El manual de la derecha para acabar con la democracia: control policial, mediático y judicial

La estrategia de la derecha para alcanzar el poder, o mejor dicho, para derrocar a aquel poder que no comulga con sus intereses, cuenta con varios frentes. Son muchas las ocasiones en las que ha quedado escenificada la metodología de la derecha política, mediática y judicial a este respecto, siendo uno de los últimos episodios la condena en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Los tentáculos son largos y conviene conocerlos.

Nada de esto es nuevo. Remontando en el tiempo hasta 2014, en el marco de las cloacas del Estado del Partido Popular, la policía patriótica, una subdivisión destinada a fabricar informes perjudiciales para dirigentes de izquierdas y más concretamente contra Pedro Sánchez, elaboró el informe 'Riesgos PS' con el espionaje que llevó a cabo el excomisario José Manuel Villarejo al entonces candidato a la secretaría general del PSOE y a su entorno familiar. En este documento de varias páginas acerca de la vida privada y política de Sánchez, el cual adelantó este verano en exclusiva el programa Mañaneros 360 y al que tuvo acceso ElPlural.com, se hace mención a distintos miembros de la familia del presidente del Ejecutivo central, tales como su esposa Begoña Gómez, que aparece como BG, y su suegro, Sabiniano GS. Los propios policías que conformaron este espionaje, además, adujeron a una "urgencia de la Superioridad", lo que radica en que muchos de los extractos del informe sean “falsos o no estén corroborados” y que “puede contener errores”. 

En el texto se daban detalles de la vida privada y las actividades de ocio que realizaba la familia en su tiempo libre: “Siendo habitual que tanto ella como sus hijas se les vea frecuentar los establecimientos públicos de la zona y, en especial, el cine Kinepolis, donde son asiduas a las primeras sesiones de tarde, de cualquier día laborable de la semana”. Como este documento y como este espionaje se realizaron cientos durante esos años.

Otro cuerpo del que también se ha hablado mucho en los últimos años es la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aparte de sus métodos, de este organismo ha llamado especialmente la atención la diferencia de apremio de sus agentes en función del caso que les toque atender. Para elaborar los informes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el 'caso Koldo' o el de Begoña Gómez, apenas bastaron unos días desde que se dio la orden hasta que el texto se consumaba. En contraposición, hace ya casi 150 días que la Fiscalía Anticorrupción ordenó a este cuerpo, dirigido por Antonio Balas, que elaborara un informe sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus delitos de corrupción en los negocios y falsedad documental. Medio año, y sin rastro de tal documento.

Los medios de comunicación, las redes sociales y los bulos

Otra arista de vital importancia para el control de la actualidad y el relato son los medios de comunicación y las redes sociales. En la Comunidad de Madrid, esRadio, Radio Intereconomía y la Cadena Cope son las emisorasmás beneficiadas por la publicidad institucional. Así han resultado al menos en los últimos ejercicios, donde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha regado de dinero a estas cadenas radiofónicas por compartir esta clase de publicidad y/o entrevistar a miembros de Sol.

La Cadena Cope resultó ser la que recibió un mayor pago de la región madrileña por realizar publicidad en medios de comunicación -después se ampliará esta idea-, pero no ha sido la más beneficiada por la autonomía bastión del PP. Sí así esRadio y Radio Intereconomía, de Federico Jiménez Losantos y Julio Ariza respetivamente, en relación con la audiencia de la que disfrutan. En números, pese a que la segunda emisora solo tuvo un 0,1% de la audiencia acumulada diaria de todas las radios de 2022 (último ejercicio disponible), según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC); una cifra que, sin embargo, le bastó a la cadena de radio para recibir al año siguiente de mano de la Comunidad de Madrid 180.319 euros para insertar publicidad. Esta ratio se corresponde con la más alta de todas las emisoras en las que la Comunidad de Madrid incluyó publicidad el pasado año. A ella le sigue esRadio que, con un 1,6% de audiencia acumulada diaria, obtuvo cerca de 400.000 euros (398.653). O lo que es lo mismo: 24.916 euros por cada 0,1 puntos de audiencia.

