Ante este escenario, la pregunta que planea es inevitable: ¿estamos ante una simple casualidad o ante una causalidad? Los documentos oficiales analizados arrojan información relevante para el procedimiento, pero, sobre todo destapan una asombrosa coincidencia de fechas entre dos hechos que caminan en paralelo.

Por un lado, la documentación aportada en la demanda constata cómo las cuentas de la matriarca sufrían un vaciado sistemático por parte de quien las administraba “deslealmente”, su hijo Gonzalo Durán. El dinero de las rentas que ingresaban mensualmente los inquilinos de los 14 pisos en Santiago, que forman parte de la herencia de los hermanos Durán, desaparecía de forma continuada y sistemática, una operativa que la acusación califica como una apropiación indebida del patrimonio común por parte del regidor.

Mientras el alcalde se adjudicaba supuestamente la totalidad de estos ingresos líquidos, la otra cara de la moneda quedaba para su hermano: un reguero de deudas institucionales y fiscales generadas por el impago sistemático del IBI, y otros impuestos, la tasas de basura y las cuotas de las 3 comunidades de vecinos de los propios inmuebles. Una deuda que ya supera los 270.000 euros, y no deja de crecer.

Sin embargo, el verdadero enigma que intentan desentrañar los tribunales radica en el destino de esa liquidez. Es ahí donde la sincronización del calendario adquiere un relieve demoledor.

La cronología de los hechos es, cuando menos, llamativa. Las fechas de las adquisiciones inmobiliarias y comerciales del entorno más cercano del alcalde coinciden en el tiempo con los periodos de mayor flujo de traspaso de dinero procedente del legado familiar de Santiago, que Gonzalo Durán se transfiere a su propia cuenta bancaria en concepto de “nómina”. Una inquietante correlación temporal que, dibuja un mapa de coincidencias que habla por sí solo.

Esos fondos podrían haber operado como la "gasolina financiera" para presuntamente, levantar un opaco entramado inmobiliario y empresarial a nombre de su círculo íntimo, mediante sociedades exprés y maniobras de distracción contable que rozan los 600.000 euros en adquisiciones relámpago.

De maestra a multipropietaria: el entramado inmobiliario de la mujer de Gonzalo Durán administrado por un edil tránsfuga

Covadonga, actual mujer de Gonzalo Durán, pasó de ser una maestra de instituto, con un salario medio en Galicia de 1.800 euros al mes, de vivir una vida sencilla, sin grandes lujos, a meterse de lleno en el sector inmobiliario, y hacerlo por la puerta grande.  

Y es que, como si de una revelación empresarial repentina se tratase, la docente decidió estrenar su cartera de inversiones en febrero de 2024. Sin necesidad de recurrir a complejas estructuras societarias, firmó directamente como titular única la adquisición de un piso de 70 metros cuadrados en la vecina localidad de Vilagarcía, destinado de inmediato al rentable negocio de la vivienda turística. Una oportuna compra particular que sirvió como un discreto pero sugerente "calentamiento de motores" antes de dar el verdadero salto financiero

Con este propósito, la actual pareja del regidor procedió a registrar una sociedad mercantil a su nombre el 29 de enero de 2025, apenas transcurridas tres semanas desde el fallecimiento de la matriarca del clan familiar. Esta maniobra de ingeniería societaria relámpago sitúa las bases del nuevo entramado patrimonial bajo un absoluto secretismo.

La configuración interna de la firma, sin embargo, desvela un blindaje legal diseñado para interponer pantallas políticas que diluyan las responsabilidades directas. En el asiento registral destaca la designación de un controvertido edil tránsfuga de Meaño, José Manuel Aspérez Montes, plenamente alineado con los intereses del Partido Popular en la comarca, como administrador único.

La jefatura del departamento turístico comarcal recae en manos de este edil, José Manuel Aspérez, quien compagina sus atribuciones institucionales con la gestión directa de esta sociedad mercantil constituida formalmente en Vilanova. ¿Dónde está el problema? en la inscripción oficial del Boletín Registro Mercantil emitida el 29 de enero de 2025, la firma —provista de un fondo inicial de 5.000 euros— donde orienta su actividad principal a la explotación comercial de alojamientos turísticos bajo la tutela compartida de Covadonga.

