La cuesta de enero se le puede atragantar al Gobierno. Este miércoles se celebrará el primer gran pleno del año con tres decretos que constatan la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, en constante litigio con sus socios, poniendo contra las cuerdas varias medidas sociales de gran importancia como el abaratamiento del transporte público o la reducción del IVA en alimentos de primera necesidad. Concretamente, son Junts per Catalunya y Podemos quienes más están presionando a PSOE y Sumar con tumbar los tres decretos que se debatirán, de forma extraordinaria y por obras de remodelación en el Congreso, en la Cámara Alta en un orden del día del que pueden depender hasta 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Los neoconvergentes, liderados por Jordi Turull en Barcelona, Carles Puigdemont en el exilio y Miriam Nogueras en Madrid, han avisado de que votarán en contra de los tres decretos al considerar que algunas de las medidas planteadas en uno de los decretos -en el que se debaten de forma conjunta varias medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo- podrían dejar sin efecto la aplicación de la ley de amnistía, cuyas enmiendas serán también debatidas en el pleno de este miércoles.

Concretamente, preocupa sobremanera en la formación catalana una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) incluida en el decreto ómnibus que, a su juicio, dejaría en suspendo cualquier causa judicial en el momento en el que algún magistrado recurriese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La dirección de los posconvergentes considera que esta herramienta permitiría obstaculizar la ley de amnistía una vez aprobada en el Congreso de los Diputados.

El partido independentista, principal amenaza en la aritmética variable que facilitó la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será la única amenaza a la que se enfrentará la coalición de Gobierno. Podemos, una vez diluido en el Grupo Mixto como formación independiente y autónoma de las directrices emanadas por Yolanda Díaz, se abrió este domingo a tumbar la reforma del subsidio de desempleo, presente en el real decreto-ley 7/2023 que será sometido a votación en esta sesión plenaria convocada de forma extraordinaria al ser enero un mes tradicionalmente inhábil en las Cortes.

Los liderados por Ione Belarra creen que la letra pequeña de la reforma contempla una traición escondida en su redactado. Esta medida, arduamente negociada y discutida a finales de año por la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se prometió feliz para la también ministra de Trabajo, que prometió que este subsidio se aplicaría “sin reducción de cuantía” para la totalidad de los perceptores. Sin embargo, un cambio metodológico incluido en el BOE destapó que algunos de los beneficiarios podrían ver reducido su subsidio en función del puesto de trabajo que encuentren y del tiempo que llevan recibiendo la ayuda.

Por tanto, y pese a que el PSOE confía en que estos órdagos queden finalmente en papel mojado, convenciendo a sus dos socios de la necesidad de aplicar el paquete de decretos que se debate en el pleno extraordinario, a 48 horas de que los diputados cambien la Carrera de San Jerónimo por la plaza de la Marina Española -lugar en el que está ubicado el Senado- la coalición se enfrenta a su primera gran prueba de fuego entre reproches, con conversaciones a contrarreloj y tratando que el roscón de reyes no se indigeste recién estrenado el curso parlamentario tras las vacaciones de Navidad.

¿Y el PP?

Ante la amenaza de que Junts per Catalunya o Podemos acaben bloqueando los tres decretos, y con ello poniendo en juego la aplicación de la rebaja en el transporte público o la recepción de 10.000 millones de fondos europeos, muchos han sido los que han pedido al PP altura de Estado y una abstención técnica para facilitar la aprobación de las iniciativas emanadas del Consejo de Ministros.

No obstante, Génova parece lejos de erigirse como salvavidas del Gobierno: “Vamos a poner soluciones durante toda la legislatura a los españoles, pero no vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Y en todo este despropósito, la segunda red de seguridad son las CCAA en las que el PP gobierna como contrapeso de sentido común a los desmanes”, ha explicado este mismo lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo en el que ha presentado en Madrid a su candidato en Galicia, Alfonso Rueda.

El líder de la oposición, además, ha puesto sobre la mesa una larga lista de medidas que el PP ha propuesto al Gobierno. Desde rebajar los impuestos, especialmente el de las personas físicas a las rentas más bajas de nuestro país, hasta bajar el IVA de todos los alimentos: “Son medidas razonables y que repercuten en el bienestar de inmensa la mayoría de los ciudadanos, más que cualquiera de las exigencias para solucionar problemas personales de algunos socios a los que ahora le imploran su voto a favor”.