La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dejado fuera del caso Ghali a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya. Los magistrados dan la razón a la Abogacía General del Estado y levantan la imputación para la exministra de Asuntos Exteriores al considerar que no hay indicios de que apunten que conocía la existencia de "un interés judicial" sobre el líder del Frente Polisario (en referencia a sus causas abiertas entonces en la Audiencia Nacional).

En un auto de este jueves, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza concluye que no hay motivos para mantener imputada a la exministra por la entrada y salida de Brahim Ghali en España. Los magistrados revocan de esta forma la decisión del magistrado instructor tal y como ocurrió con su mano derecha en el Ministerio Camilo Villarino.

Los magistrados explican en su auto que es "innegable" que González Laya no conociera la finalidad del viaje (ser tratado en Logroño de coronavirus) y que incluso "tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello". Sin embargo, precisan que no hay indicios que soporten la tesis de que estaba al corriente de las causas abiertas contra Ghali en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo o genocidio o torturas, entre otros.

"Como se viene diciendo, a nivel indiciario parece indudable que el Sr. Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo. Ya se ha dicho que dicha decisión se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal. Estas consideraciones también serán aplicables aquí. Ahora bien, en los límites que podrían señalarse a estos tipos de actos políticos o de gobierno estaría lo relativo al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la colaboración con Jueces y Tribunales", indican los magistrados en el citado documento.

La propia Laya explicó en su interrogatorio ante el magistrado Rafael Lasala que la entrada de Ghali en España fue una decisión política, que se trató con discreción y que, efectivamente, en ningún momento se le pidió el pasaporte ni a su llegada a Zaragoza el 18 de abril ni a su salida ya en junio cuando estaba recuperado. "¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en territorio Schengen? Pues no señoría, no lo hicimos porque nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre los dos países", explicaba Laya entonces.