No era un sábado al uso en la capital de España. Madrid sería devorada por el poder de la marea amarilla. Quienes cuidan, educan, consuelan, alimentan y sostienen los primeros años de vida de los niños y niñas del país decidieron dejarlo de hacerlo en silencio. Miles de personas llegadas desde distintos puntos de la geografía recorrieron el céntrico asfaltado madrileño, con el poder de un millar de voces, para denunciar la precariedad que atraviesa el sector de la educación infantil de 0 a 3 años. Una etapa cuyas trabajadoras reivindican como lo que es: educación básica, no una mera conciliación o un parking de bebés. No es un servicio menor en los márgenes del sistema y así lo han cantado desde el Kilómetro Cero. 

La protesta, convocada por los sindicatos CGT y Comisiones Obreras tras la huelga estatal del pasado 7 de mayo, congregó a educadoras de hasta nueve autonomías, flanqueadas por familiares, estudiantes y representantes de la clase política madrileña. Los convocantes cifran la movilización entre las 15.000 y 20.000 personas. Un tsunami amarillo que inundó la calle de Atocha y que llegó hasta la Puerta del Sol con el fin de exigir a las administraciones y a las patronales una profunda mejora de las condiciones básicas laborales en el ciclo de 0 a 3 años. 

“No pedimos privilegios, pedimos dignidad”

El malestar del colectivo se concentra en varios puntos, pero uno sobresale por encima del resto: las ratios en las aulas. Las trabajadoras denuncian cifras que consideran incompatibles con una atención educativa y afectiva adecuada. Hablan de hasta ocho bebés por educadora en el tramo de 0 a 1 año, de 14 niños en el de 1 a 2 y de hasta 20 menores entre los 2 y 3 años.

A esas cargas se suman salarios que, según las educadoras consultadas, en algunos territorios apenas alcanzan los 1.000 euros, jornadas de atención directa agotadoras y una falta de reconocimiento estructural. Muchas de ellas denuncian que la educación infantil pública queda en manos de comunidades y ayuntamientos con modelos de gestión que acaban dependiendo de empresas privadas, lo que, aseguran, agrava la precariedad.

La reivindicación no se limita a cobrar más, aunque también. Reclaman refuerzo de personal, más recursos, reducción de jornada de atención directa y reconocimiento del tiempo que dedican a preparar actividades, formarse y sostener un trabajo que no termina cuando se cierra la puerta del aula.

Entrar de "pleno" en el sistema

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Cobos, defendió ante los medios que es de “plena justicia” integrar el ciclo de 0 a 3 años “de pleno” en el sistema educativo. Su mensaje fue claro: la solución no pasa simplemente por abaratar plazas, sino por reconocer políticamente el valor de esta etapa. “No se trata de bajar el precio de las plazas, sino de que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo”, insistió Cobos, que llamó a “presionar mucho” al Gobierno y al Congreso para que las reivindicaciones lleguen a traducirse en cambios concretos.

La delegada de CGT Infantil Barcelona, Gina Rius, apuntó en la misma dirección al exigir una modificación de la Lomloe para que el ciclo de 0 a 3 años quede reconocido “como educación”. Rius recordó además que se trata de un colectivo compuesto en un 97% por mujeres, una realidad que conecta la precariedad del sector con la histórica infravaloración de los trabajos de cuidados. Sin condiciones dignas, advirtió, es imposible garantizar una educación de calidad.

Respaldo político

La manifestación contó con la presencia de dirigentes de distintas formaciones. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero respaldaron las reivindicaciones de las educadoras, que acumulan ya siete semanas de lucha para reclamar subidas salariales y una bajada de ratios. Montero destacó que se trata de “una de las profesiones más importantes de la sociedad”.

También asistieron representantes socialistas madrileñas. La portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, criticó la gestión de la huelga indefinida por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y defendió que el Ejecutivo autonómico debe “hacer política” porque “la gente no pide privilegios, pide dignidad para cuidar y educar a bebés”.

En la misma línea, la portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, aseguró que las escuelas infantiles estaban llenando “de dignidad” las calles de la capital mientras el Consistorio les “da la espalda”.

La marcha terminó en Sol, pero el conflicto sigue abierto. La marea amarilla no solo reclama mejoras laborales; exige que el país mire de frente a quienes cuidan la primera infancia. Porque, como repetían muchas educadoras entre consignas, la etapa de 0 a 3 años no es secundaria. Es el principio de todo.

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