El pasado 13 de marzo, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, garantizó en una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente de la región, Francisco Igea (Ciudadanos), y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), el suministro de mascarillas en la comunidad autónoma. “Lo que tenemos que tener es mascarillas para nuestros profesionales y para las personas que están contaminadas, aquellas personal que tienen la infección, que notan síntomas son los que se tienen que poner las mascarillas. Y el resto no tenemos que usar la mascarilla. Las mascarillas para estos fines, para los que yo estoy determinando, están absolutamente garantizadas”, aseguró la consejera.
Cuatro días más tarde, Casado enviaba una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, exigiendo que el Gobierno requisara material de protección para enviarlo a Castilla y León ante el colapso de la región. Una misiva que la Junta ha remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, como parte de su defensa ante la denuncia del Sindicato Médico de Castilla y León (CESM) y el Colegio de Médicos de Valladolid contra la Consejería de Sanidad por la falta de material de protección de los sanitarios en la lucha frente a la pandemia.
Sin embargo, este sábado ‘El Mundo de Castilla y León’ publica que el 9 de marzo, es decir cuatro días antes de que Casado garantizara el suministro de mascarillas en la región, Manuel Mitadiel, gerente de Salud de Castilla y León, ya había enviado una misiva a Sanidad pidiendo el envío de equipos de protección y demás material sanitario, una falta de coordinación y de criterios cuya razón, de momento, la Junta no ha explicado.
