Las cuatro asociaciones de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la democracia y el Foro Judicial Independiente, han emitido un comunicado conjunto en el que los jueces, tanto conservadores como progresistas denuncian en común que la Justicia sigue estando olvidada por los políticos y reivindicando la necesidad de un pacto de Estado que considere este estamento como una prioridad y refuerce su independencia.

Consideran las asociaciones que a lo largo de los últimos treinta años, la sociedad española ha podido comprobar cómo la Justicia sigue siendo la gran olvidada y que las propuestas presentadas para su mejora han acabado relegadas a la papelera “al extremo de convertirse en tópicos o lugares comunes que, en cada convocatoria electoral, volvemos a escuchar”.

“Es una prioridad”
“La Justicia no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos. En la medida que constituye un servicio público de primera magnitud y, al propio tiempo, uno de los tres poderes del Estado, destinado a garantizar el correcto funcionamiento de los otros dos, ha de construirse sobre un consenso lo suficientemente amplio que asegure que, con independencia de quien gobierne, la Justicia es una prioridad, como la sanidad o la educación”.

Un poder judicial independiente
Por ese motivo consideran necesario elaborar, entre todos los grupos políticos y con intervención de los operadores jurídicos –jueces, fiscales, abogados…-, unas bases para acordar que Justicia se desea, lograr un Poder Judicial independiente, y sentar las líneas de trabajo sobre las que legislar y programar a corto, medio y largo plazo, los cambios necesarios “.

Que represente a la mayoría
Para las asociaciones es preciso el consenso entre partidos de modo que la Administración de Justicia no se lleve a efecto desde “una concreta sensibilidad política sino desde un escenario en el que todos, o al menos la inmensa mayoría, se sientan representados”.

Las peticiones
Para este Pacto de Estado, los jueces proponen como base  un nuevo modelo de Carrera Judicial y de organización territorial y funcional de la Administración de Justicia, pues consideran la organización actual obsoleta. Añaden la necesidad de crear un nuevo modelo organizativo, revisar el sistema de categorías profesionales, implantar los tribunales de instancia en la primera línea.

Nueva oficina judicial
A esto hay que sumar “una nueva distribución territorial acomodada a la realidad social, política, económica y demográfica, y una oficina judicial que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a actividad jurisdiccional y no como un fin en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses”.

Reforzar la credibilidad
"Uno de los problemas más graves que padece nuestra Justicia es la apariencia de politización que, aunque no responde a una realidad tangible, ha calado en el sentir social. Es preciso reforzar la imagen de independencia  de los jueces y la credibilidad del sistema, evitando y saliendo al paso de cualquier situación que pueda hacer pensar tanto en una justicia politizada, como en la judicialización de la política”, continúan.

 El CGPJ fuera de tensiones políticas
En cuanto al Consejo General del Poder Judicial “ha de quedar al margen de las tensiones políticas, lo que no pasa desde luego por su desaparición, sino por potenciar sus competencias y asegurar que la elección de sus miembros, su composición y régimen de funcionamiento, responden al objetivo que justificó su creación: disponer de un órgano que garantizase la independencia judicial”.

Jueces eligiendo a los vocales
Para conseguir esta independencia proponen recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces con criterios de proporcionalidad, la dedicación plena de todos los vocales y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional.

Sin obstáculos económicos
Plantean además redefinir y coordinar  el régimen de competencias en materia de Administración de Justicia; un plan de inversiones para garantizar los medios necesarios y que de la perspectiva de la Justicia “como servicio público, que sea accesible a la ciudadanía, sin discriminar a nadie por razones económicas.

 La ratio de jueces
Propugnan también un programa de ampliación de la planta judicial a medio “que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno, como medio para garantizar la prestación de un servicio de calidad”.

 Condiciones justas para los jueces
“Hay que establecer las condiciones adecuadas para que los jueces puedan desempeñar su función con las debidas garantías, en beneficio del ciudadano, lo que pasa por afrontar extremos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales”, añaden y agregan  “la igualdad de género, la mejora del régimen de sustituciones, el volumen de trabajo y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto y la función desarrollada”.

Modernización tecnológica
Planificación, coordinación, inversión y voluntad política real son condiciones básicas para lograr la modernización tecnólogica que precisa la Administración de Justicia compatibilizando los sistemas informáticos procesales (existen actualmente hasta ocho aplicaciones diferentes e incompatibles entre sí en las distintas Comunidades), y facilitando tecnología “realmente operativa”.

Reformas procesales y sustantivas
Otra crítica a la situación se traduce en que es preciso modificar “la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo, que no vienen acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica y se imponen sin responder a ninguna planificación o proyecto común. En el mismo sentido, reformas legales como la del Estatuto de la Victima se convierten en papel mojado si no vienen acompañadas de los recursos necesarios”.

¿Dónde queremos ir?
Concluyen los jueces afirmando que “es necesario hacer un análisis en profundidad con todos los operadores, que permita abordar una reforma global, por áreas, pero siempre pensando de dónde venimos y a dónde queremos ir, así como en la necesidad de acompasar esas reformas a los recursos existentes o previsibles a corto plazo”.