En cuanto a las redes sociales, es la extrema derecha quien lleva la batuta de la desinformación y los bulos. Millones de bots inundan las timelines de redes sociales como Twitter difundiendo mensajes de extrema derecha, con contenido de odio y desinformación. La propia Macarena Olona, ex de Vox, señaló estas prácticas con las campañas de desprestigio en favor de Santiago Abascal que sufrió cuando abandonó la formación de extrema derecha. "Lleváis meses enviándome vuestros bots y echándome encima a vuestros satélites mediáticos. Da la cara y acepta un debate público", escribió a través de Twitter. Tal y como pudo saber ElPlural.com a través de fuentes internas de la formación con domicilio en Bambú, estos ataques tendrían como presunto centro de operaciones a Álvaro Zancajo. De hecho, Vox propuso en el Congreso de los Diputados que el anonimato en redes sociales se garantice cuando se ejerza la libertad de expresión "de manera legítima" y "sin sobrepasar los límites establecidos por la Constitución y por el Código Penal", en una maniobra que escudaba de pleno a las cuentas automatizadas de la extrema derecha, que siempre son precisamente perfiles anónimos.

El lawfare y sus tentáculos

La tercera rama de la desnaturalización del adversario político es, precisamente, la fabricación y utilización de la justicia con fines políticos. Tal fenómeno se sintetiza en un concepto, el lawfare. 

Sumar y Podemos volvieron a hablar de este término esta semana tras la condena al fiscal general del Estado. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, defendió que su grupo “ha sido muy claro” en lo que respecta a García Ortiz. "Nuestra formación no va a contribuir al lawfare en este país", señalaba, además de catalogar el proceso judicial como una "estrategia de golpe blando hacia el Gobierno" por el significado de la figura del fiscal general, que es elegido y designado por el propio Ejecutivo. "Parece ser que ahora, cuando se ven implicados cargos suyos o figuras relevantes del Estado que ponen en riesgo al presidente del Gobierno, asumen que hace demasiado tiempo que hay jueces jugando a hacer política y a derribar gobiernos”, argumentaba el diputado de Sumar, haciendo referencia a cuando las situaciones similares le afectaban a los representantes de la izquierda. Podemos sufrió precisamente este fenómeno cuando se fabricaban bulos y causas judiciales sobre la presunta financiación irregular del partido y sobre los antecedentes penales de sus integrantes.

Por su parte, la diputada Tesh Sidi, de Más Madrid, tildó de “sin precedentes en nuestra democracia” el juicio contra García Ortiz y ha denunciado que la Fiscalía, “por hacer su trabajo”, termine en el banquillo de los acusados por supuestamente filtrar datos personales. Varios periodistas testificaron que García Ortiz no era la fuente y que conocieron la información antes de que él lo hiciera, defendiendo su inocencia. 

Por otra parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado estar sufriendo, en el mismo sentido, "una campaña difamatoria de falsedad y vilezas" después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil publicara un nuevo informe que le exculpaba de todas las acusaciones que se han vertido sobre él estos meses. La 'Operación Delorme', que investigaba la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus, ha terminado aclarando que no existen indicios ni pruebas para incluir entre ellos al ministro de Política Territorial, por lo que se limita a incluir entre los investigados únicamente al ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, José Luis Ábalos; a su ex asesor en el Ministerio, Koldo García; y al empresario conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

En concreto, Torres estaba siendo acusado por el caso de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, a la que la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud hizo una compra de mascarillas que ascendió a 12.317.580,24 euros. Alrededor de ese contrato ha habido innúmeros rumores, pero el informe ha concluido que no existieron "ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones, ni encuentros con narcotraficantes”. “El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama”, han entonado fuentes del ministerio.