No podemos seguir viviendo en una sociedad en donde nuestros dirigentes mienten y saquean al mismo tiempo que los ciudadanos viven con angustia y miedo los recortes sociales, el paro y la precariedad.
Podemos escribir folios y folios de nuestras “tramas corruptas” pero mientras los ciudadanos sigan votando a sus miembros, sólo nos quedará la denuncia pública (que no es poco). Tendrían que ser los propios partidos, los políticos, banqueros y servidores públicos que no han metido la mano en la caja, los más interesados en limpiar el panorama porque esta mafia de golfos los van a arrastrar a todos.
¿Recuerdan la década prodigiosa de 1997 a 2007 cuando la construcción creció un 5% anual? Ahí empezaron parte de nuestros males. José María Aznar aprobó una Ley del Suelo que venía a decir que todo era urbanizable salvo que esté expresamente prohibido. Ese fue el principio de la especulación, recalificación de terrenos y numerosos golfos llenando sus arcas.
En medio de este barrizal los bancos y cajas aparecen en el escenario dando créditos para la casa, el coche, los muebles y el carrito de la abuela...
Esta historia de miedo, conocida ya por todos tiene nombres y apellidos que deben salir en las portadas de los periódicos y ser llevados ante la justicia para que sepamos exactamente cómo sucedieron los hechos. Hay que apartarlos para que no nos contaminen más y sobre todo para que no toquen el dinero que viene de Europa. ¡Sólo nos faltaría eso!.....
Una de las primeras medidas del Gobierno de Zaplana fue modificar la ley valenciana de cajas de ahorros cuyo objetivo fue aumentar el poder político sobre las entidades financieras. La legislación socialista fijaba que los representantes políticos no podían superar el 35%. El PP elevó el listón hasta el 50% en 1997 con el argumento de que los cargos públicos elegidos democráticamente debían de tener más peso en los órganos de dirección.
Una vez en el poder de las Cajas financiaron megaproyectos como Terra Mítica en Benidorm, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o el circuito de Fórmula 1. ¡Una ruina!
El actual estallido de Bankia ha sido la guinda que ha hecho saltar por los aires la crisis bancaria. Y por lo tanto queremos saberlo todo pero especialmente su relación con las constructoras y promotores inmobiliarios, así como los personajes políticos que pretendieron sacar buenos réditos.
Roberto López Abad, ex director de Bancaja introdujo en dicha entidad financiera a numerosas inmobiliarias entre ellas la que pertenecía a Francisco Hernando, el Pocero, al que inyectó 100 millones de euros para su fiasco de Seseña. López Abad se fue del banco sin llegar a explicar la gestión ya que se apuntó a una lista de bajas incentivadas para empleados. Eso sí con una indemnización de 5´8 millones de euros. Algo parecido hicieron sus colaboradores Agustín Llorca con 2 millones, Vicente Soriano con 1´5 millones, Gabriel Sagristá con 1´5 o Joaquín Meseguer con dos millones.
Pero hay muchos otros dirigentes bancarios que deberían explicar qué pasó: Rafael Ferrando, Antonio Tirado, José Rafael García Fuster, José Luis Olivas, Ángel Villanueva y Remigio Pellicer.
Cuando llegó la hora de la fusión de Bankia (queremos saber quienes decidieron esta operación ya que todos estaban informados de lo que había), Bancaja pasó al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia muchísimos millones de euros en ladrillo. La presencia de promotores en los consejos de administración acabó en una gran promiscuidad entre constructoras y entidades. Lo mismo ocurrió en el Banco de Valencia donde una treintena de inmobiliarias se agrupan bajo la marca Valenciana de Inversiones Participadas (VIP) SL (ahí encontramos a casi todas las importantes familias valencianas con recursos).
José Luis Olivas, expresidente de Bancaja convirtió en ejecutiva una presidencia que era de carácter más bien honorífico y despidió a los técnicos, entre ellos al director general Fernando García Checa, que se oponían a sus proyectos. Olivas fue presidente de la Generalitat valenciana durante un año (2000-2003). Posteriormente fue presidente del Banco de Valencia hasta el 2011 que dimitió, una semana antes de que se publicara el riesgo de quiebra de esta entidad financiera. Es más conocido en el sector como “El presidente de la ruina”.
