El Juzgado de instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dictado un auto para rechazar la imputación por delito de odio a un ciudadano de Madrid, de origen español, que en el pasado mes de enero de 2021 amenazó con una pistola de aire comprimido a un grupo de jóvenes migrantes que se encontraban en las inmediaciones del centro de Madrid.

El magistrado ha dado como hechos probados que el presunto agresor llamó “moro de mierda” y “maricón” a uno de los jóvenes, al mismo tiempo que le amenazaba y profería disparos con una pistola de aire comprimido; sin embargo, el magistrado entiende que dichos insultos estaban “justificados” porque, como consta en el auto emitido este 30 de julio de 2021, “se hizo en un contexto de una disputa”.

De este modo, el juez titular del juzgado de instrucción 47, que previamente fue corregido por la audiencia provincial, ya que pretendía convertir el procedimiento en un juicio rápido calificando los hechos como “delito menor”, ha rechazado calificar como delitos de odio homofóbicos los que hacen referencia a la orientación sexual basándose, como así se ha dado en el delito de Samuel, el joven fallecido en Coruña “porque el presunto agresor no conocía la orientación sexual del agredido”

Por su parte, la Red de Inmigración se ha pronunciado en contra de la postura del juez: “Queremos trasladar nuestra enorme preocupación por cómo una parte significativa de la judicatura está torpedeando la aplicación de la reforma del código penal que añadió los delitos de odio a nuestro ordenamiento jurídico. Si siempre habrá una circunstancia que justifique o avale el poder utilizar la palabra maricón y moro de mierda ¿de qué nos vale reformar el código penal?”, aseguraba el director de dicha institución, Rafael Escudero. De este modo, recurrirán el auto por el que se descarta el delito de odio y además solicitarán una reunión con la Ministra de Justicia, Pilar Llop, para abordar modificaciones legislativas que eviten que “se frustre el espíritu y la letra de la ley amparando por el contexto, insultos racistas, xenofóbicos y la LGTBifobia”.

Adolfo Carretero, el magistrado que llevó múltiples investigaciones al foco mediático

El juez Adolfo Carretero Sánchez lleva a sus espaldas casi tres décadas en su cargo con múltiples casos que han saltado al foco mediático, siendo el primer magistrado que abrió diligencias sobre el robo de bebés en hospitales durante la década de los ochenta en España y negó el derecho de visitas a un padre por participar con su hijo menor de 10 años en unos encierros de San Fermín en 2007, entre otros muchos casos.

Además, el magistrado fue el encargado llevar la investigación de Ignacio González en Colombia, donde aseguró haber sido objeto de espionaje durante su visita al país. El conocido ‘caso Espías’ se basó en el viaje del exvicepresidente de Madrid a Cartagena de Indias, donde fue grabado entrando en un local con unas bolsas blancas que luego desaparecían. El caso acabaría rebautizándose como el ‘caso Lezo’, finalizando con la entrada a prisión de González. No obstante, la investigación de Carretero también arrastro a la periodista de la SER que publicó el vídeo en cuestión, Pilar Velasco, la cual fue imputada durante un año.

Tal y como recogió ‘El País’. la reportera guarda mal recuerdo del magistrado: "Este juez tuvo la instrucción abierta nueve años al servicio de Ignacio González, sin practicar una sola diligencia en su contra. Nueve años de informaciones y declaraciones de testigos e imputados sobre las mordidas vinculadas a González y el Canal que nunca investigó (…) Tramitó la imputación judicial por no desvelar la fuente, por 'reiteración informativa' y 'perjudicar la imagen' del expresidente de Madrid”.

Tras un año imputada, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó la causa contra Velasco al considerar que se limitó a informar sobre un personaje relevante. 

Otro de sus casos más conocidos fue la que tenía como protagonista a Dani Mateo, el colaborador de ‘El Intermedio’, a quien terminó imputando por sonarse la nariz con la bandera de España durante la emisión del programa de La Sexta. El cómico tuvo que enfrentarse a un largo y tedioso procedo judicial en 2018 al que fue citado a declarar por haber cometido un supuesto delito de ofensa a la simbología del país, tal y como contempla el artículo 543 del Código Penal (C. P.) y un delito de odio, correspondiente al artículo 510 del C. P.

Más recientemente, en febrero de 2020, Carretero dictó una resolución en la que afirmaba que los hechos relativos a la presencia de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid el pasado 20 de enero revestían “los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa". 

Ése fue el presunto delito denunciado por el PP y que tanto perjudicó al exministro de Fomento José Luis Ábalos.