[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"24579","attributes":{"class":"media-image wp-image-322207 ","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"427","alt":"Los exdirectivos de Novacaixagalicia, el exdirector general Jos\u00e9 Luis Pego (i), uno de los gestores de la oficina de integraci\u00f3n, \u00d3scar Rodr\u00edguez Estrada (2i), el exdirector general adjunto ejecutivo Javier Garc\u00eda de Paredes (2d) y el abogado Ricardo Pradas (d), en el banquillo de los acusados durante el juicio contra ellos. EFE"}}]] Los exdirectivos de Novacaixagalicia, el exdirector general José Luis Pego (i), uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada (2i), el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes (2d) y el abogado Ricardo Pradas (d), en el banquillo de los acusados durante el juicio contra ellos. EFE



Este lunes comienza el juicio por las millonarias indemnizaciones que se repartieron los altos ejecutivos de Novacaixagalicia, la caja resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, tras recibir de las arcas del Estado un rescate de 1.162 millones de euros.

Hoy comienzan las declaraciones ante la Audiencia Nacional de los miembros de la cúpula de Novacaixagalicia, que se extenderán hasta el viernes. Serán interrogados el excopresidente Julio Fernández Gayoso; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada; el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el exdirector general José Luis Pego; el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas.

Se repartieron 18,9 millones
Están acusados del cobro presuntamente irregular de 18,9 millones de euros en prejubilaciones y enfrentan una pena de tres años de prisión que pide la Fiscalía Anticorrupción por apropiación indebida y, alternativamente, por estafa.

El 29 y 30 de junio y el 1 de julio tocará el turno de los peritos, y el juicio finalizará el 8 y 9 de ese mes con las conclusiones finales.

En su escrito provisional de conclusiones, el fiscal detalla que Pego cobró 7,7 millones de euros; García de Paredes, 5,6 millones; Gorriarán, 4,8 millones y Rodríguez Estrada, 691.261 euros.
Novacaixagalicia empezó a funcionar el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 1.162 millones de euros.

Según Anticorrupción, el exdirector general José Luis Pego y el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán acordaron, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección" que les garantizara "una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras" si abandonaban la entidad tras la fusión. Lo llevaron a cabo en mayo de 2010, con la "colaboración de Fernández Gayoso [excopresidente] y "con pleno conocimiento" de "la complicada situación de ambas cajas y, lógicamente, de la entidad nacida tras su integración".

Lo ocultaron al Consejo de Administración y al Banco de España
Los contratos fueron renovados "no sólo con las mejoras salariales", sino también con el reconocimiento de compromisos por pensiones, que, para el caso de que renunciaran, "podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad". El abogado Ricardo Pradas redactó, a petición de Fernández Gayoso, las nuevas cláusulas de los contratos de los tres directivos "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban".

Las modificaciones se ocultaron primero a la Comisión de Retribuciones, y después al Consejo de Administración no solo de las cajas sino también de NCG, donde Fernández Gayoso, con la "deliberada intención" de ocultar "las verdaderas reformas e innovaciones", se limitó a exponer que Novacaixa había suscrito tres contratos de alta dirección. Asimismo, se acordó que el exdirector general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes suscribiera otro "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

Las liquidaciones "no fueron debidamente conocidas" ni autorizadas por el Consejo ni por el Banco de España, infringiéndose además las limitaciones asumidas por NCG frente al FROB en materia de indemnizaciones", según Anticorrupción.