[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"23669","attributes":{"alt":"El alcalde de Baralla, Lugo, Manuel González Capón (c). EFE/Archivo","height":"525","width":"800","class":"media-image size-full wp-image-199946 media-element file-media-large"}}]] El alcalde popular de Baralla (Lugo), Manuel González Capón, incluido en el informe que la ARMH presentó ante la Fiscalía General. EFE/Archivo



Ni Rafael Hernando, el que vinculó con razones económicas la búsqueda de familiares asesinados, ni el resto de los integrantes del PP como Pablo Casado, Jaime Mayor Oreja o Mariano Rajoy que fueron incluidos en la denuncia por humillar a las víctimas se llaman Guillermo Zapata o pertenecen a partidos ajenos a los conservadores. La Fiscalía General del Estado (FGE) archivó la denuncia alegando que no encontraba "elementos suficientes" como para ejercer acciones penales o civiles y no emprendería por tanto "ninguna actuación". Una actitud completamente diferente a la que siguió la Fiscalía de la Audiencia Nacional respecto al edil de Ahora Madrid.

"Víctimas de segunda" sin ningún derecho
Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la responsable de la denuncia, acaba de anunciar que recurrirán la decisión de la FGE de "no investigar los insultos a las víctimas del franquismo ni el enaltecimiento de la dictadura". En un comunicado alertan de que no se puede "establecer un 'apartheid' entre víctimas de violaciones de derechos humanos" por el cual existan diferentes niveles de amparo y protección. "Aquí hay víctimas de primera con todos los derechos garantizados por el Estado y víctimas de segunda que no tienen ninguno", denuncian, reclamando así amparo "por parte de los poderes del Estado y en especial por el poder judicial".

El informe inicial recordaba las negativas del PP a condenar el franquismo, los homenajes...
Ante esta situación, la ARMH prepara una querella en la Audiencia Nacional contra los casos particulares que ya incluyó en el informe rechazado por la Fiscalía General del Estado. En aquel informe se enumeraban diferentes ocasiones en las que el PP se ha negado a condenar la dictadura franquista, la renovación desde el ministerio de Justicia de títulos nobiliarios otorgados por Franco a criminales de guerra o las declaraciones de Mariano Rajoy cuando la Audiencia Nacional paralizó las exhumaciones de desaparecidos. También se recogía el veto del PP en el Parlamento Europeo a una exposición sobre las exhumaciones de fosas en España, el reconocimiento del ministro del Interior, Jorge Fernández, a la División Azul que apoyó al ejército nazi; así como las declaraciones del alcalde popular de Baralla (Lugo) en las que dijo que los asesinados por la dictadura franquista quizá se lo merecían.

Incumplimientos del Gobierno de Rajoy subrayados por la ONU
La ARMH, colectivo que busca desaparecidos de la dictadura, recuerda que la represión de los franquistas hizo desaparecer al menos a 114.226 personas y todavía en nuestras calles y plazas hay miles de placas, monumentos y denominaciones que celebran el mayor uso de la violencia de nuestra historia reciente. E insisten en que organismos internacionales constatan la falta de reparación. De hecho el comité de la ONU contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación han alertado "de los numerosos incumplimientos por parte de los gobiernos españoles de sus obligaciones humanitaria" en relación a las víctimas del franquismo.