El Gobierno pone pie en pared con el escándalo de Ribera Salud y recrudece la batalla sanitaria contra Ayuso y el PP

El último escándalo de la Sanidad madrileña ha venido de la mano del Grupo Ribera Salud, y con él, el último asunto con el que el Gobierno ha puesto pie en pared para presionar al Partido Popular y a Isabel Díaz Ayuso. Pablo Gallart, consejero delegado de esta empresa privada que se encarga de gestionar el hospital de Torrejón, fue el protagonista de unos audios en los que proponía inflar las listas de espera para maximizar el beneficio económico a costa de los pacientes. Desde Moncloa han estado al quite y tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Mónica García, han cargado contra la presidenta madrileña por lo ocurrido en el centro y han anunciado sendas medidas en respuesta, como la puesta en marcha de una investigación del caso o la intención de sacar adelante una ley para prohibir el modelo de colaboración público-privada en la Sanidad.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha anunciado la puesta en marcha de una investigación, que se une a la que ya pidió la propia Isabel Díaz Ayuso para esclarecer lo ocurrido en el hospital público. En consonancia, García le ha remitido una carta a la dirigente madrileña para exigir precisamente esa "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" de lo sucedido y proceder, si los resultados así lo exigieran, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". El grupo Ribera, que gestiona hasta ocho hospitales y más de 60 centros de salud actualmente, se justifica y asegura que mantiene su "compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible".

"El negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública", señalaba Pedro Sánchez esta semana desde un acto en Extremadura por las próximas elecciones. "Da igual que sean los cribados en Andalucía, o los recortes de Guardiola en Extremadura, o la privatización de Ayuso en Madrid, siempre es el mismo modelo. Que es lo que hacen primero, recortar, y como recortan, aumentan las listas de espera. Luego dicen tenemos listas de espera y no tenemos recursos, hay que contratar a la privada. Con convenios o la gestión directa de empresas privadas de hospitales antes públicos", cargaba el socialista.

"El aumento de las listas de espera y la privatización son consecuencia de los recortes, así como el negocio de tres a costa de la sanidad de todos. El modelo del PP es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. Que le pregunten al novio de Ayuso”, señalaba el jefe del Ejecutivo, referenciando con estas declaraciones al caso por el cual Alberto González Amador se enfrenta a una pena de prisión por fraude fiscal.

El voto es la herramienta que enarbolaba Sánchez para enfrentarse a este modelo privatizador de la sanidad pública que protagoniza el PP en las comunidades donde gobierna. "Si hay un argumento el 21 de diciembre es ese: gobiernan contra la gente de a pie para beneficiar a cuatro de arriba", reivindicaba.

García y la derogación de la ley de 1997

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha pasado a la acción y se ha movilizado tras este escándalo. La política progresista lleva años denunciando este tipo de modelos concesionarios en los que empresas privadas se hacen cargo de centros de titularidad pública y anteponen su beneficio económico al bienestar del paciente. El de Ribera Salud ha sido el ejemplo más reciente y uno de los más claros al respecto, a pesar de que tanto el responsable empresarial como la presidenta madrileña justifican que el contenido de los audios filtrados está manipulado y que no se muestran las conversaciones completas, tal y como se expresó la dirigente madrileña en el patio del Congreso de los Diputados en el acto por el Día de la Constitución.

"El audio de Gallart es la manifestación obscena de lo que llevamos denunciando desde hace muchos años. Es un complejo sistema por el cual los pacientes de la sanidad pública acaban en hospitales privados pagados aparte por una serie de elementos como la libre elección, la lista de espera y cómo no, la connivencia de la Consejería de Sanidad. Para darse cuenta un poco de la magnitud de esto, solo hay que ir a las memorias del Servicio Madrileño de Salud, y se ven esos flujos de pacientes", indica García en una reciente entrevista con El País, que lamenta que detrás de cada paciente "va un flujo de dinero". "Esto es una maquinaria que lleva utilizándose en Madrid desde hace mucho tiempo", lamenta.

"No me vale con las palabras, que esto es una pelea de empresarios. No, mire, señora, no somos tontos. Estamos trabajando en esa Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud para poner coto a este tipo de prácticas, porque sabemos que ocurren", denuncia también la jefa del ramo, que asegura estar en proceso para derogar la ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la normativa legal que abrió la puerta a que los grupos privados pudieran gestionar centros sanitarios públicos.

"El objetivo es derogarla y establecer una nueva que le ponga coto al ánimo de lucro y que establezca unas normas claras de esa colaboración público-privada, sobre todo para blindar y proteger nuestra sanidad pública frente a los fondos de inversión y frente a esta depredación constante que tenemos de nuestra sanidad. No prohibir que haya una colaboración público-privada, pero limitar que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro", reivindica sobre una propuesta cuyo margen de ejecución ha fechado en lo que queda de legislatura.