Jumilla vive días de tensión y escrutinio público. El municipio murciano, conocido por su producción agrícola, afronta una doble polémica que ha desatado indignación y preocupación en toda España. Por un lado, el dolor por la muerte de una temporera migrante durante su jornada laboral, arrollada por una máquina el pasado 8 de agosto. Por otro, la controversia política generada por la decisión del Ayuntamiento —gobernado por PP y respaldado por Vox— de impedir el uso de instalaciones públicas para celebraciones religiosas islámicas. En este clima, Jóvenes Más Madrid ha lanzado un requerimiento contundente: inspecciones inmediatas en los campos, sanciones ejemplares contra las empresas explotadoras y la prohibición de contratar con la Administración a quienes tengan condenas por vulneración de derechos laborales.
La víctima, de origen marroquí y residente en Jumilla, perdió la vida mientras trabajaba en una finca agrícola. Según denuncian colectivos sociales y Jóvenes Más Madrid, el suceso no puede calificarse de “accidente laboral” aislado, sino como la consecuencia previsible de un sistema productivo que se sostiene, en muchos casos, sobre la explotación extrema de personas migrantes. Testimonios recogidos por organizaciones locales apuntan a jornadas de hasta 14 horas diarias por salarios muy por debajo de lo establecido legalmente. “Ni un solo euro público para quienes llenan sus bolsillos explotando hasta la muerte a las personas migrantes”, ha declarado Beatriz Borrás, portavoz de Jóvenes Más Madrid y diputada en la Asamblea de Madrid. La formación sostiene que, mientras miles de trabajadores del campo —especialmente quienes no tienen papeles— sufren estas condiciones, las administraciones actúan con una “inaceptable pasividad”.
En su comunicado, la organización reclama la reforma de la Ley de Extranjería para eliminar el círculo vicioso que empuja a las personas en situación administrativa irregular a aceptar empleos sin derechos ni garantías. Para Borrás, “esto es explotación, es racismo, y las administraciones deben hacer cumplir la ley con sanciones e inhabilitaciones”. La diputada insiste en que la vida y la salud de los trabajadores del campo no pueden estar supeditadas al beneficio empresarial. Además de la reforma legal, piden que la Unión Europea retire las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a empresas que vulneren los derechos laborales, y que ninguna administración pública contrate sus servicios.
Mientras la comunidad lloraba la pérdida de la trabajadora, el Ayuntamiento de Jumilla aprobó una medida que limita el uso del polideportivo municipal a actividades deportivas o actos organizados por el propio consistorio. Esto impide, de facto, que la comunidad musulmana local —unos 1.500 fieles— pueda celebrar allí festividades como el Aid el-Fitr o el Eid al-Adha, tradiciones que venían desarrollándose durante años sin incidentes. La decisión ha sido criticada por el Gobierno central, que ha presentado un requerimiento para anular lo que considera un “veto encubierto” a la libertad religiosa. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación y organizaciones como la Junta Islámica han anunciado acciones legales por considerar que se vulnera el derecho constitucional al libre ejercicio del culto.
Para colectivos y partidos como Jóvenes Más Madrid, la coincidencia de ambos hechos no es casual. Ven en ellos un patrón que combina la explotación laboral con la exclusión cultural y religiosa. La delegada del Gobierno en Murcia ha llegado a afirmar que “quieren que trabajen todo el día y luego no verlos en la calle o en el médico”, en alusión a políticas que, según ella, buscan invisibilizar a la población migrante. La crisis en Jumilla ha pasado de ser un asunto local a convertirse en un debate nacional sobre derechos laborales, libertad religiosa y convivencia. Para Jóvenes Más Madrid, la respuesta no puede limitarse a declaraciones: se necesitan inspecciones reales, sanciones disuasorias y cambios legislativos que garanticen igualdad y protección. “La vida y los derechos de los trabajadores están por encima de cualquier beneficio empresarial o cálculo político”, concluye Borrás, en un mensaje que conecta con la demanda creciente de que España garantice que quienes sostienen sectores esenciales de la economía no sean tratados como ciudadanos de segunda.
