La demora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una de las bazas que más está utilizando el Partido Popular para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y alegar la falta de viabilidad del mismo. La nueva prórroga presupuestaria ha provocado que se supere el anterior récord de demora que ostentaba Cristóbal Montoro bajo el mando de Mariano Rajoy, y el horizonte no parece mejorar a vista de las tensiones parlamentarias imperantes. No obstante, el panorama de la Cámara Baja se replica en regiones dirigidas por el PP sin que los de Alberto Núñez Feijóo presenten la misma insistencia, como en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco ha alcanzado este 2026 su sexta prórroga presupuestaria.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este martes la prórroga presupuestaria para este 2026 después de que ningún partido de la oposición apoyara las cuentas del PP. Las Cortes aprobaron a finales de noviembre las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición. 47 procuradores del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto votaron a favor de devolver las cuentas.

El PP se opuso y los dos procuradores no adscritos, anteriormente en Vox, hicieron lo propio. Solo el procurador de Por Ávila se abstuvo. El objetivo de esta prórroga de Presupuestos, según el propio Ejecutivo castellanoleonés, es "garantizar novedades para el próximo año, como la estrategia de lucha anti incendios y las subidas salariales de los empleados públicos". El Decreto tiene cuatro artículos en los que se discurre sobre los créditos que se prorrogan y los que no. una disposición adicional y una disposición final. Así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no, pudiendo acordar la no disponibilidad de los créditos que la Junta estime necesarios para su cumplimiento.

"Seis prórrogas, seis"

Ante las constantes críticas del Partido Popular al Ejecutivo central por no sacar adelante las cuentas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, quiso responder haciendo referencia al ejemplo del propio Mañueco: "Seis prórrogas, seis. Pero aquí nadie ha dicho que sea un gobierno incapaz de gobernar. Repito la de hoy, la sexta". Un mensaje irónico que acompañaba a una información difundida por Radio Valladolid de la Cadena SER.

Castilla y León lleva varios ejercicios funcionando con presupuestos prorrogados, una situación que ha generado críticas desde la oposición y desde otros ámbitos políticos, pero que no ha trascendido del mismo modo que lo ha hecho la situación del Ejecutivo central.


Superado el récord de Montoro

Las cuentas públicas han batido el récord que hasta ahora tenían los últimos Presupuestos Generales del Estado que firmó Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquellas cuentas estuvieron en vigor 912 días, del 3 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020, pero la longevidad de los de María Jesús Montero les ha superado: 1097 días, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2026.

Aquellas cuentas nacieron ya con un sendero espinoso. Fueron inicialmente aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que cayó en desgracia con una moción de censura y que tuvieron que ser defendidas por María Jesús Montero, entonces nueva titular de Hacienda, en el Congreso. La ley fundamental fue firmada por Pedro Sánchez, que apenas llevaba un mes en La Moncloa y asumió unas cuentas elaboradas por el anterior Ejecutivo, de distinto signo ideológico y con otras prioridades a la hora de elaborar unos Presupuestos.

Casi ocho años después de que se aprobara aquella ley, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta nuevamente a una situación inédita. Esta es la tercera prórroga a la que hacen frente, e independientemente de que el Gobierno apruebe unas cuentas en el primer trimestre, los Presupuestos de Montero ya superan a los de Montoro en longevidad. 1097 días y sumando, a la espera de unas elecciones en 2026 o 2027 que dibujen un nuevo panorama para las cuentas. 

Hacienda ha puesto en marcha los trámites para esta nueva prórroga, que en el Gobierno confían en que sea ‘técnica’, en el último Consejo de Ministros de 2025. En él, se aprobó un acuerdo con los criterios con los que se efectuará esa extensión de las Cuentas al ejercicio 2026 y también se ordenó a las diferentes carteras que adapten los créditos vinculados a los fondos europeos al último año de vigencia del Plan de Recuperación, antes de incurrir en nuevos gastos financiados con este ‘maná europeo’.

Por su parte, el Ejecutivo se mantiene firme en sus planes de presentar el proyecto de PGE para 2026 en el primer trimestre del año. Cuando aprobó el techo de gasto y la senda de déficit para el borrador de Presupuestos, la vicepresidenta Montero se propuso como fecha para hacerlo el próximo mes de febrero, pero las últimas declaraciones públicas del Ejecutivo se refieren exclusivamente a los tres primeros meses de 2026. Con ello, la puerta queda abierta hasta marzo, y mientras tanto, el Ejecutivo espera una resolución por parte del Tribunal Constitucional sobre la amnistía que permita el regreso de Carles Puigdemont a España y de Junts a la mayoría de la investidura, de la cual se han alejado indefinidamente en los últimos meses.

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