Grave giro procesal para Gonzalo Durán (PP): investigan una presunta apropiación indebida continuada en el tiempo

El porvenir judicial del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), afronta un severo punto de inflexión que sitúa el caso más allá de una estricta disputa civil por un legado familiar. Según ha podido comprobar ElPlural.com, el foco de la investigación se centra de manera prioritaria, en determinar si la operativa ejecutada por parte del regidor sobre el patrimonio común constituye un delito continuado de apropiación indebida.

Esta calificación penal, que maneja con fuerza la acusación y que sobrevuela los primeros pasos de la fiscalización del Administrador Judicial, tiene un objetivo estratégico claro: romper la barrera de la prescripción ordinaria de los 5 años. Al tratarse de una supuesta conducta prolongada y sistemática en el tiempo, el plazo de caducidad no empezaría a contar desde las primeras operaciones, sino desde el último acto delictivo.

Esto abre la puerta inevitable a un escenario que aterroriza al entorno del alcalde: la auditoría obligatoria de los últimos 10 años de movimientos bancarios de la cuenta de su madre, María Dolores Hermida. Un rastreo minucioso que busca aflorar un goteo constante de desvíos económicos y que sitúa al "Caudillo" de Vilanova ante la amenaza real de una pena que podría alcanzar hasta los diez años de prisión.

El "modus operandi" digital: la trampa de la banca electrónica

La investigación ha destapado un modus operandi ejecutado con una frialdad matemática. María Dolores Hermida, cuya salud se había deteriorado en sus últimos años de vida, pertenecía a una generación ajena a las tecnologías; era una mujer de acudir a la sucursal bancaria a gestionar sus asuntos cara a cara. Aprovechando esta vulnerabilidad y la confianza depositada en su hijo pequeño, Gonzalo Durán —que actuaba muchas veces en connivencia con su hija mayor, Julia— tomó las riendas de la cuenta de facto y de forma opaca mediante la banca electrónica. Desde un teléfono móvil o un ordenador el alcalde operaba a su libre albedrío.

La cuenta bancaria en cuestión era el pulmón financiero del patrimonio familiar, donde se ingresaban religiosamente los alquileres de los catorce pisos y tres locales comerciales que poseen en Santiago de Compostela. El patrón contable bajo lupa es demoledor: el mismo día que entraban las rentas de los inquilinos, el dinero se esfumaba de inmediato mediante transferencias a favor del propio alcalde o de alguien de su entorno, de su círculo más íntimo.

Para rizar el rizo, Gonzalo Durán camuflaba presuntamente el saqueo de las cuentas de su madre bajo el concepto de "nómina". Una maniobra doblemente grave y rocambolesca, considerando que Durán es un servidor público con dedicación exclusiva y sueldo oficial del Ayuntamiento, lo que hace radicalmente incompatible cualquier otra percepción salarial regular.

Un agujero de 270.000 euros para el hermano

Mientras las cuentas de la anciana eran sistemáticamente esquiladas, el patrimonio común se hundía en la quiebra. Al dejar la cuenta permanentemente sin fondos, el banco rechazaba los recibos de las tres comunidades de vecinos de Santiago, las tasas de basura y el Imp. sobre Bienes Inmuebles (IBI). A fecha de hoy, la deuda acumulada no ha dejado de aumentar y supera ya los 270.000 euros.

Este boquete financiero ha caído a plomo sobre el hermano del alcalde, José Juan Durán, copropietario al 50% del legado familiar pero completamente excluido de la gestión.

J.J. Durán descubrió la trama tras recibir un embargo ejecutivo directo de 10.000 euros en su propio patrimonio personal. Ahora se encuentra contra las cuerdas, respondiendo ante Hacienda y los acreedores por las deudas masivas originadas por el alcalde.

La respuesta de Gonzalo Durán ante las peticiones judiciales no ha sido la colaboración, sino la insumisión. El regidor directamente pasa de la justicia: no contesta a los llamamientos oficiales de la jueza, esquiva con absoluta soberbia las notificaciones de embargo y actúa como si las leyes que aplica a sus vecinos no fuesen con él. Mientras tanto, el Administrador Judicial externo nombrado por el juzgado actúa ya como un auténtico forense contable, recopilando las pruebas que servirán de pasarela directa hacia la Fiscalía de Área.

¿Casualidad o causalidad?: el imperio de un millón de euros del círculo íntimo

La gran pregunta que la opinión pública y los tribunales se formulan es inevitable: ¿A dónde fue a parar el dinero que se detraía de la cuenta de la madre? Al cruzar las fechas del vaciado bancario con los registros de la propiedad, emerge una coincidencia cronológica demoledora. Los fondos desviados bajo el concepto de "nómina" parecen haber funcionado como la gasolina financiera para que el círculo ultra íntimo del alcalde levantara un opaco imperio inmobiliario y automovilístico que supera holgadamente el millón de euros.

