Este martes se ha celebrado un consejo de ministros vital para los intereses económicos y sociales de nuestro país frente a la crisis generada por el brote del Covid-19. Como han venido explicando fuentes gubernamentales, el objetivo es elaborar un plan de contingencia para frenar los daños que se deriven de la pandemia.

La decretación del estado de alarma ha obligado al Ejecutivo a anunciar una serie de medidas económicas firmes y severas para afrontar los daños derivados que se puedan suceder del confinamiento y la pérdida de beneficios que genere esta medida excepcional. ElPlural.com ha podido tener acceso al Real Decreto aprobado este martes, y, tal y como se venía advirtiendo desde el Gobierno, salvar la situación de las empresas (con especial atención a pymes y autónomos) a la par que se solventaban los problemas de las personas que han visto cómo se quedaban sin trabajo y sin ingresos, ha sido el objetivo primordial.

El paquete de medidas es amplio. Desde el pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al conjunto de ministros, han debatido los pormenores del plan a seguir. Una serie de decisiones que se sumarán al plan de choque económico que el Gobierno ya implantó la semana pasada.

Entre las decisiones que han trascendido, figuran algunas de gran importancia, como la moratoria para el pago de hipotecas de aquellos que hayan sufrido los daños de las disposiciones adoptadas para paliar la situación provocada por el coronavirus: “Nadie se quedará en la calle por las medidas adoptadas por el Gobierno”, ha explicado Pedro Sánchez. Los colectivos vulnerables también son los protagonistas de otra de las medidas que implementará el Gobierno: se prohíbe el corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a aquellos que no puedan ir al corriente de pagos debido a la situación que atraviesa la nación.

“Son momentos excepcionales que requieren medidas excepcionales para proteger nuestra salud y, al mismo tiempo, actuar con determinación para paliar los desperfectos económicos y sociales que genera esta crisis”, ha anunciado el presidente. La pandemia sigue avanzando, y, a fin de contener la curva de contagios, principal objetivo de la administración central, se recogen medidas para facilitar el teletrabajo a las empresas (deberá rellenarse un formulario para analizar las condiciones de cada persona para realizar sus funciones), así como flexibilizar el horario laboral en aquellas personas que cuiden de terceros a causa del confinamiento o del brote del coronavirus (“Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo”).

Son muchas las grandes empresas que han realizado fuertes ERTEs (Expediente de regulación de empleo temporal) debido a la incapacidad de operar en las condiciones fijadas por el estado de alarma. Por ello, el Gobierno se ha comprometido a facilitar que se adopten estas medidas, facilitando el proceso burocrático para agilizar los procesos.

Esta situación, sin embargo, ya ha provocado un gran número de parados temporales. Para que esto no repercuta en el bienestar social, El Ejecutivo ha adoptado la determinación de ofrecer una retribución por desempleo a todos aquellos que hayan perdido su trabajo sin necesidad de haber cotizado el plazo mínimo para su obtención en términos normales. Además, el tiempo que se cobre este paro no contará para futuras retribuciones.

“Frenar la caída de la producción y del empleo es el principal objetivo”, ha anunciado Pedro Sánchez, que ha adelantado que se trata de “la mayor operación económica de la historia de España”. “Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% de nuestro PIB. La mayor movilización de recursos económicos de nuestra historia. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido y que responde a la magnitud del desafío”, ha esgrimido el líder del Ejecutivo.

Además, y a fin de apoyar y proteger a las empresas españolas, Pedro Sänchez se ha comprometido a frenar que empresas extranjeras puedan absorverlas. Además, el Gobierno garantizará la liquidez necesaria con "la creación de una línea de avales por un valor de hasta 100.000 millones de euros". 

Pero la inversión no va únicamente destinada al ámbito económico. Contener la curva es el objetivo final, y el apoyo a la ciencia también ha quedado patente en el real decreto aprobado en el consejo de ministros, concediendo 30 millones de euros al CSIC e ISCII para encontrar la vacuna.