Junts se abona al método PP con una ofensiva en Bruselas contra la regularización de migrantes

Junts ha decidido dar un paso más en su pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez y llevar a Bruselas su rechazo al proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Ejecutivo. El partido de Carles Puigdemont ha encargado a sus servicios jurídicos la redacción de una denuncia ante las instituciones europeas al considerar que la norma vulnera directivas comunitarias y relega el catalán como criterio de integración. La maniobra no sólo endurece el discurso de los neoconvergentes sobre inmigración, sino que también los sitúa en una estrategia ya muy transitada por el Partido Popular, consistente en internacionalizar en la UE sus batallas domésticas contra La Moncloa.

La formación independentista sostiene que el decreto aprobado por el Gobierno deja fuera el conocimiento del catalán como requisito para acceder a la residencia y lo reduce, en la práctica, a un elemento opcional dentro del informe de arraigo en determinados casos. Según su argumentario, eso implica una marginación de una lengua cooficial en un territorio donde, además, una parte sustancial del proceso de integración social y laboral se desarrolla en catalán. Junts añade que ni los trámites de renovación ni la web del ministerio están disponibles en esa lengua, una ausencia que utiliza para denunciar un nuevo agravio político y administrativo.

El partido va más allá de la cuestión lingüística y denuncia también que la regularización está provocando un "grave colapso" en los servicios municipales de Catalunya. En su nota de prensa, acusa al Ejecutivo central de descargar sobre los ayuntamientos un proceso complejo sin dotarlos, dicen, de financiación ni de capacidad administrativa suficiente. El mensaje enlaza con el endurecimiento del tono de Junts en materia migratoria en los últimos meses, cada vez más alejado del viejo lenguaje de la acogida y más próximo a una lógica de control, filtro y presión competencial sobre el Estado.

Además, Junts ha aprovechado el choque para cargar contra el Govern de Salvador Illa, al que acusa de haber vendido a los catalanes que el catalán sería requisito para renovar la residencia al cabo de un año y no haberlo plasmado finalmente en el texto publicado en el BOE. La formación remata así una doble ofensiva: contra Sánchez, por la regularización, y contra el PSC, por lo que considera una renuncia efectiva a blindar el catalán también en la política migratoria.

El método PP: Bruselas como ariete contra Moncloa

La jugada de Junts recuerda con bastante nitidez a la práctica que el PP ha convertido en rutina cada vez que ha querido elevar la presión sobre el Gobierno. El ejemplo más claro fue la ley de amnistía. Los populares activaron al Partido Popular Europeo, reclamaron debates en la Eurocámara y trasladaron a la Comisión Europea sus denuncias sobre una supuesta vulneración del Estado de derecho. Dolors Montserrat llegó a advertir de que su partido iría “hasta el final” en Europa para frenar la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC.

No fue un episodio aislado. En 2025, el PP también acudió a Bruselas para pedir que los fijos discontinuos computaran como parados, intentando desacreditar desde la esfera comunitaria los datos de empleo del Ejecutivo. El problema para los de Feijóo era que esa estadística se ajustaba a los estándares de la UE y de la OIT, como reconocían incluso las propias informaciones sobre su ofensiva. Es decir, la vía europea volvió a ser utilizada como un escenario de desgaste político interno, más orientado a erosionar al Gobierno que a corregir una infracción real del marco comunitario.

Junts se mueve ahora por ese mismo carril. Llevar a la UE una controversia que, en el fondo, es profundamente política y territorial permite al partido vestir de litigio europeo una batalla que nace en la competición interna catalana con Aliança Catalana. El catalán aparece así como bandera, pero también como herramienta de presión en un debate mucho más amplio: quién controla el relato sobre la inmigración, quién capitaliza el malestar municipal y quién saca rédito de un Gobierno obligado a negociar cada paso con socios que no dejan de tensar la cuerda. La diferencia es que, en este caso, el partido que adopta el manual de Bruselas no es la derecha española, sino uno de sus exsocios de la derecha independentista.