Esta estrecha relación de Aspérez con intereses privados en el sector turístico al tiempo que gestiona esta área en la esfera pública rompe las normas más elementales de la imparcialidad política. La confluencia de un interés económico particular en la misma materia que el concejal debe coordinar de cara a la ciudadanía supone un flagrante conflicto de intereses que atenta de forma directa contra la ética gubernamental.

Pero… ¿Por qué se conoce allí en la zona al administrador de la sociedad de Covadonga?

Aspérez fue una pieza clave para que el PP recuperase el mando en la Mancomunidad do Salnés tras la moción de censura presentada en enero de 2024 que llevó al popular David Castro a la presidencia, “El tamayazo gallego”. Meaño Independiente, con José Manuel Aspérez a la cabeza acabó votando al candidato popular después de haberse quedado compuesto y sin novia en agosto de 2023, cuando había apoyado a la alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, para el mismo cargo. Entonces, contra pronóstico, no obtuvo a cambio la vicepresidencia prometida por los socialistas, y eso fue algo que nunca perdonó y de lo que se vengaría 5 meses después, en la moción de censura. Cambió su voto al PP, Y logró hacerse con el cargo de delegado-coordinador de Turismo.

Volviendo a la sociedad mercantil, resulta curioso otro dato. Siendo el capital social de 5.000 euros, al poco tiempo de constituirse, adquiere su segundo activo inmobiliario, un edificio entero en el centro de Vilanova por el que desembolsa unos 200.000 euros. Una cifra considerable si tenemos en cuenta que ella es una maestra, con un salario medio que casi no llega a los 2,000 euros, ¿De dónde salió el dinero?

El presunto entramado inmobiliario ha saltado de los asientos registrales directamente a las calles de Vilanova, donde el inmueble vinculado al entorno del regidor se encuentra inmerso en una reforma interna importante. Una remodelación rodeada de opacidad: pese a la envergadura de la obra, no hay ni rastro en la fachada del cartel obligatorio con la licencia municipal y el expediente técnico.

Esta controvertida ausencia priva tanto a los vecinos como a los técnicos de la oposición de la posibilidad de fiscalizar unos trabajos que el propio Consistorio tiene la obligación legal de vigilar.

Pero que por lo que se ve, en Vilanova pasan inadvertidos. Algo que no nos ocurre en Madrid donde las multas por no tener licencia municipal y expediente técnico oscilante entre los 30.000 euros hasta los 600.000.

Sin embargo, el elemento que ha encendido todas las alarmas en el municipio es la identidad de la firma que ejecuta la reforma. El cotejo de la contabilidad oficial y los decretos de Alcaldía arroja un dato demoledor: la empresa de mantenimiento eléctrico, figura, precisamente, como una de las adjudicatarias más recurrentes de contratos públicos por parte del Ayuntamiento que capitanea Gonzalo Durán.

Este cruce de intereses podría camuflar una sutil, pero bajo sospecha, operativa de contraprestación recíproca (quid pro quo). Los indicios apuntan a un sugerente paralelismo: por un lado, el Consistorio mantendría un flujo constante de dinero público hacia la empresa eléctrica mediante contratos institucionales de mantenimiento; y por otro, dicha firma asumiría la ejecución material de las costosas reformas en el edificio de la pareja del alcalde, planteando la sospecha de si se trata de obras realizadas bajo condiciones de favor a cambio de esas contratas públicas. De momento nos quedamos con la duda.

Otra persona del círculo más cercano al alcalde de Vilanova, que protagoniza un crecimiento empresarial, cuando partía de cero, es la hija pequeña del alcalde, Rosalía. Constituye una sociedad domiciliada en la vivienda habitual de Gonzalo en el centro de Vilanova.

En esta ocasión, la inversión económica se destina al sector de la alimentación. La sociedad optó a una franquicia de la cadena de supermercados muy conocida, que está ubicado en Rianxo, y tuvo que desembolsar 400.00 euros aproximadamente.

