El Gobierno abre todas las posibilidades ante la cuenta contrarreloj del pleno del Congreso de este miércoles para tener luz verde en la aprobación de los decretos anticrisis. Así las cosas, el PSOE estudiará ahora las condiciones solicitadas tanto por Junts como por el Partido Popular para añadir sus propuestas y cambios en los tres decretos, pudiendo tramitarlos parlamentariamente como proyectos de ley.
Por el momento, la formación independentista de Carles Puigdemont continúa instalada en el “no” en la próxima votación, ya que exigen retirar los textos presentados instando a los socialistas a impulsar los “acordados y negociados” previamente. En concreto, Junts se refiere al decreto que afecta a las competencias de Justicia, aspectos que consideran que “ponen en peligro” la aplicación de la ley de amnistía debido a los cambios previstos en el artícilo 43.bis en el decreto ómnibus.
Con respecto a la dirección de Alberto Núñez Feijóo, los populares contemplan ahora su posible abstención para que las medidas anticrisis puedan salir adelante. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para tratar este giro parcial en las negociaciones, según ha adelantado El País.
Una iniciativa que se mantendría en pie siempre y cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpora tres enmiendas: la rebaja del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros, incluir la cane, pescado y conservas en la rebaja del IVA en la cesta de la compra y, por último, que se mantenga la rebaja del IVA al gas y electricidad en el mismo nivel que en 2023.
En palabras del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la sede central de los socialistas en Ferraz, la formación “descarta retirar” los decretos, por los que se llevarán directamente “a votación”. Un anuncio acompañado de una advertencia a aquellas formaciones que han adelantado su “no” o que, atendiendo a las circunstancias, plantean cambiar de postura: “Quienes no quieran apoyarlos tendrán que explicarlo”, ha señalado Cerdán.
Las condiciones de Podemos
En otro orden de ideas, la aprobación de los tres decretos está en entredicho por la decisión que tomará la formación morada de Ione Belarra. Pese a que su peso ya no es tan fuerte parlamentariamente hablando debido a su ruptura con Sumar, Podemos también ha mostrado este lunes su negativa a apoyar las medidas anticrisis debido a que en ellas no se incluye sus dos principales peticiones: por un lado, la reducción de cotización de pensiones a mayores de 52 años y, en el segundo, limitar el margen de beneficios de grande supermercados al 2% para abaratar los precios de la alimentación.
En rueda de prensa, la portavoz de los morados, Isa Serra, ha advertido que "no están para recortes de derechos" a la población más vulnerable. Para el decreto anticrisis, Podemos ha expresado que quiere votar a favor de prorrogar el "escudo social", pero que el contexto actual requiere una serie de mejoras en dos punto concretos, como es "mantener en el 2% el incremento máximo anual de los alquileres como en 2023 para todos los contratos (nuevos y vigentes) y un límite del 2% para el margen ganancial de las grandes superficies en los precios de la alimentación. "Si aceptamos recortes ahora vendrán más", ha reafirmado Serra sobre la reforma del subsidio de paro.
El sí de ERC
Pese a que las negociaciones se mantendrán en pie con Junts, PP y Podemos hasta el último minuto, el PSOE encuentra oxigeno en los votos a favor que ha confirmado este lunes, por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas" y que tienen un impacto directo en su vida, ha apuntado en una rueda de prensa en la sede del partido.
¿Cuáles son los tres decretos anticrisis del Gobierno?
En este punto, cabe recordar cuáles son los tres distintos paquetes de medidas clave que plantea impulsar en el Congreso el Ejecutivo de Sánchez en el pleno del miércoles. El primero de ellos, se refiere a las medidas para paliar los efectos indeseados que la inflación ha dejado a nivel económico y social; en segundo lugar, el nacido del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, la reforma del subsidio de desempleo, que vio la luz después de largas y tediosas negociaciones con la que fuera entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. Por último, y en tercera posición, el decreto ómnibus, en el cual se recogen contadas imposiciones de Bruselas para afianzar el cuarto reembolso que recibirá España de los fondos europeos, cifrados en esta ocasión con 10.000 millones de euros.
Entrando más en detalle, preocupa sobremanera el decreto anticrisis. La lista de ayudas y decisiones de carácter social que están contempladas en este decreto va desde la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% hasta la gratuidad de los servicios de Cercanías de Renfe para usuarios frecuentes o la bonificación de billetes urbanos e interurbanos para la totalidad de la ciudadanía. También se incluyen en este decreto la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables, la rebaja del IVA a los alimentos básicos o la bajada de impuestos de la electricidad y el gas.
Los otros dos reales decretos-ley tampoco son menos importantes: uno de ellos contempla la reforma del subsidio de desempleo que permitirá a los perceptores ingresar hasta 90 euros más al mes que lo que se cobra hasta el momento.
El siguiente, siendo el que más críticas ha recibido y el motivo de negativa de Junts, es un decreto ómnibus apalabrado con la Unión Europea del que depende un desembolso de 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. El temor de los neoconvergentes radica en una posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que, según los asesores jurídicos del partido, podría dejar en suspenso cualquier causa judicial en el momento en el que algún magistrado recurriese al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría poner en riesgo el trámite parlamentario de la ley de amnistía.