La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular lleva callada, sin decir ni mu, desde el pasado sábado, 25 de octubre, cuando en la presentación de la Intermunicipal del PP celebrada en Murcia dijo, sin pestañear, estar escandalizada, “como todos, y estamos trabajando sin descanso para que no se repitan las malas prácticas del pasado”. El lunes, se ponía en marcha la “operación Púnica” y el presidente de la Diputación de León, el “popular” Marcos Martínez, pasaba del abrazo efusivo a Cospedal, recogido por todos los medios de comunicación, a los calabozos de la Guardia Civil y de ahí a la cárcel de Soto del Real por su supuesta pertenencia a una trama de corrupción que, liderada por Francisco Granados, otrora amigo de Cospedal y exnúmero dos de Esperanza Aguirre, operaba en diferentes puntos de España y que estaba integrada por más de medio centenar de personas, entre políticos, empresarios y funcionarios, que repartían comisiones, mordidas y contratos a través de varias empresas, entre las que se encuentra Cofely, una filial del gigante energético francés GDF Suez, que también hizo negocios con el Gobierno castellano-manchego que preside la, hoy por hoy, cuestionada María Dolores Cospedal.
De la Policía Nacional a la Guardia Civil
Qué Cospedal está muy preocupada por lo que le pueda salpicar esta tormenta perfecta de la corrupción, eso lo saben en Moncloa, en la calle Génova y en Toledo, donde no extraña su clamoroso silencio, aunque se espera que este lunes diga: “hola, estoy aquí”, ironiza un líder nacional del PP en declaraciones a ELPLURAL.COM. Y lo saben porque, además de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros recibida por la secretaria general del PP para financiar su campaña electoral en Castilla-La Mancha de 2007, ahora se suma el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que por decisión judicial revisará uno por uno todos los contratos firmados por Cofely, una de las empresas que más se benefició de las licitaciones supuestamente corruptas que llevaron al juez a ordenar la detención de sus máximos dirigentes.
Cospedal dio a Cofely un negocio de un millón de euros
Y es que últimamente es muy difícil no encontrar a María Dolores Cospedal en todos los charcos donde la palabra corrupción salpica a los políticos. Tanto es así, que el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside la neocon no es ajeno a este nuevo escándalo. En agosto del año pasado ()), Cospedal concedía a Cofely un jugoso contrato de 460.926,54 euros para “la monitorización y el mantenimiento integral de las instalaciones físicas del Centro de Proceso de Datos de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la JCCM”. Siete meses después, la operación se volvía a repetir, en este caso con el Servicio de Salud que le otorgaba, por valor de 425.162,54 euros el “mantenimiento integral de edificios e instalaciones de los centros de salud y consultorios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo” (). Ambas concesiones, por un total cercano al millón de euros, están siendo investigadas por la Guardia Civil, cuyos resultados serán enviados al juez Eloy Velasco que instruye esta causa de esta nueva corrupción política en la Audiencia Nacional.
Fuensalida, al borde de un ataque de nervios
Dicho esto, a nadie sorprendería que la Guardia Civil llamara a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, en busca de la letra pequeña de los citados contratos, que se sepan dos, para conocer los pormenores de los mismos. Aunque, eso sí, el Ejecutivo presidido por Cospedal se ha apresurado a negar la mayor y, aun es más, ha repudiado a la citada empresa Cofely a quien, siempre según los portavoces del Gobierno manchego del PP, se ha procedido a rescindir el contrato porque “no funcionaba bien ni cumplía con su trabajo”, reconocía esta semana el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz. Declaraciones que no tranquilizaban ni a propios ni a extraños, sobre todo a los inquilinos del palacio de la Plaza del Conde, donde se vive en un continuo ataque de nervios.
El PSOE pide explicaciones
Y como las razones esgrimidas por el Gobierno de Cospedal no son nada creíbles, el PSOE ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha una solicitud de información sobre los contratos que ésta estableció con Cofely. “No vamos a decir que sean legales o no, pero no tenemos información, y como consideramos que el caso es grave, sería bueno que el Gobierno hiciera un ejercicio de máxima transparencia y explicara por qué se rescindieron estos contratos y en qué sentido se estaban incumpliendo”, concreta la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre.
¿Y qué pasa con Cañas y los 200.000 euros?
Por otro lado, la portavoz de los socialistas castellano-manchegos se ha preguntado si el PP en la región ya ha echado al gerente del partido, José Ángel Cañas, por la presunta recepción de 200.000 euros que habría donado la empresa Sacyr para la campaña electoral del PP en la región en 2007. Maestre ha planteado que si el PP no ha prescindido de Cañas por la firma de ese recibí, el gerente del PP “podría estar administrando” la próxima campaña electoral de mayo del año que viene de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. ¡Ojo al dato!