Cerca de medio millón de euros suelta una sociedad al frente de la cual está una chica, Rosalía, hija del alcalde de Vilanova, que, teniendo estudios superiores, y fácil acceso al mercado de trabajo, no destaca precisamente por su trayectoria, ni por su aportación a la seguridad social. Su vida laboral es un tanto raquítica, con muchos espacios en blanco. Y es que ella en lo que destaca y saca matrícula de honor es en viajar, por aire, mar o tierra. En dar la vuelta al mundo como Willy Fog pero tomándose mucho más tiempo que él y sus 80 días.

Además, a ella le gusta exponerlo. En sus redes sociales comparte sus experiencias en los muchos países del mundo por los que ha pasado. Viajes que no bajan de los 1.500 euros por persona, y de ahí para arriba (y cuando digo arriba, es muy arriba).

Una vez probado el sector de la alimentación, era de esperar que Rosalía, como el resto de los familiares más cercanos, también se adentrara en el mundo inmobiliario. Tan solo tres meses después de fallecer su madre, Rosalía, la hija menor del regidor 'popular', desembarcó de forma fulminante en el mercado del ladrillo de Vilanova. Valiéndose de una firma mercantil constituida a su nombre, la joven ejecutó la compra estratégica de un inmueble entero —estructurado en una planta baja y dos niveles superiores— en pleno corazón del casco urbano, una propiedad residencial que hasta ese momento pertenecía a un vecino de la localidad.

A pie de calle, la sospecha popular siempre apuntó en una única dirección, asumiendo de manera generalizada que el verdadero comprador y beneficiario de la operación era el propio regidor. Sin embargo, la realidad registral desmonta el mito y arroja un dato incontestable: sobre el papel, la titularidad exclusiva del inmueble está a nombre de ella, su hija pequeña.

Él se cuida mucho de tener lo menos posible a su nombre porque es un cargo público y tiene que dar cuenta de su patrimonio. Una cuestión de transparencia.

¿De dónde sale el dinero para: optar a la franquicia del supermercado de Rianxo por 400.000 euros, comprar el edificio de dos plantas y un bajo en el centro de Vilanova, para hacer numerosos viajes a diferentes puntas del mundo…?

Julia, la hija mayor

Dicen los que la conocen, que es la que más se parece a su padre. Y no se refieren al aspecto físico, sino a su forma de ser, comportarse, de actuar, de pensar… Una mente fría y calculadora.

La hija mayor del alcalde es la primera que se lanzó al sector inmobiliario. En 2019 abrió una inmobiliaria, que no llegó al año de vida, cerró con la pandemia. Pero fue en ese tiempo, agosto de 2019, cuando compró una vivienda en Santiago, a la que meses después sumaría una segunda adquisición. A ambas les dio utilidad de vivienda turística.

Corría el año 2023 cuando la primogénita del regidor, en un alarde de naturalidad, dejó un rastro digital definitivo en las redes sociales. En un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, presumía del rediseño de los espacios e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria en el plano familiar

Y es que el goteo de propiedades no se detiene aquí; el mapa del patrimonio familiar esconde todavía más sorpresas, como dos viviendas adicionales en la cotizada Playa de As Sinas, en pleno término municipal de Vilanova.

Del parqué inmobiliario al automovilístico, que el ritmo no pare... el rolls del alcalde

Sin embargo, el verdadero despliegue de opulencia que tiene a los vecinos estupefactos no solo se mide en metros cuadrados, sino sobre el asfalto. Al imperio del ladrillo hay que sumarle un espectacular y desmedido parque automovilístico que cuenta con más de una docena de vehículos a disposición del clan.

