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La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, recibió la llegada del 2009 junto al empresario Enrique Ortiz y sus respectivas familias en Andorra, donde estuvieron acompañados de otros cargos del PP. Según la Policía, el constructor y accionista del Hércules regaló el viaje a la política popular, lo que es un escándalo porque Ortiz es adjudicatario de las principales contratas de ese municipio. Este lunes, El Mundo publica fotos de ese viaje, adelantadas en mayo pasado, en las que se les ve a ambos en una auténtica fiesta de pijamas. Mientras, el Ayuntamiento está a punto de la bancarrota y a expensas de un nuevo rescate del Gobierno.
Más de 40 millones de euros cada año
El empresario ha conseguido renovar todos sus contratos, por un importe que supera los 40 millones de euros al año a pesar de que tanto él como la alcaldesa Castedo están imputados en el caso Brugal y se investiga si la alcaldesa cometió tráfico de influencia y cohecho al beneficiar al constructor en el Plan General Urbanístico de Alicante.
Sonia Castedo, la pierna en alto, junto a Enrique Ortiz (camisa de cuadros) y otros cargos del PP en Alicante, junto a familiares, en Andorra. Foto: 'El Mundo'
Una amistad íntima
Castedo admitió ante el Tribunal Superior de Justicia su amistad con Ortiz, después de conocerse que en la investigación constan grabaciones de conversación telefónicas en las que esa relación queda patente. Sin embargo, la alcaldesa negó que mantuviera “una amistad íntima” cuando la oposición le pidió que se abstuviera en los procesos de adjudicación al empresario por este motivo.
2.000 euros, la estancia de hotel
Según la investigación del caso Brugal, Ortiz pagó el viaje y la estancia en Andorra a Sonia Castedo y su marido, ya que el empresario abonó la reserva y el matrimonio no ha podido demostrar con movimientos bancarios que realizaran pagos de la estancia en el hotel, que ascendió a 2.000 euros, o el viaje.
La alcaldesa junto al empresario Enrique Ortiz. Foto 'El Mundo'
Mientras, el Ayuntamiento, en quiebra
La publicación de las fotos es demoledora en un momento en el que se ha hecho público que el Ayuntamiento de Alicante tendrá que pagar en los próximos diez años más de 233 millones de euros de deuda financiera para evitar la bancarrota y poder garantizar los servicios básicos de la ciudad. El Gobierno local tendrá que pedir por segunda vez el rescate del Gobierno, que ya inyectó 47 millones de euros, hace año y medio, para poder pagar las facturas de proveedores, según ha confirmado el concejal de Hacienda, Juan Seva.
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