El historial de rupturas y guerras internas que precede a las coaliciones entre PP y Vox

El Partido Popular ya no esconde que, si los números permiten a Alberto Núñez Feijóo llegar a La Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, tendrá que ser de la mano de Vox. Hace ya años que la ultraderecha tiene el camino allanado, a raíz de los múltiples acuerdos para gobernar junto al PP en diferentes comunidades autónomas, y ahora todo parece preparado para que los de Santiago Abascal den el salto definitivo al Ejecutivo nacional.

Este año ha visto la preparación definitiva de este posible pacto, con los acuerdos de Gobierno firmados por PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. De hecho, Feijóo se escuda tras ese texto cuando le preguntan por el difícil encaje que tendrían los ultras en un Consejo de Ministros. “Ese documento marco está plenamente vigente. Ahí se señalan las líneas rojas y el marco donde podemos hablar con Vox. Fuera del marco no es posible”, asegura el líder nacional del PP en una entrevista publicada este lunes por La Nueva España.

Este acuerdo es el que incluye la “prioridad nacional”, la doctrina racista de Vox que discrimina a los migrantes en el acceso a ayudas públicas que ya se está empezando a articular en varias regiones. Los elegidos presidentes autonómicos del PP -María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla- ya se tragaron el sapo en su momento para que, si llega el momento, Feijóo no tenga ningún reparo en hacerlo para ser presidente del Gobierno central.

La estabilidad que vende Feijóo para “resetear el país”

Por ello, el líder popular se centra ahora en vender que un Ejecutivo con ministros de Vox será una garantía de estabilidad para España. “Con ese currículo me presento. Están funcionando ahora en las cuatro comunidades autónomas y yo creo que se puede funcionar”, dice en la citada entrevista.

Feijóo pide confianza para “resetear el país”, pero el historial de la relación de su partido con la ultraderecha invita a pensar que las tormentas del pasado podrían llegar a La Moncloa, llegado el momento de abrir sus puertas a la ultraderecha. Los de Abascal ya han demostrado que no tienen ningún reparo en salir y entrar de Gobiernos para presionar a su socio, algo que ha llevado incluso a la ruptura de Ejecutivos autonómicos.

Abascal ordenó romper seis Gobiernos de golpe

El episodio más sonado ocurrió en 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en julio el reparto de los menores migrantes internos en los centros de Canarias por el resto de la península. Las comunidades gobernadas por el PP, la mayoría, aceptaron cumplir la ley, lo que llevó a Abascal a cumplir el ultimátum que habían dado a los populares poco antes.

En aquel momento, Vox formaba parte de los Ejecutivos de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia; y apoyaba desde fuera al PP en Baleares, donde Marga Prohens gobernaba -y gobierna- en minoría.

Abascal ordenó romper todos los Gobiernos de golpe, dejando vacantes varias vicepresidencias y sin apoyo a los populares baleares. El líder de Vox culpó directamente a Feijóo por haber claudicado ante Sánchez. La ultraderecha conservó, no obstante, gran parte de su poder, pues siguió presidiendo los parlamentos regionales de Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana; y no se rompieron, por norma general, los pactos en los municipios donde también gobernaban junto al PP. Además, en los años siguientes han seguido apoyando la mayoría de iniciativas de los populares.

Los consejeros de Vox que desobedecieron a Abascal

Esto no sienta un buen precedente de cara a que el posible -según las encuestas- Gobierno de la derecha y ultraderecha a nivel nacional pueda garantizar estabilidad. Nada parece impedir a Vox romperlo todo si el PP toma algún camino que disguste a Abascal, o que tumben medidas de su propio Ejecutivo y dejen la pelota de liquidar el Ejecutivo en el tejado de Feijóo.

En cualquier caso, el historial de Gobiernos autonómicos también deja claro que Vox no es capaz de controlar ni sus propios fuegos internos. Empezando por la propia ruptura de 2024, en la que no todos los consejeros de la ultraderecha acataron la orden emitida desde Madrid. Por ejemplo, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, Ignacio Higuero, se resistió a dimitir por la polémica del reparto de migrantes, y abandonó las filas de Vox con duras críticas a Abascal. Guardiola decidió mantenerlo en su Ejecutivo, pero tuvo que dimitir al año siguiente después de que El Plural destapara que falseó su curriculum.

También se mantuvo en su puesto el consejero de Cultura, Turismo y Deportes en Castilla y León, Gonzalo Santonja, que era independiente, pero entró al Gobierno de Mañueco a propuesta de Vox. En el caso de la Comunidad Valenciana, fue el entonces president, Carlos Mazón, el que destituyó a los tres consejeros de la ultraderecha; no sin antes aprobar juntos, horas antes de la ruptura con Vox, la polémica ley de Concordia que equipara el franquismo con la Segunda República y elimina el concepto de Memoria Histórica.

Las guerras internas de Vox, el socio ‘fiable’ de Feijóo

Los menores migrantes no fueron el único punto de ruptura entre PP y Vox. Los socios ‘fiables’ tuvieron otro episodio en 2023, cuando el vicepresidente de Castilla y León y líder regional de la ultraderecha, Juan García-Gallardo, dijo que el PP había consensuado con él una medida antiabortista. Mañueco corrigió en público a su vicepresidente, que terminó saliendo del Ejecutivo en 2024 por orden de Abascal. De esta manera, el primer Gobierno del PP y Vox terminó saltando por los aires dos años después de firmarse.

Sin embargo, García-Gallardo terminó por convertirse en el mejor ejemplo de las tensiones internas en Vox. Fue en 2025, cuando dos procuradores en Castilla y León criticaron el funcionamiento interno del partido, tras lo que se ordenó su expulsión desde Madrid. El todavía entonces líder regional de Vox se negó a firmarla, y la mano derecha de Abascal, Ignacio Garriga, le dio un ultimátum. García-Gallardo terminó abandonando todos sus cargos -y la vida política-, siendo el primero de una larga lista de purgados de Vox por desavenencias con la dirección nacional.

Algo parecido ocurrió en Murcia. Tras las elecciones de 2023, Vox bloqueó allí durante meses la investidura de Fernando López Miras, que terminó cediendo una vicepresidencia y dos consejerías a los ultras. Estas se mantuvieron hasta que el líder de la formación en la Región, José Ángel Antelo, acató la orden de Abascal por el reparto de migrantes. Esto no impidió al PP conseguir el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante los presupuestos.

Sin embargo, Antelo siguió la misma estela de García-Gallardo, y terminó siendo expulsado del grupo parlamentario tras el motín de varios diputados. El exvicepresidente denunció que Vox había falsificado su firma para arrebatarle la portavocía, tras lo que el núcleo de Abascal le acusó de haber beneficiado a su mujer cuando estaba en el Ejecutivo. Esto hizo saltar por los aires la estabilidad de la Asamblea de Murcia, en la que una diputada próxima a Antelo se fue al Grupo Mixto; y llegó a provocar que dos concejales de Vox votaran a favor de una moción de censura a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, del PP.