El Partido Popular (PP) y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno de coalición en la Región de Murcia, desatando una serie de críticas y controversias en torno a su contenido. Este pacto, que consta de 30 puntos -el más corto de todos los acuerdos firmados entre derecha y extrema derecha-, allana el camino para la investidura del líder del PP, Fernando López Miras, como presidente regional, programado para este jueves.
El acuerdo ha sido suscrito por Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox, quien también asumirá la Portavocía de su grupo parlamentario cuando el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, se integra en el nuevo Ejecutivo como vicepresidente. A pesar de las declaraciones conjuntas, ambas partes han presentado sus opiniones por separado.
Según el portavoz 'popular', los 30 puntos del acuerdo se basan en las políticas del PP como partido mayoritario, incorporando algunas aportaciones de Vox en cuestiones que, según ellos, comparten intereses comunes. Estos puntos incluyen la defensa del trasvase Tajo-Segura, la promoción de un Plan Hidrológico Nacional, la protección del sector agroalimentario y del estado del bienestar, además de políticas relacionadas con la familia, la brecha salarial y la violencia de género.
Sin un plan para el Mar Menor
Uno de los aspectos más polémicos es la cuestión del Mar Menor. A pesar de las diferencias entre las dos formaciones sobre la Ley del Mar Menor (con Vox deseando derogarla y el PP abierto a modificarla), el acuerdo apenas menciona posibles cambios. Esto ha generado preocupaciones significativas sobre la verdadera intención detrás de este pacto en relación con la protección del medio ambiente en la región. La ambigüedad en torno a las concretas para abordar los desafíos que enfrenta el Mar Menor ha llevado a preguntas sobre si este pacto realmente servirá para proteger adecuadamente este importante ecosistema.
En cuanto a la educación, el documento no es claro respecto a la presencia del "pin parental", una medida defendida por Vox pero negada por el PP. Aunque Vox afirma que esta medida se aplica de manera indirecta, utilizando medidas dentro de las competencias educativas de la Comunidad Autónoma que no colisionan con la legislación nacional. Sin embargo, la falta de detalles concretos y la ambigüedad en torno a cómo se implementará esta medida plantean incertidumbres sobre su alcance y efectividad reales. Además, la inclusión de evaluaciones periódicas y la presión para mejorar los resultados académicos en Matemáticas y Comprensión Lectora han suscitado preocupaciones sobre la posible sobrecarga de los estudiantes.
Cero menciones a la violencia machista
El acuerdo entre el PP y Vox también hace hincapié en la promoción de la familia y la natalidad como parte fundamental de su programa. Sin embargo, las declaraciones generales sobre el apoyo a la natalidad y la conciliación familiar y laboral carecen de detalles concretos sobre cómo se traducirán en políticas efectivas. La falta de medidas específicas para abordar la disminución de la natalidad y brindar un auténtico apoyo a las familias plantea interrogantes sobre la viabilidad de estas intenciones. Además, la ausencia de un plan sólido para abordar las necesidades de las familias en la región plantea dudas sobre si estas promesas se traducirán en mejoras tangibles en la calidad de vida de las familias murcianas.
En este sentido, un aspecto notable del pacto es la llamativa ausencia de cualquier mención de la violencia machista o de género. A pesar de que el documento hace referencia a la necesidad de "erradicar la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores", no utiliza los términos específicos de "violencia de género" o "violencia machista". Esta omisión resulta significativa y ha generado críticas de grupos feministas y defensores de los derechos de las mujeres, que temen que esta falta de enfoque específico pueda tener un impacto negativo en la lucha contra la violencia de género en la región. La ausencia de un compromiso explícito para abordar esta problemática plantea preguntas sobre la gravedad y el enfoque del gobierno en la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables.
El acuerdo también aborda cuestiones relacionadas con la gratuidad de la educación infantil, la eliminación de ideologías en las aulas y la implementación de evaluaciones periódicas. Sin embargo, el enfoque en la evaluación de Matemáticas y Comprensión Lectora ha generado preocupaciones sobre el posible exceso de presión en los estudiantes.
Por último, otro punto destacado en el acuerdo es la propuesta de promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, en lugar del modelo de subvención directa. Vox, que ya ha llevado a cabo esta medida en Castilla y León, relaciona este cambio con las ayudas que reciben patronales y sindicatos, señalando que estas organizaciones a menudo reciben fondos simplemente por su estatus. Sin embargo, la falta de claridad en torno a cómo se implementará este cambio y qué criterios se utilizarán para otorgar subvenciones bajo este nuevo modelo genera incertidumbre en diversos sectores. La patronal murciana, CROEM, ha expresado preocupación y destacado que las cantidades que reciben no deben ser consideradas subvenciones, sino una compensación por su participación en consejos consultivos.
