Con el telón de fondo de la convulsión política que se ha acrecentado en las últimas semanas debido a la trama Koldo, las críticas de Génova se han disparado exigiendo la plena condena hacia la corrupción en las instituciones, exigiendo un adelanto electoral al Gobierno central de Pedro Sánchez por esta cuestión. No obstante, la hemeroteca del Partido Popular refleja que numerosos cargos procesados, implicados o investigados por la Justicia, mantienen en los tiempos que corren sus cargos o figuran como militantes dentro de las filas del partido.
Según han trasladado fuentes socialistas, el PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene a distintos nombres de peso en sus respectivos puestos, bien sean nacionales o territoriales, pese a las causas judiciales que pesan sobre ellos. “¿Siguen siendo afiliados del PP con todos sus derechos? ¿A cuántos de estos imputados el PP le ha abierto expedientes informativos o de expulsión?”, se preguntan.
Y es que el listado de estos nombres populares se completa con 37 cargos; 37 figuras del PP que se desgranan en distintas causas judiciales, algunas de hace más de una década y otras más recientes pero que siguen resonando en el tablero político y judicial.
De Púnica a Kitchen, pasando por las residencias y la DANA
Para ser más exactos, desgranar esta lista de 37 cargos imputados o investigados del PP se comprende en mejores términos con una división de las distintas causas que han acabado o están en camino del banquillo.
En primer lugar, el caso Púnica, la trama de corrupción del PP de la Comunidad de Madrid con Francisco Granados a la cabeza por la que se adjudicaron servicios públicos en dos años por un montante de 250 millones de euros y que llevó a más de una treintena de cargos a sede judicial.
- Francisco Granados Lerena
- Beltrán Gutiérrez Moliner
- Borja Sarasola Jaúdenes
- David Erguido Cano
- Daniel Ortiz Espejo
- Isabel Gallego Navarrete
- Alejandro De Pedro Llorca
- José Martínez Nicolás
- Diego Mora Borobia
- José García Lobato (vinculado)
- Carlos López Jimeno (vinculado)
- Borja Gutiérrez Iglesias (vinculado)
- José Gil Granizo (vinculado)
- David Rodríguez Sanz (vinculado)
- Agustín Juárez López de Coca (vinculado)
- Carlos Estrada Pita (vinculado)
- Antonio Sánchez Fernández (vinculado)
- Gonzalo Cubas Navarro (vinculado)
- José Carlos Boza Lechuga (vinculado)
Le sigue el caso Lezo, el que radica en la posible corrupción política en la gestión del Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid por el desvío de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales que declinaron en cuentas de particulares, siendo el expresidente Ignacio González el principal promotor de la trama.
- Ignacio González
- Juan Bravo Rivera
- Pedro Calvo Poch
- Arturo Canalda González
- José Antonio de Cachavera
- Pablo López de las Heras
En tercer lugar, sobre el caso de las comisiones de Argelia, figuran dos nombres de peso: Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui y San Román. Tras nueve años de instrucción, esta causa sitúa a ambos exdiputados del PP al borde del banquillo por el presunto cobro de comisiones millonarias e ilegales a funcionarios de Argelia para la obtención de contratos públicos.
En lo que concierne a la Operación Kitchen, una de las más conocidas política y mediáticamente en el PP por el espionaje del comisario José Villarejo a Luis Bárcenas, se señala al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Cabe reiterar que Martínez también está en el epicentro de la Operación Borraska, la cual se centra en la presunta colaboración de blanqueo de dinero por compraventa de datos robados y a quien también se capturó al hacker Alcasec.
Quien continúa a la espera de juicio es el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso Desaladora de Escombreras -también conocido como el caso La Sal-, acusado de delitos de prevaricación, malversación y fraude continuado. Fiscalía pide once años de cárcel y veinte de inhabilitación, pero no será hasta septiembre de 2027 cuando se celebre el juicio.
Los dos casos de presunta corrupción que radican en el mando de dos conocidos barones territoriales del PP de Feijóo sitúan el foco en Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. En primer lugar, los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ aplicados en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia de coronavirus, y por los cuales están siendo investigados Carlos Mur de Viu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño Carbonell, promotores de estas medidas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la exconsellera de Emergencias de la Generalitat de Mazón, Salomé Pradas, está imputada por la gestión de la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales.
Por último, en el listado de figuras del PP se recogen tres nombres que están situados bajo la lupa judicial con una investigación abierta pero aún sin caso judicial especificado. Se trata de Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares que, mientras ostenta su cargo de regidora, firmó un contrato laboral fijo en el Ayuntamiento, lo que supondría una “simultaneidad de funciones”. A este proceso guarda relación Raúl Castillo, su jefe de comunicación, también bajo el foco por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Le sigue la ‘número 3’ de Ayuso, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Belén Millán Arroyo, imputada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública y de quien recientemente la jueza de Navalcarnero ha constatado la “existencia de indicios sólidos y suficientemente justificados” de comisión de delitos.
Toda esta lista de cerca de 40 figuras vinculadas al PP se encuentran actualmente procesados, implicados o investigados por la Justicia.