Entre el garaje familiar destaca una auténtica colección de joyas sobre ruedas cuyo valor de mercado resulta difícil de justificar con una nómina pública. En la cúspide de la muestra brilla un espectacular Mercedes descapotable de gasolina, propulsado por un atronador motor de 5.000 cm³ y carrozado en exclusiva por AMG, una pieza de coleccionista cuyo precio roza los 200.000 euros. No es el único capricho de la firma de la estrella: al conocido Mercedes Clase A de la familia le ha salido un sustituto a la altura, un imponente todoterreno plateado, también con el sello de alta gama AMG, que supera alegremente los 150.000 euros. La guinda de este ostentoso despliegue la pone un histórico Rolls-Royce, bautizado ya con sorna en las calles de la localidad como "el Rolls del alcalde".

Al contrastar la realidad contable con el patrimonio del entorno de Gonzalo Durán, la investigación periodística abandona el terreno de las meras coincidencias temporales para adentrarse en un abismo aritmético de difícil justificación. Los datos oficiales son tozudos. Por un lado, el regidor de Vilanova de Arousa percibe una asignación pública con dedicación exclusiva que asciende a 59.241,57 euros brutos anuales. Por otro, su pareja sentimental, Covadonga, ejerce como docente de enseñanza secundaria, una profesión cuyo salario medio en la comunidad gallega apenas alcanza los 1.800 o 2.000 euros netos mensuales.

Bajo criterios de prudencia financiera y capacidad de ahorro convencional, los ingresos legítimos y transparentes de esta unidad familiar sostendrían una vida acomodada, pero estrictamente de clase media. Sin embargo, la acumulación relámpago de activos inmobiliarios y societarios analizados en esta investigación —que abarca la constitución de empresas exprés, la compra del edificio céntrico de Vilanova por 200.000 euros, el piso vacacional en Vilagarcía, la franquicia comercial de Rianxo valorada en 400.000 euros y las residencias en la Playa de As Sinas—, sumada a un parque automovilístico de absoluto lujo que incluye piezas AMG de más de 150.000 y 200.000 euros y un Rolls-Royce, eleva el valor del imperio familiar por encima del millón de euros.

Es aquí donde el análisis profesional exige formular la pregunta clave: ¿De dónde sale verdaderamente el dinero?

Desde una perspectiva técnica y fiscal, un crecimiento patrimonial de esta envergadura, ejecutado además en plazos tan breves y coincidentes con el presunto vaciado de las cuentas de la matriarca enferma, resulta incompatible con las rentas del trabajo acreditadas por sus protagonistas. Para que una maestra de instituto y un alcalde con un sueldo tasado de 4.200 euros al mes puedan financiar de forma simultánea adquisiciones relámpago en efectivo o asumir el apalancamiento de créditos de semejante calibre, es matemáticamente obligatoria la inyección de flujos externos de liquidez.

La paradoja resulta flagrante e institucionalmente insostenible. No es ya que el regidor intente justificar ante los tribunales una absoluta asfixia económica o una supuesta falta de liquidez para hacer frente a las obligaciones fiscales y comunitarias de las viviendas legítimas de su herencia familiar; es que, sencillamente, ha optado por la insumisión judicial absoluta. El alcalde ignora de manera sistemática los llamamientos oficiales de la jueza, esquiva con desparpajo las notificaciones de embargo y actúa como si las leyes y los requerimientos de la magistrada no fuesen con él. —dejando a su propio hermano un descubierto que ya supera los 200.000 euros en concepto de IBI, basuras y comunidades—, su círculo ultra íntimo exhibe una solvencia financiera desbordante en los registros notariales y en el asfalto.

La opinión pública y la justicia no se encuentran ante una simple disputa civil por el reparto de un legado. Nos encontramos ante la obligación de fiscalizar si los mecanismos del poder municipal y el control de los contratos públicos han podido ser utilizados como una pasarela de opacidad financiera. Cuando las matemáticas no cuadran y el sueldo de dos servidores públicos es incapaz de sostener el peso de un imperio de un millón de euros, la transparencia deja de ser una opción política y se convierte en una exigencia penal. Corresponde ahora a las autoridades competentes y a la Agencia Tributaria levantar el velo societario para aclarar si este capital procede del presunto expolio a una anciana desvalida o si, por el contrario, nos encontramos ante indicios aún más graves de enriquecimiento ilícito a la sombra de la institución.

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