[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"32728","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-254796","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"475","alt":"Dos integrantes de la Asociacion Victimas del Metro 3 de julio, durante una concentraci\u00f3n en la que se ha exigido el auto de la Audiencia Provincial de Valencia que ordena reabrir el caso y practicar nuevas diligencias de investigaci\u00f3n sobre las causas del accidente de Metrovalencia que cost\u00f3 la vida a 43 personas. EFE\/Archivo"}}]] Dos integrantes de la Asociacion Victimas del Metro 3 de julio, durante una concentración en la que se exigió reabrir el caso y practicar nuevas diligencias de investigación sobre las causas del accidente de Metrovalencia que costó la vida a 43 personas. EFE/Archivo



Ocho años después del accidente del Metro de Valencia, en el que murieron 43 personas, la empresa fabricante de la caja negra de uno de los tres implicados ha desmentido que los datos se borran de manera automática al ser leídos, y ha confirmado que sólo se pueden eliminar si se borran de manera expresa. La confirmación de la empresa HaslerRail AG en España desmiente las declaraciones del jefe de talleres  en aquellas fechas, Domingo Alepuz, que aseguró que “durante la transferencia de datos, por cuestiones técnicas de estos aparatos, ha conllevado el borrado de los mismos”. El nuevo testimonio añade más interrogantes a un caso polémico por las denuncias de irregularidades e intentos de silenciamiento hechas por familiares de las víctimas y extrabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

La caja no pierde los datos por sí misma
HaslerRail AG, fabricante de la registradora Teloc 2.200, que estaba instalada en el tren siniestrado, ha explicado a la jueza que instruye este caso que la máquina “no pierde los datos internos después del volcado de los mismos” y que la única “posibilidad de borrar los datos internos tras hacer el volcado” depende “de la decisión del operador del tren”. Las afirmaciones del jefe de talleres sobre que el borrado fue inevitable, incluidas en la primera instrucción de este caso, nunca fueron comprobadas.

El jefe de talleres accedió a los datos sin presencia judicial
El jefe de talleres de Metro de Valencia en 2006, cuando sucedió el accidente, Domingo Alepuz, fue quien extrajo y leyó los datos de la caja registradora de eventos de la UTA 3736, la madrugada del 4 de julio, en los talleres de Valencia Sud. Lo hizo sin presencia judicial, aunque en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes Valencianas sobre el accidente dijo que “la caja negra se leyó a requerimiento de la policía científica”. Junto a él en el momento de acceder a la principal prueba del siniestro sólo estuvo presente un policía nacional, sin experiencia en este tipo de acciones. El agente lo admitió así ante la jueza, según publica el diario Levante.

La Policía se llevó sólo un disquete y dejó la registradora
La caja registradora de eventos de la UTA 3736 fue colocada en otro tren para extraer los datos con un ordenador portátil porque era era la única manera de leerlos, según justificó Domingo Alepuz, aunque un trabajador de talleres desmintió este punto en el juzgado. La información fue grabada en un disquete que se leyó en otro ordenador. El policía que asistió a este proceso sólo hizo fotos de la pantalla del último ordenador en el que se leyeron los datos y sólo se llevó a la Jefatura Superior de Policía el disquete, ya que la caja negra se quedó en FGV, sin precintar. La Policía Científica recogió la caja registradora unos días después.

Las acusaciones de familiares y extrabajadores de Ferrocarriles
El nuevo dato añade aún más interrogantes en un caso ya lleno de lagunas y de denuncias por parte de familiares de las víctimas. En abril de 2013, el programa Salvados de La Sexta recogió algunas de sus declaraciones, las de un maquinista y las de un exalto cargo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), sobre presuntas maniobras de la Generalitat bajo el mandato de Francisco Camps para silenciar las causas del accidente y evadir responsabilidades.

Juan Cotino
El programa puso el foco sobre uno de los hombres fuertes del PP valenciano, Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas, a quien algunos familiares señalaron como uno de los máximos responsables de la gestión política del siniestro. El político popular fue preguntado por las ofertas de trabajo e indemnizaciones que se ofreció, supuestamente, a familiares a cambio de su silencio. Varios de los familiares de las víctimas denunciaron que miembros del Gobierno valenciano acudieron tras el accidente a los tanatorios y a sus domicilios particulares con ese fin.

Se instruyó a los técnicos sobre lo que debían decir
El exjefe del departamento de Seguridad de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana Arturo Rocher reconoció que todos los técnicos de la empresa pública fueron asesorados antes de comparecer en la comisión de investigación que tuvo lugar en las Cortes con el objetivo de que el Gobierno de Camps pudiera eludir sus posibles responsabilidades.

El accidente pudo evitarse, según un maquinista
Según admitió, la empresa coaccionó a los técnicos para que mantuvieran la versión oficial de que la tragedia de Metro fue un “accidente inevitable”. Incluso Ferrocarriles contrató los servicios de una consultora experta en comunicación e imagen, HM & Sanchis, para aleccionar a los técnicos que estaban citados por la comisión de investigación.

Incluso les hicieron memorizar respuestas tipo para las preguntas más peliagudas. La versión oficial mantuvo que el único responsable fue el maquinista, fallecido en el accidente.