Tras más de una año de investigación, más de una treintena de testigos y montañas de papeles, el juez Juan Carlos Peinado no ha hallado pruebas que sustenten las acusaciones contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Aun así, se niega a archivar una causa que nació de recortes de prensa y bulos propagados por la ultraderecha.
Después de un año de investigación judicial, el juez Juan Carlos Peinado no ha conseguido acreditar delito alguno en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La causa, que se abrió en abril de 2024 a raíz de una querella presentada por Manos Limpias, un pseudosindicato con fuertes vínculos con la extrema derecha, fue admitida a trámite basándose únicamente en rumores, titulares de prensa sin contrastar y bulos difundidos por los habituales altavoces mediáticos del trumpismo ibérico.
Lo que comenzó como un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción ha derivado, tras doce meses de diligencias, en una extensa investigación que no ha aportado más que pruebas de inocencia. Informes de la Guardia Civil, declaraciones testificales e incluso documentación aportada por las propias instituciones implicadas coinciden en un punto: no hay delito.
Un proceso sin pruebas, pero con imputaciones
Durante este tiempo, el juez Peinado ha abierto líneas de investigación sobre cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Cada una de ellas ha terminado estrellándose contra la realidad: no existe rastro de irregularidades por parte de Gómez. Pese a ello, y en un ejercicio de instrucción que roza el ensañamiento judicial, el magistrado ha decidido prorrogar la causa otros seis meses, ignorando no solo las pruebas recabadas sino también las advertencias de la Audiencia Provincial de Madrid.
Las actuaciones del juez no solo se han mostrado infundadas, sino que han dejado tras de sí un reguero de errores, vulneraciones de derechos y actuaciones más propias de un inquisidor que de un juez de instrucción. Desde registros anulados por ilegales hasta imputaciones basadas en interpretaciones distorsionadas de declaraciones testificales, el caso Peinado empieza a oler más a persecución política que a justicia.
Red.es: una línea agotada desde el principio
Uno de los pilares de la acusación inicial fue la supuesta intervención de Gómez para beneficiar a dos empresas en contratos públicos con Red.es por valor de 10 millones de euros. La realidad es otra: la Guardia Civil ha dejado claro que no hubo ninguna irregularidad. Analizó todo el proceso de licitación, entrevistó a los responsables de contratación, revisó puntuaciones y comprobó que no existía relación alguna entre Gómez y los adjudicatarios. De hecho, una de las empresas, Innova Next, presentó más de treinta cartas de apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP de Isabel Díaz Ayuso.
Una de esas cartas estaba firmada por Gómez en calidad de codirectora de una cátedra universitaria. Nada más. Ni indicios, ni tráfico de influencias, ni trato de favor. Pese a ello, el juez mantuvo la causa abierta, amparándose en que bastaba una “sospecha fundada” para investigar. Pero como recuerda la propia Audiencia Provincial, una vez verificada la inexistencia del delito, el procedimiento debe archivarse. Peinado no lo hizo.
IE Business School y una imputación bochornosa
Otra línea de investigación que ha quedado en evidencia es la relacionada con el fichaje de Gómez por el IE Business School. El juez llamó a declarar como testigo al exconsejero del PP y directivo del IE, Juan José Güemes, quien explicó que contrató a Gómez en 2018 por su perfil profesional, sin que mediara ningún trato de favor. La versión fue clara, coherente y sin fisuras.
Pero Peinado no quedó satisfecho. Decidió imputar a Güemes apoyándose en una supuesta declaración de la directora de Recursos Humanos del IE, quien -según el juez- habría dicho que el fichaje se debía a que Gómez era la esposa del presidente. La realidad es que esa declaración nunca existió. La testigo explicó que, por protocolo, se incluyó una cláusula contractual relativa a potenciales conflictos de interés, algo habitual en instituciones que trabajan con personas expuestas públicamente. Nada que sustente un delito.
Complutense: cero irregularidades y mucho sensacionalismo
También ha sido objeto de investigación la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, donde desde 2012 -cuando Pedro Sánchez ni siquiera era diputado- impartía clases en un máster de captación de fondos. El juez puso el foco en su rol como codirectora de una cátedra y en su firma en un documento técnico, sugiriendo incluso intrusismo profesional. El rector de la UCM, Joaquín Goyache, desmontó todas las acusaciones: Gómez fue contratada por su experiencia, sin ningún tipo de irregularidad, y actuó siempre bajo mandato de la universidad.
El salario de Gómez, por cierto, tampoco ha despertado sospechas. Durante años cobró por su labor académica cantidades irrisorias en comparación con el ruido generado: en el mejor de los casos, alcanzó el salario mínimo interprofesional. Su patrimonio personal también ha sido investigado, sin resultados que respalden la más mínima sospecha.
Software público, sociedad inactiva y cero apropiación indebida
Uno de los episodios más rocambolescos de la causa es el que acusa a Gómez de apropiación indebida por una herramienta tecnológica de apoyo a pequeñas empresas. El software, desarrollado con fondos de empresas públicas y privadas, es gratuito y de uso público. El Registro de la Propiedad Intelectual no recoge ninguna inscripción a nombre de Gómez. A pesar de esto, el juez sigue manteniendo viva la imputación.
La sospecha se alimentó de la creación por parte de Gómez de una sociedad con un nombre similar al de la cátedra universitaria. ¿El problema? La sociedad no tiene actividad ni patrimonio, y no ha producido beneficio alguno. La acusación no se sostiene, pero tampoco se archiva.
Una comisión parlamentaria para el “manoseo institucional”
A la caza judicial se sumó el esperpento parlamentario promovido por el PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Una comisión de investigación que, lejos de esclarecer nada, ha servido de altavoz para bulos y propaganda contra el Gobierno. El PSOE y Más Madrid decidieron no participar en lo que calificaron como una “comisión basura”, orientada a “tapar los escándalos de la propia Ayuso”, y que ha costado más de 300.000 euros a los contribuyentes madrileños.
Las conclusiones del PP, por supuesto, no aportaron ninguna prueba. Los comparecientes, incluidos rectores universitarios y responsables académicos, negaron la existencia de trato de favor. Más bien, revelaron la asfixia financiera que vive la universidad pública bajo el gobierno de Ayuso.
Una justicia instrumentalizada por la derecha
Lo que comenzó como una acusación hueca se ha transformado en un caso paradigmático de lawfare: la utilización del aparato judicial con fines políticos. A través de una instrucción cargada de irregularidades, Juan Carlos Peinado ha mantenido una causa sin sustancia ni recorrido jurídico. Mientras tanto, desde la derecha mediática y parlamentaria, el caso ha servido para alimentar el ruido contra el Gobierno progresista, en un intento desesperado por desgastar al presidente a falta de argumentos políticos.
En palabras del PSOE, se trata de una “pantomima indecente” que ha señalado “a personas honestas con acusaciones falsas sobre su trayectoria profesional”. Un espectáculo indigno de una democracia que se respete.
Un año después, la realidad es incuestionable: no hay caso. No hay delito. No hay pruebas. Solo hay una campaña de acoso judicial y mediático que ha demostrado más sobre el estado de la justicia que sobre la conducta de Begoña Gómez. El juez Peinado puede seguir buscando, pero la verdad -como los hechos- no se puede fabricar.
Y mientras tanto, los ciudadanos asisten al espectáculo de cómo se malgastan los recursos públicos, tanto judiciales como parlamentarios, con el único objetivo de lanzar una campaña de desprestigio contra el Ejecutivo desde las bancadas más conservadoras del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid. Una cruzada sin base, sin causa y, cada vez más, sin disimulo.