatura de José María Aznar, y aún quedarían tres para verle traspasar la cartera. En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el magistrado instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La Fórmula 1 en Valencia y el 'coste cero' de Camps

La Fórmula 1 es la máxima competición automovilística del mundo y acoger una prueba del campeonato de este deporte es una responsabilidad que requiere que todo esté bajo control. De lo contrario, puede ocurrir lo que pasó en Valencia después de 2012: un evento deportivo del que se dijo que no costaría dinero a los ciudadanos, y que terminó dejando un pufo de más de 300 millones de euros.

Bajo el mandato de Francisco Camps, la Ciudad del Turia fue testigo de la que para muchos expertos y espectadores fue la mejor carrera de la trayectoria de Fernando Alonso, partiendo desde la undécima posición y haciéndose con la victoria en un trazado muy complicado. En lo extradeportivo, sin embargo, no fue todo tan bonito. El que fuera máximo responsable de la autonomía sigue defendiendo, a día de hoy, que el circuito se saldó "a coste cero" para los valencianos y que "lo que se cuenta" no es cierto. "Yo no puedo hacer más", sentenciaba en declaraciones concedidas a ElPlural.com.

El fallido Gran Premio de Valencia, del que solo se disputaron cinco ediciones entre 2008 y 2012, tuvo un enorme coste al erario público de los valencianos. Y lo ha seguido teniendo hasta hace nada, de hecho, ya que en los presupuestos autonómicos de 2024 se contemplaba la última partida para pagar deudas de los 60 millones del crédito para financiar parte de las obras de un trazado que acabó costando 98,6 millones de euros, a los que suman los 111 millones que se abonaron en concepto de canon, otros 26 por los derechos televisivos y la deuda de 44 millones de la empresa Valmor que gestionaba el circuito. Cerca de 340 millones en total.

En 2018 se hizo público en el diario El Mundo el informe del despacho Garrigues que motivó uno de los escándalos más sonados de los costes de dinero público: el pufo que asumió la Generalitat al absorber Valmor, la sociedad a la que Bernie Ecclestone, entonces director ejecutivo de la Fórmula 1, adjudicó los derechos de las carreras, y las ventajosas condiciones que obtuvieron los empresarios cuando se deshicieron de sus acciones porque el evento arruinó su empresa.

Garrigues avisó a la empresa pública Circuito del Motor -entonces presidida por la ex consellera Lola Johnson- que el contrato de traspaso de acciones contenía una serie de "cláusulas no habituales" que, al parecer, sólo beneficiaban a los empresarios. Los propietarios de Valmor eran el ex piloto Jorge Martínez Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja. Asimismo, Garrigues indicó que el contrato incluía "principalmente un reconocimiento por parte del comprador -la Generalitat- de la situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la sociedad Valmor" y que los empresarios no habían cumplido con su "obligación de formular, aprobar y depositar las cuentas anuales de 2010" ante el Registro Mercantil. La Generalitat asumió el compromiso "de restablecer la situación patrimonial y de no instar al concurso voluntario de la sociedad durante los dos años posteriores a la firma del contrato".

La trama eólica, la desvinculación de Mañueco y la 'tinta de calamar'

Viajando hasta Castilla y León, nos encontramos en el epicentro de la trama eólica, un caso que no solo compromete a ex altos cargos de la Junta y empresarios, sino que proyecta su sombra sobre el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque no está procesado, su etapa como Consejero de Presidencia de la Junta coincide con el periodo en el que se gestó el entramado.

La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes 15 de septiembre un macrojuicio que se prolongará hasta enero de 2026, con 43 sesiones previstas. En el banquillo se sentarán catorce personas acusadas de participar en un mecanismo que condicionaba la autorización de parques eólicos a la entrada de determinadas empresas locales como socias. La Fiscalía Anticorrupción calcula que los beneficios obtenidos por estas prácticas superaron los 75 millones de euros, una cifra que sitúa este caso como el mayor escándalo de corrupción de la comunidad.

El presidente castellanoleonés rechazó en el Pleno de las Cortes cualquier implicación personal o de su Ejecutivo en la trama ante la pregunta del PSOE al respecto. Mañueco, pese a formar parte de aquel Gobierno autonómico del PP -era consejero de la Presidencia en los años de la trama-, le dio la vuelta a la tortilla y advirtió que la gestión del PSOE conlleva "incompetencia, mentira y negligencia", un punto en el que se refirió a la supuesta "corrupción" de Pedro Sánchez, echando fuera el balón.

"Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver en ese asunto, hablan de hechos de hace casi 20 años", argumentaba el presidente castellanoleonés, que insistió en el "respeto al proceso judicial" y en su "confianza en la decisión de los jueces". "Paren ya de extender la tinta de calamar para ocultar la corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en su entorno familiar", señaló Mañueco.

Se trata del mayor caso de corrupción de Castilla y León y el principal encausado es el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, a quien la Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa solo por este caso, ya que recientemente fue condenado por prevaricación en la trama corrupta Perla Negra. En total, las peticiones de penas suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros en multas.