• Covadonga (la mujer del alcalde): Pasó de ser una maestra de instituto con un sueldo de 1.800 euros al mes a irrumpir por la puerta grande en el sector inmobiliario. En febrero de 2024 adquirió un piso de 70 metros cuadrados en Vilagarcía destinado a vivienda turística. En enero de 2025 constituyó una sociedad exprés administrada por José Manuel Aspérez, un edil tránsfuga de Meaño a quien el PP premió con la concejalía de Turismo tras apoyar la moción de censura en la Mancomunidad do Salnés (el Tamayazo gallego).

A los pocos días, la sociedad, con apenas 5.000 euros de capital, compró un edificio entero en el centro de Vilanova por 200.000 euros, cuyas costosas obras de reforma las ejecuta, en un flagrante quid pro quo, la empresa eléctrica que recibe las mayores adjudicaciones de contratos públicos del propio Ayuntamiento de Durán.

• Rosalía (la hija menor): Al frente de una sociedad domiciliada en la propia vivienda del alcalde, optó a la franquicia de un conocido supermercado en Rianxo por un desembolso cercano a los 400.000 euros. Todo ello, a pesar de contar con una vida laboral raquítica y con amplios espacios en blanco, combinada con un ritmo de vida propio de quien da la vuelta al mundo de forma constante en viajes de lujo expuestos en sus redes sociales.

Además, apenas tres meses después de fallecer su madre, Rosalía adquirió a su nombre otro inmueble residencial en el casco urbano de Vilanova (planta baja y dos alturas). Una maniobra registral que la calle atribuye al alcalde, quien evita tener bienes a su nombre para esquivar la transparencia pública.

• Julia (la hija mayor): Señalada como la mente fría del clan y administradora de hecho junto a su padre, compró dos viviendas en Santiago de Compostela en 2019 a las que da una utilidad turística. En un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, presumía del rediseño de los espacios e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.

En el año 2023, en un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.

Un patrimonio, el del clan del alcalde y su entorno íntimo, que no deja de crecer, y a las que se suman otras dos viviendas vacacionales en la cotizada Playa de As Sinas, en Vilanova.

A este parqué del ladrillo se le une una flota automovilística de escándalo con más de una docena de coches: un Mercedes descapotable AMG con motor de 5.000 cm³ valorado en 200.000 euros, un todoterreno AMG plateado de 150.000 euros y un histórico Rolls-Royce conocido en el pueblo como "el Rolls del alcalde".

Las matemáticas de Vilanova no cuadran. Un alcalde que cobra 59.241,57 euros públicos anuales y una maestra de escuela no pueden justificar un patrimonio millonario mientras dejan morir de deudas el legado familiar. La "patata caliente" quema en las manos de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo; sostener por más tiempo al regidor ya no es proteger a un activo político, es apadrinar un escándalo de dimensiones penales impredecibles.

El impacto penal y político de una década bajo sospecha

En definitiva, este caso ya no es una simple pelea familiar por una herencia; ahora es una investigación que podría tornarse en breve en una investigación penal en toda regla por una presunta apropiación indebida continuada.

Al situar el foco de la investigación en una operativa sistemática a lo largo de una década, los tribunales no solo abren la caja de Pandora de los movimientos bancarios históricos, sino que sitúan al regidor de Vilanova ante un abismo de consecuencias institucionales y personales sin precedentes en su dilatada carrera.

En el plano estrictamente penal, el riesgo que afronta Gonzalo Durán excede con creces cualquier sanción administrativa o restitución civil. De consolidarse la tesis de la continuidad delictiva, la acumulación de tipos penales —donde la apropiación indebida concurre de forma agravada por el volumen del perjuicio económico y la especial vulnerabilidad de la víctima— sitúa el horizonte de la pena en el umbral de los diez años de privación de libertad, una franja reservada para los delitos patrimoniales de mayor gravedad.

Sin embargo, el impacto más inmediato se juega en el tablero político. Para un regidor que ha hecho del control municipal su principal bastión durante más de treinta años, el mero hecho de que la vía penal formalice una investigación por el vaciado sistemático de las cuentas de su propia madre introduce una presión insoportable sobre las siglas del PPdeG.

Alfonso Rueda y la dirección autonómica se asoman a un dilema ético y de imagen pública letal: el listón de la ejemplaridad institucional se vuelve incompatible con el amparo a un alcalde cuyo entorno más íntimo exhibe un imperio de un millón de euros mientras los requerimientos de los juzgados y los avisos de embargo son despachados con el silencio.

El avance de la investigación sobre estos diez años de gestión dictará el final político de Gonzalo Durán y aclarará, de una vez por todas, si usó el patrimonio de su familia con su propio cajero automático.