Amigo de sus amigos, concedió al expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tres millones de euros con los que eludió entrar en prisión por el proceso que juzga al ex dirigente del PP.
Pero a pesar de su trayectoria Olivas llegó a vicepresidente de Bankia, aunque la reciente ruptura con Rato no ha sido muy amigable. No hay declaraciones oficiales, pero oficiosamente se asegura que no le contó a Rodrigo Rato toda la verdad sobre la situación del grupo Bancaja durante las negociaciones sobre la fusión y el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no se lo perdonó.
Olivas mintió pero los políticos valencianos se negaron a dar explicaciones. El pasado mayo, la mayoría absoluta del PP en Las Cortes Valencianas rechazó que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y sus antecesores Francisco Camps, Jose Luis Olivas y Eduardo Zaplana comparezcan en la comisión parlamentaria de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM).
Y como cinismo no les falta en medio de tanta fechoría aparece el ya exportavoz del grupo parlamentario popular en Las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, diciendo que se "deben depurar responsabilidades y trasladar calma a los ciudadanos" en el caso de las Cajas.
Pues bien, Blasco ha tenido que apartarse de su cargo al ser imputado por la jueza Nieves Molina. Los miembros de la trama siguieron a Blasco de consejería en consejería. Esto no es un caso aislado de corrupción, es una sofisticada red y los jueces deberían tratarlo como tal.
Blasco se subió al carro de la Administración en 1982 y todavía no se ha bajado. Ha ocupado siete carteras bajo dos banderas (la socialista y la del PP) y con cuatro presidentes distintos: Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. ¡Un todo terreno!
Considerado del ala dura y neoconservadora del PP y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, en su juventud militó en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico). Al finalizar la dictadura, modeló su pensamiento hasta instalarse en la socialdemocracia del PSOE, partido al que se afilió a principios de los 80. Tras su sonada salida de la Generalitat, a raíz de un caso de corrupción urbanística en Calp, fue declarado inocente ya que el juez anuló las cintas que lo delataban. Creó el Partido Independiente Socialista y fracasó. Finalmente decide apoyar a Eduardo Zaplana en la aniquilación de Unión Valenciana.
Su imputación se debe a un caso de desviación de fondos, cerca de nueve millones de euros, de Cooperación al Tercer Mundo a empresas privadas sin actividad y hacia la Fundación Hemisferio... De momento hay 27 imputados y más de un personaje del PP comienza a considerarlo un “personaje incómodo”.
En los últimos días Blasco ha sido pillado hablando desde las pocas cabinas telefónicas que hay en la ciudad de Valencia. No quiere dejar pistas.
Lo de las facturas falsas para desviar fondos es algo ya tradicional en la Comunidad Valenciana. Uno de los casos más famosos fue el de Terra Mítica, parque temático lanzado por Zaplana, con un fraude a Hacienda de más de 4 millones de euros. Otros que también han practicado este sistema son los responsables de EMARSA, empresa pública que gestiona una importante depuradora que quebró con un agujero de 17 millones de euros. Dicho caso tiene ya 32 imputados y las cifras del saqueo superan los 25 millones de euros. Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y responsable política de dicha empresa (controla el PP el Consejo de Administración) repite una y mil veces que ella no sabe nada del tema, algo difícil de creer dado el nivel de saqueo y dada su responsabilidad política. Era público en Valencia las fiestas, compras y desmanes de los dirigentes de dicha empresa.
Hace unas semanas, la diputada autonómica de Compromís, Mónica Oltra, acusó en las Cortes Valencianas a la alcaldesa de Valencia y también diputada, Rita Barberá, de ser la responsable "política" del saqueo a la empresa Emarsa. Barberá reaccionó anunciando una demanda contra Oltra. Ese tipo de reacciones prepotentes de la alcaldesa, aunque habituales, no debería ser obstáculo para que explicase lo que ella sabe. Y si se demuestra que no sabía nada habría que hacerla dimitir por incompetente.
Por todas estas cosas no es de extrañar que la periodista Aurora Mínguez, corresponsal en Berlín, hablase en su última crónica de cómo ha caído en picado la imagen de España en Europa. La prensa alemana acusaba a los españoles de “pretender que los otros paguen por su especulación colectiva”. Pero ojo, la especulación no ha sido colectiva sino de unos cuantos aunque las consecuencias las paguemos todos.
Seguiremos...
Mercè Rivas Torres es periodista y escritora
