El pasado 25 de marzo se incorporó sumario del caso Púnica un informe conformado por 205 folios y 14 tomos anexos que implica por primera vez a Esperanza Aguirre de manera directa, según publica El País. El documento, elaborado por la Guardia Civil, sitúa a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en reuniones clave para favorecer contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007 junto a sus dos hombres de confianza: Ignacio González y Francisco Granados.
Concretamente, la Guardia Civil concluye que se favorecieron “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con las sociedades de marketing y publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado”. Aguirre utilizó “la publicidad institucional [...] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”, según este cuerpo policial.
El informe explica que para beneficiar a Mercado el Gobierno regional comandado por Aguirre modificó en 2006 varias leyes autonómicas para que fuera necesaria la “autorización previa” del vicepresidente, entonces Ignacio González, para concretar cualquier adjudicación.
Una vez modificado el marco legal, se daban instrucciones para que las favorecidas fueran las empresas de Mercado: Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América.
Según la Guardia Civil, estas directrices surgieron de varias reuniones entre la propia Aguirre, González, Granados, el viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo (en prisión por la trama Gürtel), el consejero de Sanidad Manuel Lamela y la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego.
Tanto Lamela como Mercado aseguraron que las citas tuvieron lugar y situaron a Esperanza Aguirre en ellas. “Se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”, confirmó el consejero de Sanidad. De hecho, Lamela admitió haber dado instrucciones en ese sentido.
Así las cosas, el empresario argentino se hizo, entre otras cosas, con contratos para promocionar la construcción de hospitales públicos, así como otras campañas publicitarias.
En consecuencia, los agentes ponen encima de la mesa los delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad, documental y tráfico de influencias.
